Lo que más duele de la réplica de Jabois al apoyo de Ayuso a Julio Iglesias es la pregunta incómoda que deja.
“Efectivamente, tiene que ser un tuit de Isabel Díaz Ayuso”.

El mensaje cayó como una bomba en mitad del ruido informativo. No era una filtración judicial ni una novedad sobre la investigación, sino un tuit.
Un solo tuit bastó para incendiar el debate público, dividir opiniones y reabrir una herida que en España nunca termina de cerrar: qué hacemos cuando el presunto agresor es un mito, un símbolo nacional, un nombre que ha acompañado durante décadas la banda sonora de varias generaciones. Julio Iglesias, el cantante español más universal, pasaba en cuestión de horas del pedestal de la admiración al centro de una de las polémicas más incómodas de los últimos años.
La investigación periodística de elDiario.es y Univisión, fruto de tres años de trabajo, había sacado a la luz los testimonios de dos extrabajadoras domésticas que aseguraban haber sufrido presuntas agresiones sexuales mientras trabajaban en las residencias del artista en el Caribe en 2021.
Relatos duros, detallados, coincidentes en patrones de abuso de poder, presión psicológica y violencia.
Relatos que no condenan, pero que obligan a mirar de frente. Y cuando todavía se estaba digiriendo la noticia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió intervenir.
“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”.
La frase, publicada en X, antes Twitter, no solo defendía implícitamente a Julio Iglesias, sino que desplazaba el foco hacia un terreno ideológico, comparativo y profundamente polémico.
Ayuso cerraba filas con el cantante apelando a su condición de “artista más universal de todos” y dejando claro que la Comunidad de Madrid “jamás contribuirá al desprestigio” de una figura como la suya.
El mensaje no incluía matices, ni referencia alguna a la presunción de inocencia entendida como prudencia institucional, ni una sola palabra hacia las mujeres que habían denunciado.
Desde ese momento, el debate dejó de ser únicamente judicial o mediático para convertirse en un campo de batalla político, cultural y moral.
¿Se puede separar la obra del autor cuando se habla de agresiones sexuales? ¿La grandeza artística blinda frente a la sospecha? ¿Qué responsabilidad tiene un cargo público cuando opina sobre una investigación en curso? Las reacciones no tardaron en llegar, y algunas de las más contundentes lo hicieron desde el periodismo.
Carles Francino, en La Ventana de la Cadena SER, puso palabras a una sensación compartida por muchos oyentes: la de estar asistiendo a una estrategia deliberada de confrontación.
Para el periodista, el caso de Julio Iglesias es “un asunto muy serio”, sustentado por una investigación larga y rigurosa, no por rumores ni especulaciones.
En ese contexto, introducir a Irán, a la ultraizquierda y a una lógica de trincheras políticas no es casual.
Es, en su opinión, una forma de hacer política basada en el ruido constante, en decir “barbaridades cada dos minutos” para monopolizar la conversación pública.
Francino subrayó algo esencial: si se demuestra que el cantante es culpable, habrá que replantear muchas cosas.
Pero antes de eso, lo mínimo exigible es prudencia. Prudencia que, a su juicio, brilló por su ausencia en el mensaje de la presidenta madrileña.
“¿Qué pintan aquí las mujeres de Irán?”, se preguntaba, señalando que el recurso a comparaciones extremas no aporta contexto ni justicia, solo polarización.
Una polarización que, según él, algunos actores políticos no solo aprovechan, sino que necesitan para sobrevivir.
El tono se endureció aún más con la intervención de Manuel Jabois en Hora 25. El periodista confesó que, al ver el pantallazo del tuit de Ayuso, pensó que se trataba de una cuenta falsa.
Tuvo que comprobar varias veces que realmente lo había escrito ella. No por sorpresa, sino por la magnitud de lo que consideró una barbaridad.
Para Jabois, equiparar la calidad artística de una persona con la imposibilidad de cometer un delito sexual no solo es un error, sino una idea profundamente peligrosa.
El análisis de Jabois fue más allá del caso concreto. Puso el foco en una lógica que se repite una y otra vez: la de pensar que “los nuestros” están moralmente incapacitados para el mal.
Una idea que, según él, conecta con la raíz más profunda del nacionalismo mal entendido, donde la identidad, el talento o la fama funcionan como eximentes simbólicos.
Su pregunta fue directa y demoledora: ¿quiere decir Ayuso que los artistas que han hecho grande a este país no pueden cometer delitos?
Lejos de pedir condenas anticipadas, Jabois defendió una posición incómoda pero necesaria: la de sostener al mismo tiempo la presunción de inocencia del acusado y el respeto a los testimonios de las presuntas víctimas.
Recordó que una investigación periodística de tres años, con múltiples fuentes y pruebas, no obliga a condenar, pero sí exige cautela.
Cautela a la hora de exculpar, a la hora de opinar, a la hora de usar el poder institucional para inclinar el relato.
Mientras tanto, el caso avanzaba por la vía judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación penal tras la presentación de una denuncia el 5 de enero.
El sumario está bajo secreto, y los detalles son, por ahora, limitados. Se sabe que las mujeres trabajaron durante aproximadamente diez meses en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas.
Se sabe que los relatos hablan de presiones para mantener relaciones sexuales y de abusos físicos y verbales. Y se sabe que la investigación periodística que destapó el caso fue contrastada durante años, no improvisada.
En este contexto, la intervención de Ayuso no quedó aislada. Más Madrid solicitó formalmente la retirada de la Medalla de Oro que la Comunidad concedió al cantante en 2012, durante el mandato de Esperanza Aguirre.
No como condena judicial, sino como gesto político ante unas acusaciones de extrema gravedad.
La respuesta del Gobierno madrileño fue clara: no habrá retirada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sumó a esta línea argumental calificando la petición de “hipocresía” y recordando que tampoco se retiraron honores a Plácido Domingo cuando surgieron acusaciones similares.
Este punto abre otra grieta en el debate público: la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad simbólica.
Nadie pide sentencias sin juicio, pero sí coherencia institucional. ¿Qué mensaje se envía a las víctimas cuando las instituciones se apresuran a proteger el prestigio del acusado? ¿Qué sensación queda cuando el silencio o la defensa cerrada pesan más que la empatía?
El caso de Julio Iglesias no es solo el de un artista investigado por presuntas agresiones sexuales.
Es un espejo incómodo en el que se refleja una sociedad entera. Una sociedad que sigue debatiéndose entre admirar y cuestionar, entre creer y dudar, entre proteger mitos o escuchar a quienes no tienen poder.
El ruido político, lejos de ayudar, tiende a simplificar un problema complejo y profundamente humano.
Porque, al final, más allá de los nombres propios y de los cargos institucionales, hay preguntas que interpelan a todos.
¿Somos capaces de sostener la incertidumbre sin convertirla en arma arrojadiza? ¿Podemos exigir rigor sin caer en el linchamiento ni en el encubrimiento? ¿Estamos dispuestos a escuchar relatos incómodos aunque desarmen nuestras certezas?
El periodismo, cuando cumple su función, no condena ni absuelve: ilumina. Y en este caso ha iluminado un espacio que muchos preferirían mantener en penumbra.
La política, cuando actúa con responsabilidad, debería acompañar ese proceso con prudencia y respeto.
No con consignas, ni con comparaciones extremas, ni con mensajes diseñados para agitar a los propios.
El silencio, dicen, ya no parece una opción. Pero el ruido tampoco debería serlo. Entre uno y otro existe un espacio difícil, incómodo, pero imprescindible: el de la reflexión, la escucha y la responsabilidad.
Ahí es donde se decide si una sociedad madura es capaz de enfrentarse a sus sombras sin romperse por dentro.