AYUSO ENTRA EN PÁNICO “COMIENZAN JUICIOS RESIDENCIAS MADRID” DAN PRUEBA CLAVE NEGLIGENCIA PP MADRID.
Madrid, epicentro de la crisis sanitaria y judicial: la gestión de Ayuso ante el escándalo de Torrejón y el juicio de las residencias.
Madrid, diciembre de 2025. La Comunidad de Madrid afronta una de las semanas más complejas y delicadas de la legislatura, con dos frentes abiertos que ponen en jaque la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y reavivan el debate sobre la privatización de la sanidad y la atención a los mayores durante la pandemia.
El Hospital Universitario de Torrejón y el proceso judicial de las residencias de mayores, donde miles de familias buscan justicia tras los protocolos que negaron hospitalización a ancianos durante el COVID, se han convertido en el epicentro de la indignación ciudadana y la exigencia de responsabilidades.
El caso de Torrejón, destapado por grabaciones y correos internos, ha sacado a la luz un modelo de gestión sanitaria que prioriza el beneficio empresarial frente al servicio público.
Las instrucciones del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, para seleccionar pacientes “rentables” y expulsar a los “no rentables”, así como la reutilización de material médico y la manipulación de listas de espera, han provocado una ola de denuncias y la dimisión inmediata del directivo.
La respuesta de la Comunidad de Madrid, que asegura haber revisado el caso en apenas 24 horas y niega irregularidades, ha sido calificada de “negacionismo sanitario” por sindicatos, profesionales y la oposición.
La polémica se agrava por la reacción oficial, que atribuye el escándalo a una “campaña de la izquierda” y a la manipulación de audios, mientras las pruebas documentales y los testimonios de trabajadores confirman la existencia de instrucciones para maximizar beneficios a costa de la atención médica.
El grupo francés Vivalto Santé, propietario de Ribera Salud desde 2022, buscaba reducir costes de forma rápida en vísperas de una operación bursátil en 2026, extendiendo la estrategia a otros hospitales en Murcia y Vigo.
El modelo, lejos de ser un accidente, responde a una lógica empresarial que trata al paciente como un coste y no como un ciudadano con derechos.
Mientras la sanidad madrileña se enfrenta a esta crisis, el gobierno de Ayuso afronta otro frente judicial de enorme gravedad: el juicio por los llamados “protocolos de la vergüenza” en las residencias de mayores durante la pandemia. Mañana, en Plaza de Castilla, se sentarán en el banquillo cuatro altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, imputados por un delito de desatención sanitaria que habría negado hospitalización a 7.291 residentes que murieron en lo peor de la crisis sanitaria.
Ocho causas judiciales similares están abiertas, y la Audiencia Provincial de Madrid estudia aglutinarlas en una macrocausa, como reclaman familiares y asociaciones.
Los testimonios de las familias son estremecedores. Relatan la impotencia de no poder acceder a sus seres queridos, la falta de información, el trato discriminatorio hacia personas con discapacidad y la ausencia de control y ayuda en las residencias.
“Mi madre estaba fatal y la iban a bajar al sótano, donde dejaban a los enfermos que ya no tenían solución”, cuenta Concha, una de las afectadas.
María Jesús, otra denunciante, recuerda cómo su padre agonizó durante días sin recibir atención hospitalaria, y cómo los médicos, pese a su esfuerzo, se veían atados por las instrucciones de las geriatras y los protocolos impuestos desde la Consejería de Sanidad.
Las familias, agrupadas en comisiones ciudadanas y plataformas de víctimas, exigen una investigación judicial seria y centralizada, que acabe con la dispersión de causas y la impunidad que denuncian desde hace cinco años.
“Queremos una macrocausa, que se centralice en el juzgado número tres de Madrid, que fue el primero en investigar”, reclaman.
La esperanza está puesta en la justicia, pese al “remolino” político y mediático que rodea el caso, y en la posibilidad de que todos los responsables, no solo los tres imputados, sino también los cargos superiores que permitieron la aplicación de los protocolos, sean juzgados.
La gestión de la pandemia en las residencias madrileñas ha sido objeto de controversia desde el inicio.
Los protocolos que negaban hospitalización a mayores y personas con discapacidad, bajo el argumento de que “se iban a morir igual”, han sido calificados de “homicidas” por familiares y expertos.
La falta de transparencia, la discriminación y el maltrato institucional han dejado una herida profunda en la sociedad madrileña, que ahora busca reparación y verdad en los tribunales.
La respuesta política del gobierno Ayuso ha seguido el mismo patrón que en el caso Torrejón: negación de responsabilidades, atribución de la crisis a campañas de la oposición y minimización de las pruebas y testimonios.
La presidenta, lejos de asumir errores, ha recurrido a la estrategia de la distracción, desviando la atención hacia otros asuntos como la situación política en Navarra, la presencia de ETA y las supuestas maniobras de Pedro Sánchez y sus socios.
Para muchos analistas, se trata de una “maniobra orquestal en la oscuridad” destinada a evitar explicaciones sobre los problemas reales que afectan a la sanidad y la atención a los mayores.
El modelo de gestión privada de la sanidad madrileña, basado en concesiones millonarias y transferencias a empresas como Ribera Salud, ha sido cuestionado por su falta de control y por poner el beneficio económico por encima del servicio público.
Los sindicatos y los profesionales sanitarios llevan meses denunciando la situación, sin que la administración haya atendido sus quejas.
La reutilización de material, la selección de pacientes y la manipulación de datos son prácticas que, lejos de ser excepcionales, responden a una lógica empresarial que choca frontalmente con los principios de la sanidad pública.
La crisis actual ha reabierto el debate sobre la colaboración público-privada y la necesidad de reformas profundas en el sistema sanitario. La sociedad madrileña, harta de excusas y de negacionismo, exige explicaciones claras y garantías de que los errores del pasado no se repitan.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿se está priorizando el negocio frente a la salud? Para muchos, la evidencia es incontestable.
“Nadie se mete en un negocio para perder dinero y mucho menos una empresa privada. Cuando gestionan un centro público, lo que les importa es el beneficio privado, no el servicio público”, resume Antón Losada, uno de los analistas más críticos con el modelo.
El futuro de la sanidad y la atención a los mayores en Madrid depende de la capacidad de sus dirigentes para asumir responsabilidades, escuchar a las víctimas y emprender reformas que garanticen la dignidad y la calidad del servicio público.
La justicia tiene ahora la oportunidad de marcar un precedente y de devolver la confianza a una ciudadanía que reclama verdad, reparación y garantías de que nunca más se repetirá una tragedia como la vivida en las residencias durante la pandemia.
La gestión de Ayuso, marcada por la negación y la defensa a ultranza del modelo privado, afronta un momento decisivo.
Las familias, los profesionales y la sociedad madrileña esperan respuestas y soluciones, no excusas ni maniobras de distracción.
La crisis sanitaria y judicial que vive Madrid es un recordatorio de que la salud y la dignidad de los ciudadanos no pueden estar al servicio del beneficio privado ni de intereses políticos.
Es hora de que la justicia y la política estén a la altura de las víctimas y de la sociedad que les reclama cuentas.
