Un escándalo que sacude los tribunales. El Gobierno de Ayuso tendrá que responder ante la Justicia por presuntas violaciones de las normas de “residencia responsable”. Una acusación grave, con implicaciones legales y políticas que van mucho más allá de un simple trámite administrativo. El caso ya genera indignación y preguntas incómodas: ¿cómo se llegó hasta aquí y quién asumirá la responsabilidad de una situación calificada como “vergonzosa”?