El Gobierno aprueba un plan de 20 millones en indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

 

 

Del total del fondo aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de seguros.

 

 

 

 

Hubo un silencio incómodo cuando el ministro Óscar Puente tomó la palabra tras el Consejo de Ministros.

No fue un silencio protocolario, ni el habitual de las ruedas de prensa medidas al milímetro.

Fue otro tipo de pausa, una de esas que pesan porque detrás hay nombres, familias rotas y preguntas que todavía no tienen respuesta.

En ese instante, mientras las cámaras enfocaban y los periodistas aguardaban, se condensaba una idea que lleva días flotando en el ambiente político y social: esta vez, el Estado no quiere llegar tarde.

 

España aún digiere el impacto de dos tragedias ferroviarias casi consecutivas. Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona.

Dos puntos del mapa unidos por una misma herida. Cuarenta y seis personas perdieron la vida. Ciento sesenta y cuatro resultaron heridas.

Números fríos que no alcanzan a explicar el alcance real del dolor, pero que marcan el punto de partida de una respuesta política que el Gobierno quiere presentar como distinta a otras del pasado.

 

Este martes, el Ejecutivo aprobó un mecanismo extraordinario de indemnizaciones dotado con 20 millones de euros para las víctimas y sus familias.

Una cifra que, más allá de su volumen, busca enviar un mensaje claro: no habrá esperas interminables, no habrá años de incertidumbre, no se repetirá el abandono institucional que aún resuena en la memoria colectiva tras otros accidentes ferroviarios.

 

Óscar Puente fue directo. Detalló que 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y otros 10 millones a anticipos de seguros.

En el caso de las víctimas mortales, las familias recibirán 72.000 euros como ayuda directa y otros 72.000 euros como anticipo, cantidades exentas de tributación.

No habló solo de cifras, habló de tiempos. El objetivo es que, una vez completados los trámites, una familia pueda recibir hasta 210.000 euros en un plazo que no supere los tres meses.

 

La comparación con Angrois no fue casual. Tampoco fue una mención técnica. Puente la utilizó como advertencia y como promesa.

“No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó entonces”, dijo. “No vamos a permitir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización”.

La frase resonó con fuerza porque conecta con una herida que nunca terminó de cerrarse. Porque en España aún hay familias que recuerdan más los pasillos judiciales que el acompañamiento institucional.

 

Las ayudas para las personas heridas seguirán el baremo vigente, con indemnizaciones que van desde los 2.400 euros en los casos más leves hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad.

Cantidades que se duplicarán al sumarse el anticipo correspondiente. Y, posteriormente, cuando el seguro obligatorio determine de forma oficial las responsabilidades, llegará una cantidad adicional idéntica.

Un engranaje pensado para que el dinero no se convierta en otra forma de espera.

 

Pero reducir esta decisión a un anuncio económico sería quedarse en la superficie. Lo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es, en realidad, una enmienda política a su propia historia reciente.

Un reconocimiento implícito de que, en anteriores tragedias, el Estado no estuvo a la altura del ritmo que exigía el dolor de las víctimas.

 

Por eso, junto a las indemnizaciones inmediatas, Puente anunció algo más ambicioso: el inicio de modificaciones normativas para crear un mecanismo estructural de intervención pública en accidentes de transporte colectivo.

Un sistema permanente que permitiría al Estado adelantar parte de las indemnizaciones por daños personales sin esperar a que se diriman todas las responsabilidades civiles.

 

La idea es sencilla en su planteamiento, pero profunda en sus implicaciones. Que las víctimas no dependan exclusivamente de largos procesos judiciales para empezar a reconstruir sus vidas.

Que el Estado actúe como garante inmediato, sin renunciar después a depurar responsabilidades. Una respuesta que prioriza a las personas frente a los tiempos de la burocracia.

 

En paralelo, la ministra portavoz, Elma Saiz, añadió otra pieza clave al anuncio: la atención directa.

A partir de este miércoles, se abrirán oficinas de atención integral en la Subdelegación del Gobierno de Huelva y en Barcelona, esta última enfocada especialmente en las víctimas de Rodalies.

Espacios pensados no solo para tramitar ayudas, sino para acompañar, orientar y aliviar la carga administrativa en un momento de máxima vulnerabilidad.

 

Además, se ha activado el servicio “Cerca de Ti”, un dispositivo que permitirá que profesionales de las delegaciones del Gobierno se desplacen a los domicilios de las víctimas que lo soliciten.

Una medida que, aunque pueda parecer menor, tiene un enorme valor simbólico: el Estado va a casa de quien sufre, no espera a que quien sufre venga a llamar a la puerta.

 

Este conjunto de decisiones llega en un contexto político extremadamente tenso. Las tragedias de Adamuz y Gelida han sido utilizadas como munición en un clima de confrontación permanente.

Peticiones de dimisión, acusaciones cruzadas, discursos alarmistas y debates encendidos han ocupado platós y tribunas.

En ese ruido, el Gobierno busca ahora un espacio propio: el de la respuesta concreta y verificable.

 

No es casual que el Ejecutivo haya insistido tanto en los plazos. Tres meses. Esa es la promesa.

Tres meses frente a los años de espera que marcaron otras tragedias. Tres meses como línea roja para no repetir errores que todavía pesan en la conciencia institucional del país.

 

Las asociaciones de víctimas, cautas pero atentas, observan el desarrollo de estas medidas con una mezcla de esperanza y escepticismo.

La experiencia les ha enseñado que los anuncios no siempre se traducen en realidades inmediatas.

Sin embargo, reconocen que, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta parece pensada desde la urgencia humana y no solo desde la lógica administrativa.

 

El impacto de estas decisiones va más allá de Adamuz y Gelida. Marca un precedente. Si el mecanismo estructural anunciado llega a consolidarse, cambiará la forma en la que España afronta las consecuencias de los grandes accidentes de transporte colectivo.

Cambiará el papel del Estado, que pasará de ser un árbitro distante a un actor activo desde el primer momento.

 

También envía un mensaje político claro en un momento de desgaste institucional. Frente al relato del caos, del abandono o de la desprotección, el Gobierno intenta construir una narrativa basada en la acción inmediata y el aprendizaje del pasado. No es solo una cuestión de dinero, sino de confianza.

 

Porque cuando ocurre una tragedia, la pregunta no es solo quién fue responsable, sino quién estuvo ahí después. Quién acompañó. Quién dio la cara. Quién evitó que el dolor se alargara innecesariamente en el tiempo.

 

Aún quedan muchas respuestas por llegar. Las investigaciones técnicas siguen su curso.

Las causas exactas de los accidentes deberán esclarecerse. Las responsabilidades, si las hay, deberán asumirse.

Pero mientras ese proceso avanza, hay familias que necesitan certezas ahora, no dentro de una década.

 

Este fondo extraordinario de 20 millones de euros no cerrará las heridas. Nada puede hacerlo.

Pero puede evitar que se conviertan en cicatrices abiertas por la desidia y la espera.

Puede marcar la diferencia entre sentirse abandonado o acompañado. Entre enfrentarse solo al laberinto administrativo o saber que alguien camina al lado.

 

España observa. Las víctimas esperan. Y el Estado ha hecho una promesa que no admite margen de error.

Porque esta vez, más que nunca, llegar tarde no es una opción.