AYUSO EN SHOCK “DESTAPAN AL CAPO DE LA MAFIA QUIRÓN QUE CONTROLA EN LA SOMBRA AL GOBIERNO DE MADRID”.
Hay historias que no empiezan con una fecha ni con un nombre, sino con una sensación incómoda. Esa que aparece cuando uno escucha cifras gigantescas asociadas a algo tan frágil y esencial como la salud. Más de mil millones de euros.
Hospitales públicos gestionados por empresas privadas. Correos corporativos con nombres que no coinciden. Palacetes renacentistas, fincas históricas, sociedades cruzadas y, en medio de todo, millones de ciudadanos que dependen cada día de un sistema sanitario que sienten cada vez menos suyo.
La pregunta surge sola, casi sin querer: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Para entenderlo hay que retroceder varias décadas, a finales de los años noventa, cuando la sanidad pública española empezó a mostrar una de sus grietas más visibles: las listas de espera. Eran largas, desesperantes, políticamente incómodas.
Y donde hay un problema estructural, siempre aparece alguien capaz de verlo como una oportunidad de negocio. Según han explicado numerosos medios de comunicación a lo largo de los años, ahí es donde entra en escena Víctor Madera.
Madera no era un político, pero tampoco un empresario cualquiera. Médico de formación, supo leer el momento con una claridad quirúrgica.
Las administraciones públicas, tanto gobernadas por el Partido Popular como por el Partido Socialista, necesitaban aliviar la presión asistencial sin reformar a fondo el sistema.
La solución parecía sencilla: externalizar servicios. Diagnósticos, pruebas, chequeos, análisis. Poco a poco, lo que comenzó como un apoyo puntual se fue convirtiendo en una relación estable y altamente rentable.
Así nació y creció el grupo Quirón, que con el paso de los años se consolidó como el gigante de la sanidad privada en España.
No solo haciendo pruebas, sino gestionando hospitales públicos enteros. En la Comunidad de Madrid, nombres como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena o el Hospital de Villalba pasaron a estar bajo su gestión.
Centros públicos, financiados con dinero público, pero administrados por una empresa privada que factura cada año cantidades que, según se ha publicado, rondan los mil millones de euros solo en Madrid.
Una cifra que impresiona cuando se compara con el presupuesto total de la ciudad. Y que invita a hacerse otra pregunta incómoda: ¿quién controla realmente ese dinero?
La relación entre Quirón y los distintos gobiernos autonómicos del Partido Popular ha sido analizada y cuestionada en numerosas ocasiones.
Especialmente durante los años de Esperanza Aguirre y, más recientemente, bajo los mandatos de Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso.
No se trata solo de contratos, sino de una cercanía política y personal que muchos observadores consideran, como mínimo, problemática.
De hecho, algunos analistas han llegado a definir a Víctor Madera como una especie de “ministro de Sanidad en la sombra” durante la etapa de Mariano Rajoy.
No porque ocupara un cargo oficial, sino porque su modelo de gestión marcó el camino de una política sanitaria basada en la privatización progresiva de servicios esenciales.
Mientras tanto, la fortuna personal de Madera crecía a un ritmo vertiginoso. En menos de veinte años, su patrimonio superó, según estimaciones publicadas por distintos medios, los mil millones de euros.
¿En qué se traduce eso en la práctica? En palacios. Literalmente. Palacetes renacentistas en Asturias, fincas con valor histórico en Menorca, propiedades adquiridas a través de un entramado de sociedades que, legal o no, despierta preguntas legítimas sobre el destino final del dinero que sale de las arcas públicas.
Y entonces, cuando parecía que la historia ya era lo suficientemente inquietante, apareció un nuevo elemento que lo agitó todo aún más.
La vinculación del grupo Quirón con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha añadido una capa adicional de controversia.
Según informaciones periodísticas recientes, González Amador habría operado dentro del grupo utilizando una identidad diferente, figurando en la intranet corporativa como “Alberto Burnet González”.
Un nombre que, según se ha explicado, estaría relacionado con sociedades en Florida y negocios inmobiliarios en lugares como Boca Ratón.
El dato no sería especialmente relevante si no fuera por varios detalles clave. Primero, el momento en el que se produce ese cambio de nombre, cuando ya era público que González Amador y Ayuso eran pareja.
Segundo, su supuesta posición dentro del grupo, apareciendo no como un simple proveedor externo, sino como directivo, concretamente como director de proyectos en una filial de Quirón Prevención.
Desde el grupo Quirón se ha defendido que se trata de un proveedor externo, argumentando que miles de personas ajenas a la plantilla tienen correo corporativo.
Sin embargo, juristas y expertos en relaciones laborales recuerdan que existen sentencias que consideran el uso de correo corporativo como un indicio de relación laboral. Y aquí no hablamos solo de un correo, sino de un cargo directivo.
La pregunta vuelve a imponerse: ¿por qué ocultar la identidad real dentro de una empresa que es, a su vez, la principal beneficiaria de los conciertos sanitarios con la Comunidad de Madrid?
A esto se suma otro dato que ha levantado aún más suspicacias: la evolución de los ingresos percibidos por González Amador desde que es pareja de la presidenta madrileña.
Según se ha publicado, esos ingresos se habrían multiplicado, alcanzando cifras muy elevadas. Todo ello mientras Quirón seguía recibiendo miles de millones de euros de dinero público en los últimos años, muy por encima de lo inicialmente presupuestado.
La relación se vuelve casi circular. Una consejera de Sanidad que trabajó previamente para Quirón. Un modelo de hospitales públicos de gestión privada que genera ingresos adicionales no previstos.
Una pareja presidencial vinculada al mayor grupo sanitario privado. Y una ciudadanía que observa cómo se normaliza esta simbiosis sin explicaciones claras ni responsabilidades políticas.
No es extraño, por tanto, que crezca la desconfianza. Porque cuando la sanidad deja de percibirse como un derecho y empieza a verse como un negocio, algo se rompe en el contrato social.
Más aún cuando salen a la luz casos de fraude fiscal, operaciones inmobiliarias de lujo y un enriquecimiento que contrasta con la precariedad que muchos profesionales sanitarios denuncian a diario en los hospitales públicos.
El debate ya no es solo ideológico. No va únicamente de estar a favor o en contra de la sanidad privada. Va de transparencia. De conflictos de interés.
De saber si las decisiones que afectan a la salud de millones de personas se toman pensando en el bien común o en balances empresariales.
Y va, sobre todo, de una pregunta que nadie parece querer responder del todo: ¿quién se beneficia realmente del modelo sanitario madrileño?
Mientras tanto, la sensación de que “nos están robando Madrid”, como repiten algunos discursos críticos, no se apaga. Al contrario. Se alimenta con cada nueva revelación, con cada silencio institucional, con cada explicación que no termina de convencer.
La historia de Víctor Madera, del grupo Quirón y de su estrecha relación con el poder político no es solo la historia de un empresario exitoso.
Es el espejo de un modelo que ha convertido la gestión de lo público en una fuente de riqueza privada. Y como todo espejo incómodo, devuelve una imagen que muchos preferirían no mirar.
Pero la ciudadanía mira. Pregunta. Sospecha. Y empieza a exigir algo más que titulares tranquilizadores. Exige claridad. Exige responsabilidades. Exige saber por qué su salud, su dinero y su futuro parecen estar siempre en manos de los mismos.
Porque cuando la sanidad se mezcla con el poder y el dinero sin controles visibles, el problema ya no es solo político. Es profundamente democrático.
