Un politólogo destapa lo que hay detrás de la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: “Juega a esas coordenadas”.

 

 

Uno de los objetivos, según defiende, es retar a su compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo.

 

 

 

Montaje fotográfico de Julio Iglesias y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Montaje fotográfico de Julio Iglesias y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

 

Las denuncias que han salido a la luz contra Julio Iglesias han marcado un punto de inflexión que va mucho más allá de la trayectoria de uno de los cantantes españoles más conocidos en todo el mundo.

 

No se trata solo de un escándalo mediático ni de una polémica pasajera. Es un episodio que ha reabierto debates incómodos sobre poder, silencio, fama y la manera en que una sociedad decide a quién cree y a quién protege cuando las acusaciones apuntan a figuras intocables.

 

La organización internacional Women’s Link Worldwide ha presentado denuncias por abusos sexuales y otros delitos en nombre de dos extrabajadoras del cantante.

 

Los hechos, según la información publicada tras tres años de investigación periodística, se remontan a una relación laboral marcada por el miedo, la dependencia y el abuso de poder.

 

La Fiscalía ya ha iniciado diligencias para estudiar el caso, mientras el propio Julio Iglesias ha reaccionado con rapidez negando rotundamente las acusaciones y anunciando posibles acciones legales contra quienes, a su juicio, están dañando su honor.

 

 

Pero más allá de los comunicados oficiales y de los desmentidos, hay testimonios que han sacudido a la opinión pública.

 

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató una de las mujeres en una entrevista que ha recorrido medios y redes sociales.

 

No es una frase aislada ni un recurso retórico: es la descripción cruda de una vivencia que, según ella, se prolongó durante años.

 

En ese mismo testimonio, la mujer habla también de violencia física. “Me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza.

 

Era horrible”. Palabras que, por sí solas, bastan para entender por qué este caso ha provocado una reacción tan intensa.

 

Las denuncias han copado portadas y tertulias, desplazando otros temas de actualidad y obligando a posicionarse a periodistas, políticos y personajes públicos.

 

No es la primera vez que ocurre algo así. El caso ha traído inevitablemente a la memoria otros episodios similares, como las acusaciones que salpicaron al tenor Plácido Domingo.

 

Situaciones distintas, pero un patrón común: mujeres que denuncian abusos cometidos por hombres con enorme poder simbólico, económico y mediático, y una sociedad que se divide entre la incredulidad, la defensa cerrada del ídolo y la exigencia de justicia.

 

 

En este contexto, las reacciones de figuras conocidas no han pasado desapercibidas. Ana Obregón salió en defensa del cantante, apelando a su conocimiento personal y a su trayectoria.

 

Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, expresó su sorpresa y su apoyo. Isabel Preysler, expareja de Julio Iglesias, confesó estar en shock.

 

Cada declaración, cada gesto, fue analizado al detalle, como si en ellos se jugara algo más que una opinión individual.

 

Sin embargo, pocas reacciones han generado tanto revuelo como la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

Apenas dos días después de que se hiciera pública la investigación, Ayuso publicó un mensaje en redes sociales que desató una tormenta política y mediática.

 

“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda.

 

La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, escribió.

 

El mensaje fue recibido con estupor por amplios sectores de la sociedad. No solo por el apoyo explícito al cantante cuando la investigación apenas comenzaba, sino por la comparación con la situación de las mujeres en Irán.

 

Para muchos, mezclar ambos contextos no solo era inapropiado, sino una forma de desviar el foco y minimizar denuncias concretas planteadas por mujeres con nombres, historias y testimonios detallados.

 

 

La polémica no tardó en saltar a los platós. En el programa Al Rojo Vivo, el politólogo Lluís Orriols analizó la reacción de Ayuso desde una perspectiva más amplia.

 

Según explicó, sus palabras no pueden entenderse solo como una defensa personal de Julio Iglesias, sino como parte de una “batalla cultural” en clave reaccionaria y antifeminista.

 

Una estrategia política que, en su opinión, combina nacionalismo, rechazo al feminismo contemporáneo y defensa de símbolos considerados intocables.

 

 

Orriols fue más allá al señalar que la reacción de Ayuso también puede leerse como un mensaje interno dentro del Partido Popular.

 

Una forma de marcar perfil propio frente a Alberto Núñez Feijóo, cuyo tono en cuestiones similares suele ser más prudente.

 

“Ayuso juega a esas coordenadas”, afirmó, sugiriendo que la presidenta madrileña busca conectar con un electorado concreto que percibe estas denuncias como ataques ideológicos a referentes culturales y nacionales.

 

 

En ese análisis aparece una idea clave: la construcción del relato. “Lo que se está haciendo aquí son acusaciones infundadas a un símbolo nacional”, resumió Orriols, describiendo la narrativa que se activa en este tipo de defensas.

 

El símbolo —el artista universal, el icono cultural— se sitúa por encima de las denunciantes, que pasan a ser vistas como instrumentos de una supuesta agenda política. Es una receta conocida: mezclar reacción antifeminista con nacionalismo para blindar al personaje acusado.

 

 

Mientras tanto, las mujeres que han denunciado siguen en un segundo plano mediático.

 

Sus rostros no ocupan portadas, sus nombres se protegen por razones legales y de seguridad, y sus voces compiten contra décadas de mitología construida en torno a una figura pública.

 

Esa asimetría es precisamente uno de los elementos que más incomodan a quienes analizan el caso desde una perspectiva de derechos humanos.

 

Women’s Link Worldwide ha insistido en que su intervención no busca un juicio mediático, sino garantías de investigación y protección para las denunciantes.

 

La organización recuerda que denunciar a una figura tan poderosa implica riesgos personales, profesionales y emocionales enormes.

 

Y que el silencio, durante años, no fue una elección libre, sino una consecuencia del miedo y de la desigualdad de poder.

 

El caso también ha reabierto un debate incómodo sobre cómo se reacciona ante las denuncias dependiendo de quién sea el acusado.

 

Cuando se trata de un desconocido, el discurso suele ser más tajante. Cuando el nombre es Julio Iglesias, uno de los artistas españoles más internacionales de la historia, la conversación cambia.

 

Aparecen llamadas a la presunción de inocencia que, siendo legítima, a veces se utilizan para deslegitimar directamente a quienes denuncian.

 

No se trata de condenar sin juicio ni de sustituir a los tribunales. Se trata de entender que escuchar a las víctimas no es incompatible con el Estado de derecho.

 

Que investigar no es desprestigiar. Y que defender a un ídolo cultural no debería implicar minimizar relatos de violencia extrema.

 

La reacción de Ayuso, en ese sentido, ha funcionado como un catalizador. Ha puesto sobre la mesa la forma en que determinados sectores políticos entienden el feminismo, la cultura y el poder.

 

Y ha evidenciado que, en pleno 2026, sigue existiendo una brecha profunda entre quienes consideran estas denuncias una oportunidad para revisar abusos estructurales y quienes las perciben como ataques ideológicos a símbolos nacionales.

 

 

En redes sociales, el debate continúa. Hay quienes aplauden la defensa cerrada del cantante y denuncian lo que consideran una “caza de brujas”.

 

Otros recuerdan que durante décadas muchas mujeres no pudieron hablar y que ahora, por fin, algunas se atreven.

 

Entre ambos extremos, una sociedad que observa, discute y se pregunta qué ha aprendido realmente de movimientos como el MeToo.

 

Lo que está claro es que este caso no se resolverá solo en los juzgados. Se está librando también en el terreno de la opinión pública, de los valores y de la memoria colectiva.

 

La pregunta de fondo no es únicamente si Julio Iglesias es culpable o inocente, algo que deberán determinar las instancias judiciales.

 

La pregunta es qué hacemos como sociedad cuando el foco apunta a los más poderosos.

 

Porque cada reacción, cada tuit y cada declaración política envían un mensaje. A las víctimas, sobre si merece la pena hablar.

 

A los agresores, sobre las consecuencias de sus actos. Y al conjunto de la ciudadanía, sobre qué valores están realmente por encima: la verdad, la justicia o la protección del mito.

 

En ese cruce de caminos se encuentra hoy el caso Julio Iglesias. Y su desenlace, sea cual sea, marcará un antes y un después no solo para un artista, sino para la manera en que España afronta, o esquiva, sus debates más incómodos.