La PRESIDENTA DEL CGPJ ¡SE SALE DEL GUIÓN! 😱¡¡Y ASESTA un INESPERADO GOLPE a BOLAÑOS y SÁNCHEZ!!.
El silencio que se hizo en la sala no fue un silencio cualquiera. No era el silencio protocolario que suele acompañar a los actos institucionales ni el murmullo contenido de un público educado.
Fue un silencio denso, cargado de expectativa, de responsabilidad y de una sensación difícil de describir: la certeza de que lo que estaba a punto de decirse no iba dirigido solo a 121 nuevos jueces y juezas, sino a toda una sociedad que observa con inquietud el estado de su justicia.
Cuando se pronunciaron las primeras palabras de agradecimiento a la Casa Real, muchos entendieron que no se trataba de una mera fórmula.
La presencia del Rey en un acto de incorporación de nuevos jueces no es un gesto menor. Es un mensaje. Un recordatorio de que el Poder Judicial no es una pieza decorativa del Estado, sino uno de sus pilares esenciales.
En tiempos de ruido político, de desconfianza y de polarización extrema, esa imagen pesa más que cualquier titular.
Las miradas de las familias, sentadas entre el público, lo decían todo. Padres, madres, parejas, hermanos que han sostenido años de oposiciones interminables, de sacrificios económicos, de habitaciones cerradas y fines de semana en silencio.
Porque detrás de cada toga hay una historia personal marcada por la constancia y por la renuncia. Y eso, por una vez, se dijo en voz alta.
La emoción se hizo aún más palpable al recordar que esta nueva promoción de la carrera judicial vuelve a ser mayoritariamente femenina.
Ochenta y cinco mujeres frente a treinta y seis hombres. Más del setenta por ciento. Un dato que, lejos de ser anecdótico, desmonta de raíz uno de los clichés más persistentes sobre la justicia española.
Ese estereotipo del juez varón, procedente de una familia acomodada y con tradición jurídica, ya no encaja con la realidad.
La mayoría de quienes se incorporan hoy a la judicatura vienen de familias sin estudios superiores, sin vínculos previos con profesiones jurídicas, de casi todas las comunidades autónomas.
Son, en esencia, un reflejo bastante fiel de la sociedad española. Y esa afirmación no es retórica: está respaldada por estudios sociológicos serios, por análisis demoscópicos que llevan años desmintiendo la idea de una supuesta “casta judicial”.
Ese concepto, tan utilizado en el debate político, se diluye cuando se observa quiénes son realmente los jueces.
Mujeres jóvenes, hombres jóvenes, personas que han llegado hasta aquí no por contactos ni favores, sino por superar pruebas públicas, durísimas, objetivas y transparentes. Pruebas que cualquiera puede presenciar. Pruebas que no admiten atajos.
Aquí aparece una de las ideas más potentes del discurso: la independencia. No como palabra vacía, sino como patrimonio personal.
Estos nuevos jueces no deben su plaza a ningún partido, a ningún gobierno ni a ningún poder económico. La deben únicamente a su esfuerzo. Y eso, en el contexto actual, es casi revolucionario.
Pero la celebración no ocultó la gravedad del momento. Porque junto al orgullo llegó la advertencia. España tiene un problema serio, estructural, con su sistema judicial.
Un déficit crónico de jueces que no se resuelve creando despachos vacíos ni anunciando reformas que no atacan la raíz del problema.
Once jueces por cada cien mil habitantes frente a más de diecisiete de media en Europa. La consecuencia es evidente: sobrecarga, retrasos, dilaciones que desesperan a ciudadanos y profesionales.
No es solo una cuestión de números. Es una cuestión de calidad democrática. Cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia.
Y cuando los jueces trabajan al límite, sin medios suficientes, la independencia se resiente, aunque nadie la ataque directamente. La precariedad también presiona.
Por eso se lanzó un mensaje claro: hacen falta más jueces ya. No dentro de unos años. No cuando cuadren los presupuestos. Ahora. Y sin rebajar el nivel de exigencia.
Porque reducir la formación o facilitar el acceso a costa de la calidad sería un error irreparable. La tutela de los derechos fundamentales no admite soluciones baratas.
El discurso fue avanzando hacia un terreno aún más delicado: las reformas judiciales en marcha. La modernización es necesaria, nadie lo discute.
La digitalización, la eficiencia, una oficina judicial más ágil. Pero hacerlo deprisa, sin contar con los profesionales y sin respetar el papel central del juez en el procedimiento, puede acabar debilitando aquello que se pretende mejorar.
El procedimiento judicial no es burocracia. Es la garantía misma del derecho a la tutela judicial efectiva.
Es el camino que conduce a una resolución justa. Y desplazar al juez del centro de ese proceso no es modernizar, es desnaturalizar la justicia.
A partir de ahí, el tono se volvió más solemne. Porque se recordó algo que a veces se olvida en medio del debate político: juzgar no es administrar.
Juzgar es decidir sobre la libertad, el honor y el patrimonio de las personas. Es proteger derechos fundamentales. Es ejercer un poder que la Constitución reconoce como contrapeso real frente a los otros poderes del Estado.
Y ese poder solo puede ejercerse desde la independencia. Una independencia que no se quiebra solo con presiones directas, sino también con injerencias sutiles, con campañas de descrédito, con discursos que erosionan la confianza de los ciudadanos en los tribunales. Las críticas razonables son necesarias. El cuestionamiento sistemático de la legitimidad judicial no lo es.
Europa apareció entonces como marco imprescindible. España cumple cuarenta años dentro de la Unión Europea.
Y eso ha transformado profundamente la función judicial. Hoy, un juez español es también juez europeo. Aplica el derecho de la Unión, protege sus valores y garantiza derechos que trascienden las fronteras nacionales.
Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, derechos humanos. No son palabras bonitas para un discurso. Son principios jurídicos exigibles.
Y la Unión Europea ha sido clara en los últimos años: sin independencia judicial no hay Estado de derecho. Sin jueces protegidos frente a presiones externas, la democracia se vacía por dentro.
El mensaje a los nuevos jueces fue directo, casi íntimo. Lo que asumís hoy no es solo una carrera profesional. Es una responsabilidad enorme.
Habrá días difíciles, decisiones ingratas, soledad, incomprensión. Habrá momentos en los que mantener el equilibrio entre la independencia y la cercanía a la sociedad será un desafío constante. Pero también habrá algo que compensa todo lo demás: la serenidad del deber cumplido.
El discurso no eludió la realidad más dura. Se recordó el reciente accidente de tren y el trabajo silencioso, incansable, de jueces, forenses, funcionarios, fuerzas de seguridad y personal judicial que, lejos de los focos, sostienen el Estado cuando todo lo demás se tambalea. Ahí, en la tragedia, la justicia no falla discursos: actúa.
El cierre fue una apelación ética, casi moral. Ser juez no termina al salir del juzgado. La rectitud, la ejemplaridad y el compromiso acompañan dentro y fuera de la toga. De ello depende, en gran medida, el respeto social al Poder Judicial y el buen funcionamiento del sistema constitucional.
Y entonces llegó la cita final, tan antigua como vigente. Concepción Arenal recordando que la razón necesita siglos para alcanzar la justicia que el corazón entiende al instante.
Una frase que resume la tensión permanente entre ley y humanidad, entre rigor y empatía. Esa tensión que define, en el fondo, la esencia de juzgar.
Este discurso no fue uno más. Fue una advertencia, una defensa y una llamada a la responsabilidad colectiva.
Porque la justicia no es solo cosa de jueces. Es un contrato silencioso entre el Estado y los ciudadanos. Y cuando ese contrato se debilita, todo lo demás empieza a resquebrajarse.
Por eso importa. Por eso incomoda. Por eso merece ser leído con calma. Y por eso, quizás, obliga a algo más que a aplaudir: obliga a exigir una justicia fuerte, independiente y respetada. Porque sin ella, ninguna democracia resiste.
