JULIANA DESTAPA EL INFIERNO 🔥 EL JUICIO DE KITCHEN AMENAZA AL PP.
Hay historias que el poder confía en enterrar bajo capas de silencio, cansancio y ruido informativo. Escándalos que se archivan mentalmente en la memoria colectiva con la esperanza de que el paso del tiempo los vuelva irrelevantes.
Pero hay casos que no mueren. Solo esperan. La trama Kitchen es uno de ellos. Y ahora, cuando muchos en el Partido Popular creían haber pasado página definitivamente, vuelve a emerger con una fuerza inquietante, removiendo viejos fantasmas y sembrando un nerviosismo palpable en Génova 13.
No es un regreso casual ni una maniobra coyuntural. El caso Kitchen vuelve porque nunca se cerró de verdad, ni judicial ni políticamente.
Vuelve porque el calendario judicial avanza hacia un juicio previsto para 2026 que amenaza con reabrir, día tras día, uno de los episodios más oscuros de la democracia española reciente.
Y vuelve, sobre todo, porque pone en cuestión el principal activo del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: su relato de ruptura limpia con el pasado.
La advertencia lanzada recientemente por el periodista Enric Juliana ha actuado como detonante.
No se trata de una exclusiva sensacionalista ni de una hipótesis interesada. Es una lectura política basada en datos, tiempos judiciales y experiencia.
Kitchen no es historia antigua. Es presente en diferido. Y su impacto puede ser devastador para un partido que nunca asumió responsabilidades claras por haber utilizado, según investiga la Justicia, las cloacas del Estado para protegerse de su propia corrupción.
Para entender por qué este caso sigue siendo una bomba de relojería en 2025, conviene ordenar los hechos y despojar el relato de excusas.
La llamada operación Kitchen se puso en marcha entre 2013 y 2015, en pleno estallido del caso Gürtel y cuando el Partido Popular gobernaba España con mayoría absoluta.
En ese contexto, la figura de Luis Bárcenas, extesorero del PP, se convirtió en una amenaza existencial para la cúpula del partido.
En sus manos había documentación, grabaciones y pruebas sobre la financiación irregular del PP, la conocida caja B.
Según la investigación judicial y múltiples informaciones contrastadas por medios de referencia, el objetivo de Kitchen era claro: espiar a Bárcenas para sustraerle ese material comprometedor antes de que llegara a los tribunales o a la opinión pública.
No para investigar delitos, no para esclarecer la verdad, sino para proteger al partido en el poder de las consecuencias de su propia corrupción.
Y aquí está el matiz que convierte Kitchen en un escándalo de Estado. No fue una operación policial ordinaria ni una actuación aislada de mandos descontrolados.
Fue, presuntamente, una estructura parapolicial financiada con fondos reservados del Ministerio del Interior y coordinada desde las más altas instancias políticas.
En el centro de esa trama aparece el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto a su número dos, altos mandos policiales y colaboradores externos.
Todo ello, según los autos judiciales, con conocimiento del entorno del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El método empleado resulta tan burdo como inquietante. Se captó como confidente al chófer de la familia Bárcenas, alguien con acceso directo al entorno más íntimo del extesorero.
A través de él se buscaba obtener documentos, grabaciones y cualquier material que pudiera comprometer al PP.
El uso de fondos reservados para pagar estas actividades refuerza la gravedad de los hechos: dinero público destinado a la seguridad del Estado habría sido empleado para fines estrictamente partidistas.
Durante años, el Partido Popular negó la existencia de la operación Kitchen o intentó reducirla a una suma de actuaciones irregulares protagonizadas por unos pocos policías.
Esa estrategia defensiva, sin embargo, fue perdiendo credibilidad a medida que la investigación avanzaba.
Mensajes, grabaciones, testimonios y documentos fueron dibujando un patrón de coordinación política difícil de explicar como simples excesos individuales.
La Audiencia Nacional ha ido cerrando la instrucción y todo apunta a que el juicio se celebrará en 2026.
La lista de acusados devuelve a primer plano a la vieja guardia del PP y amenaza con reactivar una narrativa que el partido creía superada.
Y es aquí donde el caso deja de ser solo un problema del pasado para convertirse en una amenaza directa al presente.
Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid con una promesa muy concreta: normalizar el Partido Popular, romper con la etapa de corrupción y presentarse como un líder solvente, ajeno a las cloacas y capaz de devolver la credibilidad a la derecha española.
Ese relato ha sido su principal capital político. Pero Kitchen lo pone en cuestión desde su raíz.
Feijóo no estaba en la primera línea de mando cuando se ejecutó la operación Kitchen.
Ese es un hecho. Pero hoy es el máximo responsable político de un partido que, según la investigación judicial, utilizó el aparato del Estado para protegerse.
Y esa responsabilidad no se diluye con el paso del tiempo ni con un cambio de liderazgo.
El problema no es solo lo que pueda dictar una sentencia. El verdadero riesgo político reside en la reapertura constante del relato.
Cada sesión del juicio, cada testimonio, cada documento que salga a la luz recordará a la ciudadanía que el PP no fue víctima de la corrupción, sino su gestor y su encubridor.
Y ese recordatorio erosiona directamente el discurso de regeneración que Feijóo intenta sostener.
Aquí es donde la advertencia de Enric Juliana cobra todo su sentido. El juicio de Kitchen no llegará en un vacío político.
Puede coincidir con un ciclo electoral, con una legislatura frágil o con un momento de debilidad parlamentaria.
En ese contexto, Kitchen se convierte en un arma de desgaste permanente. No hará falta inventar nada. Bastará con leer autos judiciales, escuchar declaraciones y recordar hechos probados.
El nerviosismo en Génova 13 no es exagerado. Es racional. Porque el PP nunca cerró Kitchen políticamente. Nunca impulsó una auditoría interna seria.
Nunca asumió responsabilidades. Nunca pidió perdón de forma clara por el uso ilícito de las cloacas del Estado. Optó por el silencio estratégico y por confiar en el olvido. Pero cuando hay jueces y vistas orales, el tiempo no borra: reactiva.
La dimensión mediática del caso agrava aún más el escenario. Kitchen funciona narrativamente.
Tiene todos los elementos que capturan la atención pública: espionaje, fondos reservados, audios, traiciones internas, policías y políticos.
Cada jornada del juicio será una pieza informativa. Cada nombre que reaparezca —Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy— conectará el presente con la etapa más oscura del PP.
Las redes sociales amplificarán cada detalle. La hemeroteca hará su trabajo sin descanso.
Vídeos antiguos, titulares olvidados, fragmentos de declaraciones judiciales volverán a circular.
Y el marco del Feijóo renovador chocará una y otra vez con la realidad de un partido que utilizó el aparato del Estado para proteger su corrupción.
La reacción reciente en el ecosistema mediático confirma que la herida sigue abierta. Kitchen volvió a ocupar tertulias, editoriales y columnas de análisis no como una sorpresa, sino como una confirmación.
Muchos analistas coinciden en una idea incómoda: Feijóo no está imputado, pero sí está políticamente comprometido por liderar una organización que nunca rompió con ese pasado.
Incluso dentro del espacio conservador se percibe incomodidad. Algunos intentan minimizar el impacto futuro del juicio apelando al argumento de “cosas del pasado”.
Pero esa defensa se desmorona ante una realidad elemental: el pasado vuelve cuando se sienta en un banquillo. Y ahí el “pasemos página” deja de ser eficaz.
Desde posiciones progresistas, el caso se presenta como algo más que un escándalo puntual.
Kitchen es visto como la consecuencia directa de un modelo de poder que priorizó la supervivencia del partido por encima del Estado de derecho.
En ese marco, la ausencia de una condena política clara por parte del PP sigue siendo una anomalía democrática.
Las comparaciones internacionales refuerzan esa percepción. En otras democracias europeas, un escándalo de este calibre habría provocado dimisiones en cascada y una renovación profunda.
En España, en cambio, Kitchen fue absorbido por el ruido y la polarización sin que el PP pagara un coste político proporcional a la gravedad de los hechos.
Por eso la advertencia de Juliana ha calado. Porque no habla solo del pasado, sino del futuro inmediato.
Cada paso hacia el juicio de 2026 será una oportunidad para que el caso vuelva al centro del debate público.
Y cada silencio de Génova 13 será interpretado como una prueba más de que el partido no sabe —o no quiere— enfrentarse a sus propias cloacas.
El núcleo del problema para Alberto Núñez Feijóo es que su liderazgo se apoya en una promesa casi imposible: la de una ruptura limpia con una etapa que el propio Partido Popular se niega a asumir.
Kitchen no fue un error aislado ni una desviación policial. Fue, según la instrucción judicial, una operación de autoprotección activada desde el poder ejecutivo. Eso la sitúa en otra categoría. No hablamos de corrupción individual, sino de corrupción sistémica.
Y la responsabilidad política no prescribe. No basta con no haber estado allí. Gobernar un partido implica cargar con su historia, especialmente cuando esa historia vuelve a los tribunales con fechas, documentos y testigos.
Kitchen interpela también a la sociedad. Normalizar que un partido utilice fondos reservados, espionaje y estructuras paralelas para sobrevivir es aceptar que el Estado de derecho es negociable. Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita desde dentro.
La pregunta final ya no es si el Partido Popular puede soportar el impacto mediático del juicio. La pregunta es si está dispuesto a romper de verdad con las cloacas o si seguirá pagando el precio de haberlas tolerado.
Porque la regeneración no se proclama en discursos: se demuestra con hechos. Y cuando los hechos regresan a un juzgado, no hay relato que los tape.
Kitchen no es un recuerdo incómodo del pasado. Es una prueba de estrés para la democracia española y, en especial, para el liderazgo actual del PP.
El juicio de 2026 no solo juzgará a antiguos ministros y mandos policiales. Juzgará un modelo de poder. Y esa es una factura que, tarde o temprano, alguien tendrá que asumir.
