Ernesto Ekaizer pone nombre a la sentencia contra el fiscal general y luego remata con una frase demoledora.
Mira con preocupación al Tribunal Supremo.
La publicación íntegra de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del correo filtrado sobre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha generado una oleada de reacciones en el ámbito jurídico, político y mediático.
Entre las voces más críticas y autorizadas destaca la del periodista argentino Ernesto Ekaizer, ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2000 y habitual colaborador de televisión, quien ha calificado la resolución como una “sentencia Frankenstein”, denunciando su carácter híbrido y la falta de coherencia interna.
La intervención de Ekaizer en el programa vespertino de TVE, ‘Malas Lenguas’, presentado por Jesús Cintora, ha servido para poner nombre y contexto a una sentencia que, según el periodista, refleja el estado de “bancarrota” profesional del Tribunal Supremo.
Ekaizer no ha dudado en señalar que el alto tribunal ha actuado “según su interés”, cambiando las reglas de juego y contradiciendo sus propias sentencias anteriores.
“Quería sugerir que titularas ‘tenemos la sentencia Frankenstein’, es decir, es un híbrido”, expresó Ekaizer, haciendo referencia a la mezcla de argumentos y la falta de una línea jurídica clara.
El fallo del Supremo, emitido hace tres semanas y publicado íntegramente este martes, condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
El tribunal sostiene que existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” de que García Ortiz, o “una persona de su entorno” y con su conocimiento previo, filtró el correo que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía en febrero de 2024, ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel.
Sin embargo, Ekaizer desmonta la solidez de ese cuadro probatorio, señalando que el Supremo ha cambiado de criterio respecto a la nota de prensa publicada por la Fiscalía.
“Como no ha podido encontrar pruebas de cargo contra García Ortiz por la filtración, dice: ‘no, no, no, oye, la nota es delictiva’”, explica el periodista, subrayando la falta de pruebas directas y la utilización de la nota de prensa como elemento clave para justificar la condena.
Uno de los elementos fundamentales que destaca Ekaizer es la autodivulgación del hecho confidencial, que atribuye a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y a González Amador.
Según el periodista, son ellos quienes primero filtran un correo del fiscal Julián Salto para “montar una patraña” que implica al fiscal general en la supuesta orden de no firmar el pacto con González Amador.
Esta maniobra mediática, según Ekaizer, distorsiona el proceso y desvía la atención de la verdadera cadena de custodia de la información confidencial.
La crítica de Ekaizer se suma a la de otros analistas y juristas que han señalado la debilidad de la prueba indiciaria y la falta de rigor en la investigación.
La sentencia del Supremo se apoya en construcciones verbales como “tuvo que” y atribuye la filtración al entorno de García Ortiz, sin identificar de manera precisa al autor material del delito.
Esta ambigüedad ha sido interpretada como un síntoma de la crisis institucional que atraviesa la justicia española, especialmente en casos de alta relevancia política y mediática.
Ekaizer va más allá y sostiene que el Tribunal Supremo está en “bancarrota profesional”, actuando según sus propios intereses y contradiciendo sus sentencias anteriores.
“Ha cambiado las reglas de juego, sus propias sentencias apuntan a lo contrario de lo que han hecho”, denuncia el periodista, cuestionando la coherencia y la independencia del alto tribunal.
Esta crítica encuentra eco en las palabras de juristas como Joaquim Bosch, quienes han advertido que la imagen de la Fiscalía y del Supremo ha quedado “tocada” por la conexión con una causa de origen claramente político.
La intervención de Ekaizer en ‘Malas Lenguas’ refleja el clima de incredulidad y desconfianza que rodea a la sentencia del Supremo.
La falta de pruebas directas, la ambigüedad en la atribución de la autoría del delito y la percepción de que la condena responde a intereses políticos han generado un debate intenso sobre la independencia judicial y la calidad de la justicia en España.
Tal y como ha explicado Ekaizer, al tratarse de una sentencia del Tribunal Supremo, “no cabe recurso”, pero sí se puede acudir al Tribunal Constitucional mediante un “recurso de amparo”.
Para ello, es necesario presentar primero un incidente de nulidad ante el propio Supremo, un trámite que García Ortiz ya ha anunciado que realizará “cuanto antes”.
Este procedimiento es similar al que se ha seguido en otros casos de gran repercusión, como el de Carles Puigdemont, aunque Ekaizer matiza que “ya lo veremos” cómo se desarrolla en este contexto.
La petición de nulidad y el recurso de amparo ante el Constitucional marcan el inicio de una nueva fase en una batalla judicial que trasciende lo personal y afecta al conjunto del sistema democrático.
La sociedad española observa con preocupación el desenlace de este episodio, consciente de que la fortaleza de la democracia depende de la capacidad de las instituciones para garantizar justicia, transparencia y respeto por los derechos fundamentales.
La “sentencia Frankenstein” de la que habla Ekaizer se ha convertido en un símbolo de la crisis institucional que afecta a la justicia española.
La instrumentalización política de los procesos judiciales, la falta de pruebas directas y la ambigüedad en la atribución de responsabilidades ponen en cuestión la legitimidad de las instituciones y exigen una profunda reflexión sobre el futuro de la justicia en España.
El debate sobre la independencia judicial y la necesidad de reformas profundas en el sistema procesal español se ha intensificado a raíz de este caso.
Juristas, periodistas y analistas coinciden en que la democracia, la justicia y la credibilidad institucional están en juego, y que solo una respuesta firme y transparente podrá restaurar la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
En definitiva, la intervención de Ernesto Ekaizer y su definición de la sentencia como “Frankenstein” sintetizan el malestar y la preocupación que existe en amplios sectores de la sociedad ante la deriva de la justicia española.
La falta de rigor, la ambigüedad y la percepción de que las resoluciones judiciales responden más a intereses políticos que a la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos fundamentales son síntomas de una crisis que exige respuestas inmediatas.
La petición de nulidad de la sentencia por parte de García Ortiz y el anunciado recurso al Tribunal Constitucional serán claves para determinar el futuro de este caso y, en última instancia, para evaluar la capacidad de las instituciones españolas para garantizar una justicia independiente, transparente y rigurosa.
La sociedad está llamada a exigir mayor responsabilidad y coherencia a quienes tienen en sus manos el destino de la democracia y el Estado de derecho.
