Mónica García responde con datos a Moreno Bonilla tras la crítica sobre la huelga de médicos: “No eche balones fuera”.

 

 

El presidente de la Junta de Andalucía ha emplazado a Sanidad a “reunirse” con los sindicatos para “evitar el conflicto”.

 

 

 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

 

La sanidad pública española vuelve a situarse en el epicentro del debate político. Este lunes ha arrancado en toda España la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, una movilización que amenaza con tensionar aún más un sistema ya sobrecargado y que ha desatado un cruce directo de reproches entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

 

Lo que comenzó como una protesta laboral por condiciones concretas se ha convertido en un pulso político con derivadas nacionales.

En juego no solo están las guardias, los salarios o la carga asistencial. Está el modelo de gestión sanitaria, el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y la sostenibilidad futura del sistema público de salud.

 

Moreno Bonilla reaccionó públicamente al inicio de los paros instando a la ministra a “sentarse a negociar” con el sector hasta alcanzar un acuerdo.

“No podemos hacer nada, pero las cosas se dialogan y se intentan acordar. Pedimos un esfuerzo decidido para evitar el conflicto y que afecta a nuestra sanidad”, afirmó, advirtiendo además del “fuerte impacto en las citas” si la huelga se prolonga.

 

Su mensaje trasladaba la responsabilidad al Ministerio, subrayando que la reforma del Estatuto Marco es competencia estatal. Sin embargo, la respuesta de Mónica García no tardó en llegar y fue directa.

 

A través de redes sociales, la ministra recordó que el Ministerio se ha reunido “en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos” y defendió que el nuevo texto introduce mejoras significativas tras 23 años sin cambios estructurales.

Entre ellas, destacó la eliminación de las guardias obligatorias de 24 horas y la actualización de condiciones laborales que, según Sanidad, buscan modernizar el marco normativo.

 

Pero la réplica más contundente fue dirigida a la gestión autonómica andaluza. García subrayó que salarios, plantillas y jornadas dependen directamente de las comunidades autónomas. “500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones, muchos tienen más de 1.800 pacientes asignados”, recordó, situando el foco en la presión asistencial y la fuga de profesionales.

 

El choque evidencia una cuestión clave: aunque el Estatuto Marco fija las bases laborales comunes, la aplicación práctica —contrataciones, complementos salariales, ratios de pacientes— recae en las autonomías. Es ahí donde se cruzan responsabilidades y discursos.

 

La ministra también aludió a la gestión presupuestaria de la Junta, afirmando que más de 500 millones de euros se han destinado a empresas privadas desde la Consejería de Salud, mientras —según sus palabras— podrían haberse orientado a reforzar plantillas o mejorar salarios.

“La mano siempre está tendida para el diálogo, para el acuerdo y para mejorar la sanidad andaluza. Pero no eche balones fuera ni oculte sus prioridades”, concluyó.

 

Más allá del intercambio político, ¿qué reclaman exactamente los médicos?

 

El núcleo del conflicto gira en torno a las condiciones laborales recogidas en el nuevo Estatuto Marco. Las guardias son uno de los puntos más sensibles.

Hasta ahora, en muchos casos, las guardias de 24 horas han sido obligatorias hasta los 55 años.

El colectivo médico exige que sean voluntarias, mejor remuneradas y que computen para la jubilación.

También reclaman una reducción real de las jornadas efectivas de trabajo, que en la práctica superan con frecuencia los límites teóricos.

 

La sobrecarga asistencial es otro factor determinante. En comunidades como Andalucía, los sindicatos denuncian cupos que superan ampliamente los estándares recomendados, con médicos de atención primaria que atienden a más de 1.800 pacientes asignados.

 

El pasado 26 de enero, el Ministerio de Sanidad alcanzó un acuerdo con varios sindicatos —SATSE, FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF— para aprobar el texto del anteproyecto de ley. El documento debe pasar aún por el Consejo de Ministros y su tramitación parlamentaria.

 

Sin embargo, el Comité de Huelga médico rechazó el texto por considerar insuficiente el capítulo específico dedicado al colectivo facultativo.

Su postura es clara: quieren un estatuto propio que recoja singularidades profesionales, retribuciones diferenciadas y una regulación específica de las guardias y jornadas.

 

Sanidad, por su parte, envió una carta la semana pasada instando al Comité a utilizar las iniciativas parlamentarias abiertas para introducir mejoras o regresar a la mesa de negociación con las comunidades autónomas.

La respuesta sindical fue mantener la huelga y continuar con el calendario de movilizaciones, que incluye manifestaciones en Madrid.

 

Los paros están previstos durante toda la semana, desde este lunes hasta el viernes, y podrían ampliarse si no hay avances. El impacto ya comienza a notarse en la reprogramación de citas y en la reorganización de servicios mínimos.

 

El conflicto refleja un problema estructural más amplio: la dificultad de retener talento médico en determinadas comunidades. La movilidad profesional dentro de España y hacia otros países europeos responde a diferencias salariales, condiciones laborales y estabilidad contractual.

 

En el caso andaluz, la oposición ha denunciado en repetidas ocasiones la precariedad de contratos temporales y la presión asistencial.

La Junta, por su parte, defiende que ha incrementado el presupuesto sanitario y que trabaja para estabilizar plantillas.

 

El debate también conecta con el modelo mixto público-privado. Mientras el Gobierno central insiste en reforzar lo público, algunas comunidades han incrementado conciertos con clínicas privadas para reducir listas de espera. Esa tensión ideológica subyace en las declaraciones cruzadas.

 

Desde el punto de vista jurídico, el Estatuto Marco regula las condiciones básicas del personal estatutario de los servicios de salud.

Su reforma pretende actualizar un texto que llevaba más de dos décadas vigente. Pero cualquier modificación que afecte a jornada, guardias o retribuciones tiene implicaciones presupuestarias y organizativas que requieren coordinación autonómica.

 

En términos políticos, el cruce entre Moreno Bonilla y Mónica García evidencia cómo la sanidad se ha convertido en un campo de batalla discursivo. Cada parte intenta situar la responsabilidad en el otro nivel administrativo.

 

Para los médicos, sin embargo, la prioridad es otra: mejorar condiciones laborales que consideran insostenibles. El desgaste profesional, el aumento de agresiones, la presión asistencial y la falta de conciliación son factores que alimentan el malestar.

 

La pregunta clave es si la negociación podrá reconducirse antes de que el conflicto se enquiste. El Ministerio asegura que la puerta está abierta al diálogo. Los sindicatos mantienen que las mejoras ofrecidas no responden a sus demandas estructurales.

 

Mientras tanto, los pacientes observan con preocupación. La sanidad pública es uno de los pilares más valorados por la ciudadanía española, y cualquier alteración prolongada en su funcionamiento genera inquietud social.

 

La huelga médica no es solo una disputa laboral. Es el reflejo de un sistema tensionado que necesita reformas profundas, financiación suficiente y coordinación efectiva entre administraciones.

 

Si el diálogo prospera, el conflicto podría convertirse en una oportunidad para modernizar el marco laboral sanitario. Si fracasa, la fractura podría ampliarse y alimentar una crisis de confianza.

 

Lo que está claro es que el debate ya no es técnico. Es político, estructural y estratégico. Y su resolución marcará el rumbo de la sanidad pública española en los próximos años.