La última revelación judicial ha sacudido por completo el panorama político y social en torno a Mazón, después de que un informe filtrado lo señalara por un presunto delito de “negligencia criminal” en Ventorro, ahora epicentro del escándalo. Declaraciones contradictorias, sospechas crecientes y un silencio cada vez más inquietante se entrelazan en medio de una tormenta mediática sin precedentes, repleta de hipótesis que podrían transformar por completo la imagen de varias figuras implicadas.

REVELACIÓN JUDICIAL HACE TEMBLAR A MAZÓN “NEGLIGENCIA CRIMINAL” LO SABÍA Y SE QUEDO VENTORRO AMANTE

 

 

Noticia e información de última hora: Impacta en la actualidad judicial y política en España, donde Salomé Pradas y Maribel Vilaplana comienzan su venganza contra Mazón. Además, revelaciones judiciales llegan a la jueza, como el vídeo solicitado a RTVE, que delata a Mazón, junto a la lista de llamadas y la exclusiva de Marina Valdés, que confirma que Mazón se quedó borracho en el Ventorro con su amante el día que la DANA arrasó Valencia.

 

 

El escándalo es mayor, Mazón sabía que Utiel se enterraba en agua y decidió quedarse en el Ventorro de Parranda. Asimismo, Francisco Camps amenaza su puesto. Recogemos el testimonio clave del abogado de una asociación mayoritaria de la DANA, Manolo Mata, que relata la situación judicial que enfrenta Carlos Mazón. Además, Raquel Ejerique, junto a Silvia Intxaurrondo, han dado las claves junto a Marina Valdés, Ignacio Escolar y Afra Blanco desde el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

 

 

Fuentes cercanas a la investigación han revelado que el 29 de octubre Carlos Mazón recibió varias llamadas relevantes, entre ellas una de gran importancia procedente de Salomé Pradas. En esa conversación, Pradas le informó de que Utiel se encontraba completamente inundado y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) no podía acceder a la zona.

 

 

Esta llamada situaría a Mazón como conocedor directo de la gravedad de las inundaciones mientras se encontraba en El Ventorro acompañado por Maribel Vilaplana. A las 17:37 horas, Salomé Pradas contactó con Mazón para comunicarle que había vecinos atrapados en los tejados debido al nivel del agua.

 

 

Le explicó que la situación era crítica, que todo el municipio estaba anegado y que los equipos de emergencia no podían entrar.

 

La frase más alarmante fue clara: “La gente está en los tejados, la UME no puede entrar”. Más tarde, a las 18:16 horas, Pradas volvió a llamar a Mazón para transmitirle su creciente preocupación por la evolución de la presa de Forata.

 

 

Le advirtió que la situación se estaba agravando y que existía un riesgo considerable. Pese a la gravedad de los hechos que se le estaban comunicando, la comida en El Ventorro continuó hasta las 18:45 horas, momento en el que Mazón acompañó a Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento.

 

 

La tarde en la que la Dana arrasó Utiel y otras localidades de la Comunidad Valenciana quedará marcada en la memoria colectiva no solo por la fuerza devastadora del agua, sino por el silencio y la inacción del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

 

Los detalles que han ido saliendo a la luz –llamadas ignoradas, sobremesas prolongadas, versiones contradictorias y una investigación judicial en marcha– han convertido un episodio trágico en el epicentro de un terremoto político que amenaza con sacudir los cimientos del Partido Popular en Valencia y, por extensión, en toda España.

 

La exclusiva de La Sexta revelando el contenido de las llamadas recibidas por Mazón durante aquellas horas críticas ha cambiado el relato oficial. A las 17:37, la consellera de emergencias Salomé Pradas le informaba con urgencia: “Hay gente en los tejados, la UME no puede entrar a Utiel, la situación es dramática”. Mazón, lejos de interrumpir su comida, pidió el teléfono del alcalde pero nunca llegó a llamar. Siguió en el restaurante mientras la emergencia escalaba y las vidas de sus conciudadanos pendían de un hilo.

 

 

Esta secuencia de hechos plantea preguntas incómodas: ¿Por qué Mazón no actuó con la prontitud que exigía la situación? ¿Fue simple negligencia, miedo a perder el control político o una estrategia calculada para protegerse judicialmente? Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no convencen a la opinión pública ni a los familiares de las víctimas, quienes exigen respeto por la verdad y justicia ante lo que consideran una gestión irresponsable.

 

 

La investigación judicial avanza entre contradicciones y pruebas documentales. El famoso ticket del parking, que podría desvelar la hora exacta en la que Mazón abandonó el restaurante, se ha convertido en una pieza clave para desmontar las versiones oficiales.

 

 

La jueza ha solicitado el registro a la empresa y, si es necesario, a la entidad bancaria, para cotejar los horarios.

 

 

La reconstrucción de los hechos, lejos de aclararse, se enreda entre testimonios, documentos y vídeos editados –algunos entregados sin audio por la televisión autonómica, otros filtrados con contenido revelador a RTVE.

 

 

La opacidad informativa y la manipulación de pruebas audiovisuales han añadido una capa de desconfianza institucional al caso.

 

 

¿Por qué se entregaron vídeos mudos a la jueza? ¿Quién decidió eliminar el audio y qué se intentaba ocultar? La filtración posterior ha permitido escuchar las advertencias de los técnicos de emergencias, que ya a la una de la tarde alertaban del riesgo de inundación en la Albufera, Buñol y Cheste. El relato de que “nadie sabía nada” queda así desmentido, y la responsabilidad política se hace más evidente.

 

 

 

En este contexto, la dimisión de Mazón aparece como una maniobra calculada. No abandona del todo; mantiene el acta de diputado para conservar el aforamiento y evitar una posible imputación directa.

 

Dimite “en diferido”, como se ha dicho, para controlar su sucesión y seguir influyendo en el proceso interno del PP.

 

El miedo a la justicia y la protección del partido parecen pesar más que la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

 

La situación del Partido Popular en Valencia es, a día de hoy, extremadamente delicada.

 

 

El desgaste por la gestión de la Dana y las acusaciones de negligencia –incluso criminal, según algunos juristas– han dejado al partido al borde de un sorpaso electoral que podría cambiar el mapa político autonómico.

 

Feijóo, líder nacional del PP, ha optado por distanciarse públicamente de Mazón, evitando pedir su dimisión y limitándose a exigir que no sea candidato en las próximas elecciones. Una señal clara de que el partido teme el impacto de la crisis y busca minimizar daños.

 

 

En paralelo, la negociación con Vox para elegir al sustituto de Mazón añade otra dimensión al conflicto.

 

Pactar con el partido de Abascal en Valencia mientras se combate su influencia en otras comunidades como Andalucía evidencia las contradicciones internas del PP y su dificultad para encontrar una estrategia coherente frente a la extrema derecha.

 

 

El formato de la comisión de investigación, cómodo para el compareciente y sin posibilidad de repregunta, augura pocas respuestas y muchas evasivas, mientras la oposición –Compromís y PSPV– insiste en esclarecer los hechos y exigir responsabilidades.

 

 

La reconstrucción tras la Dana, lejos de avanzar, se ha convertido en otro motivo de indignación.

 

 

El 90% de las ayudas destinadas a colegios no se han invertido, y los niveles de ejecución de los fondos públicos son ridículamente bajos.

 

 

La ciudadanía observa cómo la tragedia se gestiona con lentitud y falta de transparencia, mientras los responsables políticos se refugian en discursos vagos y promesas incumplidas.

 

 

Todo esto ha generado un clima de profunda desconfianza. La imagen de Mazón, calificado como “mentiroso” y “sinvergüenza” por sus críticos, es solo la punta del iceberg de una crisis institucional que pone en cuestión el funcionamiento de la democracia valenciana.

 

 

¿Puede un sistema político sobrevivir a este nivel de opacidad y falta de rendición de cuentas? ¿Es posible regenerar la política sin una catarsis profunda que implique cambios reales en la cultura de gestión y en la relación entre gobernantes y gobernados?

 

 

El caso Mazón es un espejo en el que se reflejan los grandes males de la política española: la falta de transparencia, la protección de los intereses partidistas, el miedo a la justicia y la incapacidad para gestionar con eficacia los recursos públicos.

 

 

La exigencia de los ciudadanos no es solo saber qué ocurrió esa tarde fatídica, sino garantizar que nunca más se repita una gestión tan irresponsable en situaciones de emergencia.

 

 

La respuesta del PP en los próximos días será decisiva. Si opta por proteger a Mazón y cerrar filas, el desgaste puede ser irreversible.

 

 

Si apuesta por la transparencia y la renovación, tendrá una oportunidad para recuperar la confianza y demostrar que la política puede estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses personales o partidistas.

 

 

La historia de la Dana y la gestión de Mazón seguirá dando que hablar. Las comisiones de investigación, los documentos judiciales y las pruebas audiovisuales irán completando el puzzle de una tarde que cambió para siempre la percepción de la política valenciana.

 

 

Lo que está en juego no es solo el futuro de un dirigente, sino la credibilidad de todo un sistema y la dignidad de quienes sufrieron las consecuencias de la negligencia.

 

 

En definitiva, el caso Mazón es una llamada de atención sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad política en tiempos de crisis.

 

 

La ciudadanía, más que nunca, exige respuestas claras y medidas contundentes. La reconstrucción tras la Dana debe ser no solo material, sino también ética y democrática.

 

 

Porque solo así será posible restaurar la confianza y asegurar que el poder político esté verdaderamente al servicio de quienes más lo necesitan.

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