RTVE rompe su silencio tras la expulsión de periodistas de Marruecos y lanza una advertencia que no pasa desapercibida.
RTVE eleva el tono contra Marruecos tras impedir trabajar a sus periodistas: cuando la frontera que se cierra no es la de Ceuta, sino la de la información
La imagen más preocupante del 15 de agosto en la frontera de Ceuta quizá no sea únicamente la de cientos de personas intentando aproximarse al perímetro fronterizo mientras las fuerzas marroquíes desplegaban un enorme dispositivo de seguridad.
Hay otra escena mucho menos espectacular, pero institucionalmente muy seria.
Una periodista intenta contar qué está ocurriendo.
No puede sacar la cámara.
Le comunican que debe abandonar la zona.
Le advierten de que su acreditación podría estar en riesgo.
Y horas después tiene que marcharse de la ciudad sin recibir una explicación formal.
Eso es lo que, según RTVE, le ocurrió a su corresponsal en Marruecos, Arantxa Marculeta, y a otros profesionales de la radiotelevisión pública y de la Agencia EFE mientras cubrían los acontecimientos en Fnideq, localidad fronteriza conocida tradicionalmente en español como Castillejos.
RTVE respondió con uno de los comunicados más contundentes que ha dirigido recientemente a una autoridad extranjera.
Su presidente, José Pablo López, calificó la medida como un obstáculo de “enorme gravedad” para la libertad de prensa y el derecho a la información. La Corporación exigió garantías para que sus profesionales pudieran trabajar con libertad en la zona fronteriza.
Pero el episodio ha evolucionado desde aquel primer comunicado.
Y lo ocurrido después convierte la discusión en algo todavía más importante.
La orden no llegó después de una entrevista incómoda: llegó mientras se estaba produciendo una operación policial
Los periodistas se encontraban en Fnideq cubriendo un nuevo episodio de tensión alrededor de Ceuta después de que circularan en redes sociales llamamientos para intentar alcanzar la ciudad autónoma.
Durante la jornada, las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron para impedir que grupos de migrantes, mayoritariamente subsaharianos, se aproximaran a la frontera. Diferentes medios presentes sobre el terreno describieron cargas policiales y utilización de gases lacrimógenos.
Fue precisamente mientras se desarrollaba esa intervención cuando comenzaron las restricciones.
Marculeta explicó en el Telediario que las autoridades locales, que se identificaron ante ellos como vinculadas al Ministerio del Interior, les ordenaron abandonar la zona y les impidieron grabar la operación. Posteriormente se les comunicó que no podían utilizar la cámara de TVE en ningún punto de Castillejos.
Eso introduce el elemento esencial del caso.
No se trataba únicamente de establecer un perímetro de seguridad alrededor de una carga policial.
Según el relato de los periodistas y la propia RTVE, la restricción terminó extendiéndose al trabajo periodístico dentro de toda la localidad.
La amenaza sobre las acreditaciones eleva considerablemente la gravedad
En una operación policial compleja puede existir una razón legítima para mantener temporalmente a periodistas alejados de determinadas zonas.
La seguridad de los profesionales importa.
También la de los agentes y las personas implicadas.
Pero aquí apareció algo diferente.
Los periodistas aseguran que se les advirtió de que, si no abandonaban Castillejos, podrían perder los permisos de prensa que les permiten trabajar en Marruecos y que también podían ser retirados sus equipos o confiscado el material. EFE confirmó igualmente haber recibido la advertencia sobre acreditaciones y equipos.
Eso cambia la naturaleza de la discusión.
Ya no estamos hablando simplemente de:
“No podéis colocaros aquí porque existe una operación policial”.
La situación descrita se aproxima más a:
“No podéis trabajar en esta ciudad y, si no cumplís la orden, vuestra capacidad futura para ejercer como periodistas en el país puede verse afectada”.
Y son escenarios radicalmente diferentes.
RTVE esperó y después decidió denunciar públicamente
El equipo no abandonó inmediatamente el asunto.
Marculeta explicó posteriormente en Radio 5 que permanecieron durante un tiempo prudencial en el hotel esperando que las autoridades reconsideraran la decisión.
No ocurrió.
Finalmente tuvieron que marcharse. La propia RTVE señala que la orden fue verbal, basada únicamente en la expresión “cumplir instrucciones” y ejecutada sin ninguna explicación formal.
Ahí llegó el comunicado.
La Corporación expresó su “más enérgico rechazo” y defendió que sus profesionales estaban realizando una cobertura de claro interés público sobre lo que ocurría alrededor de una frontera que afecta directamente a España y a la Unión Europea.
José Pablo López fue todavía más contundente.
Sostuvo que impedir esa cobertura constituía un obstáculo extremadamente grave para la libertad de prensa y reclamó que la labor de los periodistas sobre el terreno no pueda quedar sometida a decisiones arbitrarias destinadas a impedir que se muestre lo ocurrido.
Pero hay una precisión imprescindible: Marruecos no expulsó a Marculeta del país
Algunos titulares pueden inducir a error.
La corresponsal de RTVE en Marruecos no recibió, según las informaciones disponibles, una orden de abandonar el territorio marroquí.
Fue expulsada de Castillejos.
Esa diferencia no reduce la gravedad de impedir una cobertura periodística, pero sí cambia jurídicamente y factualmente lo ocurrido.
Y el matiz se vuelve todavía más relevante con la información conocida durante la noche.
Después de salir de Fnideq, los periodistas de RTVE se instalaron en Tetuán.
Según la reconstrucción publicada este domingo por El País, allí volvieron a recibir una orden de las autoridades marroquíes para abandonar la zona y finalmente se les indicó que debían regresar a Rabat, donde RTVE tiene su corresponsalía.
Este segundo episodio amplía considerablemente el problema.
Ya no se trataría únicamente de una restricción local alrededor de Castillejos.
La limitación habría terminado afectando también a la capacidad del equipo para permanecer en otra ciudad del norte de Marruecos y continuar cubriendo desde las proximidades de la crisis fronteriza.
Y hasta ahora falta la pieza más importante: una explicación pública de Marruecos
¿Por qué?
Esa continúa siendo la pregunta.
EFE intentó obtener una respuesta del Ministerio del Interior marroquí sin conseguir inicialmente una explicación. El director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación señaló que trataba de esclarecer la situación.
Hasta la información pública que he podido localizar para esta revisión, no aparece una explicación oficial marroquí suficientemente detallada que justifique por qué esos periodistas debían abandonar la localidad ni por qué el equipo de RTVE fue posteriormente obligado a regresar desde Tetuán a Rabat.
Ese silencio es problemático.
Porque una restricción periodística excepcional requiere una justificación excepcionalmente clara.
El Gobierno español ha reaccionado, aunque con un tono bastante más diplomático que RTVE
Moncloa no utilizó las mismas palabras que José Pablo López.
Fuentes gubernamentales defendieron que la libertad de prensa debe protegerse “en todo momento y en todas las partes del mundo” y señalaron que la Embajada española en Rabat estaba en contacto permanente tanto con los profesionales afectados como con las autoridades marroquíes para intentar encontrar una solución.
La diferencia de tono es significativa.
RTVE habla desde la posición de un medio cuyos trabajadores acaban de ver restringido su trabajo.
El Gobierno habla desde una relación bilateral extraordinariamente sensible.
Migración.
Seguridad fronteriza.
Ceuta.
Melilla.
Cooperación policial.
Comercio.
Sáhara Occidental.
Son demasiados elementos conectados para que cualquier incidente permanezca aislado durante mucho tiempo.
Precisamente por eso la actuación con los periodistas adquiere una dimensión diplomática.
La frontera hispano-marroquí atraviesa además uno de sus momentos más delicados
El incidente no ocurre en una jornada cualquiera.
Marruecos había movilizado un enorme dispositivo para impedir una nueva entrada masiva hacia Ceuta tras la grave crisis registrada a finales de julio. Este sábado, centenares de migrantes fueron contenidos antes de llegar al perímetro español y cerca de 300 personas fueron detenidas, según las cifras recogidas por El País a partir de fuentes marroquíes.
España también reforzó extraordinariamente su lado de la frontera.
Ese contexto puede explicar por qué las autoridades marroquíes querían controlar determinadas áreas de seguridad.
Pero explicar no significa justificar automáticamente.
Una cosa es restringir el acceso físico de periodistas a un punto donde se desarrolla una operación.
Otra es impedirles grabar en toda una ciudad.
Y otra todavía más seria es advertir que pueden perder acreditaciones si continúan trabajando allí.
Precisamente en los momentos difíciles es cuando el periodismo sobre el terreno resulta más necesario
Si todo estuviera tranquilo, sería mucho menos importante disponer de cámaras.
El periodismo existe especialmente para observar aquello que las instituciones preferirían controlar mediante su propia versión.
Qué hicieron los migrantes.
Qué hizo la policía.
Cuántas personas participaron.
Qué nivel de fuerza se utilizó.
Qué instrucciones recibieron los agentes.
Qué ocurrió después con los detenidos.
Esas preguntas no presuponen que la actuación policial fuera correcta o incorrecta.
Requieren poder observarla.
Y ahí está el problema democrático esencial que plantea RTVE.
Sin periodistas independientes sobre el terreno, una crisis puede terminar contándose únicamente mediante comunicados oficiales, vídeos parciales de redes sociales y testimonios imposibles de verificar.
Tampoco debería olvidarse que EFE estaba allí
El hecho de que la medida afectara tanto a RTVE como a la Agencia EFE debilita cualquier interpretación basada exclusivamente en una supuesta disputa particular entre el Gobierno marroquí y la televisión pública española.
EFE confirmó que un responsable local identificado como Youssef Hajji, vinculado al Ministerio del Interior, ordenó a su corresponsal abandonar inmediatamente Fnideq y se limitó a decir que estaba “cumpliendo instrucciones”. La misma advertencia alcanzó posteriormente al equipo de TVE.
Además, los hoteles donde se alojaban los periodistas recibieron instrucciones para que dejaran los establecimientos.
Eso muestra que la decisión fue más allá de una discusión improvisada entre un reportero y un agente en mitad de una carga.
Existió una orden operativa suficientemente amplia como para alcanzar también los alojamientos.
El caso adquiere otro significado cuando se observa la situación general de la prensa en Marruecos
No sería riguroso utilizar este incidente concreto para definir por sí solo toda la política marroquí hacia los medios.
Pero tampoco ocurre en el vacío.
Reporteros Sin Fronteras sitúa actualmente a Marruecos/Sáhara Occidental en el puesto 105 de 180 países de su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026. La organización describe presiones persistentes sobre periodistas independientes y problemas de control político y económico del ecosistema informativo.
El Comité para la Protección de los Periodistas también ha documentado durante 2025 y 2026 actuaciones contra profesionales que cubrían cuestiones sensibles. En julio, por ejemplo, CPJ denunció la detención del periodista franco-marroquí Ali Lmrabet al llegar a Tánger y reclamó su liberación.
Eso no demuestra que ambos casos tengan relación directa.
Sí ofrece un contexto sobre por qué una orden de esta naturaleza despierta preocupación más allá de RTVE.
A nuestro juicio, el punto decisivo no es si Marruecos tenía derecho a asegurar la zona
Naturalmente lo tenía.
Cualquier Estado puede establecer perímetros de seguridad durante una operación policial.
La pregunta es otra:
¿era necesario impedir trabajar a periodistas acreditados en toda Castillejos, amenazar sus permisos y después ordenar al equipo de RTVE que abandonara también Tetuán?
Hasta que exista una explicación marroquí completa, esa medida resulta difícil de reconciliar con una simple restricción operativa temporal.
Y precisamente por eso el comunicado de RTVE utiliza un lenguaje tan duro.
José Pablo López también asume aquí una posición coherente con el papel que reclama para RTVE
El presidente de la Corporación insiste desde hace meses en defender la función de la televisión pública como servicio de información.
En este caso, la reivindicación resulta especialmente concreta.
No estamos discutiendo una línea editorial.
Ni una tertulia.
Ni la elección de un invitado.
Estamos hablando de la posibilidad física de que un periodista pueda colocar una cámara en el lugar donde ocurre una noticia.
Si eso falla, todo lo demás desaparece.
Puedes disponer del mejor plató.
Del mejor presentador.
De gráficos.
De corresponsales.
Pero si quien está sobre el terreno recibe una orden para guardar la cámara y marcharse, la capacidad de verificar los acontecimientos queda radicalmente reducida.
También conviene evitar una simplificación: libertad de prensa no significa acceso ilimitado a cualquier espacio
Un reportero no obtiene automáticamente derecho a entrar en una zona policial acordonada.
Ni a poner en riesgo una operación.
Ni a ignorar órdenes legítimas de seguridad.
La libertad de información convive con otras obligaciones.
Pero las restricciones deben ser necesarias, proporcionadas, explicadas y no discriminatorias.
Eso es precisamente lo que resulta difícil de evaluar aquí porque, según RTVE y EFE, la orden llegó sin una motivación formal.
“Cumplo instrucciones” explica quién obedece.
No explica por qué existe la instrucción.
La nueva orden desde Tetuán convierte el incidente en algo todavía más difícil de explicar
Éste es el dato que ahora merece especial vigilancia.
Después de abandonar Fnideq, el equipo de RTVE se desplazó a Tetuán.
Podría haberse interpretado entonces que el problema estaba limitado al área inmediata de la frontera.
Pero posteriormente las autoridades exigieron que los corresponsales regresaran a Rabat.
Si esta situación se mantiene, la pregunta deja de ser:
“¿Por qué no podían grabar una operación concreta?”
Y pasa a ser:
“¿Por qué no pueden cubrir periodísticamente desde el norte del país una crisis que está ocurriendo precisamente allí?”
La diferencia es enorme.
Marruecos también tiene interés en aclararlo cuanto antes
No únicamente RTVE.
Si las autoridades consideran que existían razones de seguridad concretas, deberían hacerlas públicas.
Si hubo un malentendido local, deberían aclararlo.
Si la prohibición estaba relacionada con requisitos de acreditación territorial, deberían explicarlos.
Y si se trata de una restricción deliberada para impedir imágenes de la actuación policial, eso tendría implicaciones mucho más graves.
Mantener el silencio permite que la interpretación más negativa gane espacio.
La transparencia beneficia también a quien ejerce la autoridad.
La relación entre España y Marruecos hace que este episodio sea especialmente incómodo
Madrid necesita la cooperación de Rabat para gestionar la presión migratoria.
Rabat sabe que esa cooperación posee enorme valor estratégico para España.
El 15 de agosto lo volvió a demostrar de manera muy visible: cuando las fuerzas marroquíes desplegaron una operación masiva, ningún gran contingente consiguió alcanzar la frontera española.
Eso genera una dependencia política evidente.
Pero esa dependencia no debería convertir la libertad de información en moneda secundaria.
De hecho, cuanto mayor sea la importancia que España concede a Marruecos para gestionar su frontera, mayor debería ser el interés público en conocer cómo está realizando Marruecos ese control.
No menor.
Ésa es la contradicción central de toda esta jornada
España necesita que Marruecos controle la frontera.
Los ciudadanos necesitan saber cómo se está controlando.
Para saberlo necesitan periodistas.
Y los periodistas fueron apartados del lugar donde precisamente se desarrollaba la actuación.
Ese triángulo convierte el incidente en algo mucho más serio que una pelea corporativa entre RTVE y una administración extranjera.
Afecta directamente a la calidad de la información con la que la sociedad española evalúa una de las políticas más sensibles de su relación con Marruecos.
A nuestro juicio, RTVE hace bien en elevar públicamente la protesta
No porque cada discrepancia con una autoridad extranjera deba terminar en comunicado.
Sino porque aquí existe un principio básico.
Cuando una corresponsal debidamente acreditada afirma que no puede sacar su cámara en una ciudad, que puede perder sus permisos profesionales y que después debe abandonar la zona, el propio medio tiene la obligación de hacer pública esa limitación.
De lo contrario, el espectador podría interpretar la ausencia de imágenes como una decisión editorial.
No lo era.
Precisamente informar de por qué no existen determinadas imágenes forma también parte de informar.
Lo ocurrido con Arantxa Marculeta deja además una lección incómoda sobre las corresponsalías
Muchas veces solo recordamos que existen cuando ocurre algo extraordinario.
Sin embargo, los corresponsales trabajan dentro de sistemas legales, administrativos y políticos que pueden cambiar sus condiciones de un día para otro.
Necesitan acreditaciones.
Permisos.
Contactos locales.
Traductores.
Transporte.
Acceso.
Y, sobre todo, la certeza razonable de que publicar información incómoda no terminará anulando la posibilidad de seguir trabajando.
Cuando una autoridad utiliza precisamente la acreditación como elemento de presión, afecta no únicamente a una cobertura concreta.
Puede generar autocensura futura.
Ahí está uno de los motivos por los que este asunto merece seguimiento.
El siguiente paso debe ser saber exactamente qué restricciones continúan vigentes
A fecha de esta revisión, los elementos contrastados son claros:
RTVE y EFE fueron obligados a abandonar Fnideq.
No recibieron inicialmente una explicación formal.
Se les advirtió sobre acreditaciones y equipos.
RTVE presentó una protesta pública.
El Gobierno español activó contactos diplomáticos.
Y posteriormente, según la información actualizada de El País, el equipo de RTVE tuvo que abandonar también Tetuán y regresar a Rabat.
Lo que todavía falta saber es igualmente importante.
Si podrán regresar.
Cuándo.
Bajo qué condiciones.
Y qué explicación formal ofrecerá Marruecos.
Porque la prueba real comienza después del comunicado
Una declaración contundente de RTVE puede generar titulares durante veinticuatro horas.
Pero el problema solamente estará solucionado cuando sus periodistas puedan volver a trabajar con normalidad.
Si el equipo recupera acceso, existe margen para considerar el episodio una crisis limitada.
Si las restricciones continúan, estaremos ante un asunto de mucha mayor profundidad.
Y si otros periodistas internacionales empiezan a sufrir medidas similares, el caso dejaría definitivamente de poder explicarse como una incidencia aislada.
Por eso merece seguimiento.
La frase de José Pablo López no debería ocultar el dato más sencillo
“Obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa” es una declaración institucional fuerte.
Pero detrás de ella existe una realidad mucho más fácil de comprender.
Una periodista estaba allí.
Había algo que contar.
Tenía una cámara.
Y no la dejaron utilizarla.
Después le ordenaron irse.
Y cuando su equipo trató de continuar desde otra ciudad próxima, también terminó recibiendo instrucciones para regresar a Rabat.
No hace falta adornarlo demasiado.
La libertad de prensa suele discutirse mediante grandes principios constitucionales.
Pero en la práctica empieza por algo mucho más elemental:
que quien presencia un hecho de interés público pueda quedarse allí, observarlo, contrastarlo y contarlo.
Por eso este episodio deja una pregunta que va mucho más allá de RTVE: si España depende cada vez más de Marruecos para controlar una frontera tan sensible como la de Ceuta, ¿debería el Gobierno español exigir con la misma firmeza garantías para que periodistas independientes puedan comprobar cómo se ejerce realmente ese control?
