GRAN WYOMING ASESTA EL GOLPE FINAL A FEIJÓO “YA NO QUIERE HABLAR DE VENEZUELA” BENDODO TRAGA ZASCA.
La política española ha arrancado el año con un ruido ensordecedor que mezcla estrategia, oportunismo y viejas heridas aún abiertas.
El Partido Popular ha decidido elevar el tono y exigir explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando su intención de forzar una comparecencia en el Congreso para que rinda cuentas sobre sus supuestas relaciones con Venezuela.
El anuncio, realizado por el vicesecretario popular Elías Bendodo, no es un gesto aislado ni improvisado: forma parte de una ofensiva política más amplia que busca situar al Gobierno a la defensiva en un momento de clara debilidad parlamentaria.
El mensaje del PP es directo y cargado de simbolismo. Sánchez dijo que estaba dispuesto a “sudar la camiseta”, recuerdan desde Génova, así que —según Bendodo— ha llegado el momento de hacerlo ante los diputados y ante el país.
La exigencia no se limita a Venezuela: incluye alusiones a la corrupción que, según el PP, rodea al Ejecutivo.
En apenas unos segundos, el discurso popular colocó en el mismo saco a Nicolás Maduro, Vladímir Putin y Pedro Sánchez, una comparación extrema que busca impacto emocional más que precisión política.
El problema no es solo la comparación, sino lo que revela. Cuando un partido recurre a paralelismos tan forzados, suele ser síntoma de una estrategia de confrontación total, donde el objetivo no es tanto explicar como agitar.
Para una parte de la ciudadanía, el mensaje puede resultar eficaz: apela al hartazgo, al enfado, a la sensación de que “todo va mal”.
Para otra, evidencia una deriva hiperbólica que vacía de contenido el debate político.
En paralelo, se instala una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Partido Popular acusa a Sánchez de utilizar Venezuela como cortina de humo para tapar su falta de presupuestos y apoyos parlamentarios, es el propio PP quien coloca a Venezuela en el centro del debate político español.
La contradicción es evidente: se denuncia una maniobra que, al mismo tiempo, se amplifica.
Esta dinámica no es nueva. Venezuela lleva años siendo un comodín recurrente en la política española.
Un recurso retórico que aparece y desaparece según convenga, casi siempre desligado de un análisis realista de la situación del país latinoamericano o de las verdaderas capacidades de influencia de España.
Se habla de Caracas cuando interesa desgastar al adversario interno, no cuando se busca una política exterior coherente.
El debate se vuelve aún más confuso cuando se observa el silencio —o la aparente ausencia— del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en los momentos clave.
Mientras otros dirigentes del partido multiplican declaraciones y exigencias, Feijóo ha mantenido un perfil bajo en la crisis venezolana.
Su última aparición pública relevante data de los primeros días de enero, cuando el año apenas comenzaba y el contexto político era otro.
Esa ausencia no ha pasado desapercibida ni siquiera dentro de su propio partido. Algunos dirigentes populares parecen tan desorientados que, en declaraciones públicas, han llegado a confundir el liderazgo actual con el pasado, mencionando a Mariano Rajoy como presidente del PP en pleno 2026.
Un lapsus que va más allá de lo anecdótico y que transmite una sensación inquietante: falta de rumbo, de mensaje claro y de liderazgo sólido.
Pero si hay un episodio que ha vuelto a situar a Feijóo en el centro del foco mediático, no ha sido Venezuela, sino su comparecencia judicial como testigo en la investigación sobre la gestión de la DANA que provocó una tragedia sin precedentes en la Comunitat Valenciana.
Más de 230 personas perdieron la vida, y la jueza de Catarroja intenta esclarecer hasta qué punto las autoridades autonómicas actuaron con diligencia y responsabilidad.
Feijóo fue llamado a declarar tras asegurar públicamente que el presidente valenciano, Carlos Mazón, le había informado “en tiempo real” de la situación.
Esa frase, pronunciada en un contexto político y mediático muy concreto, terminó convirtiéndose en la clave de su citación judicial.
Durante más de cinco horas de declaración, el líder del PP tuvo que explicar qué entendía exactamente por “tiempo real”.
La respuesta fue demoledora desde el punto de vista político. Feijóo reconoció que su comunicación con Mazón se limitó a intercambios de WhatsApp, que no habló con nadie del centro de coordinación de emergencias (CECOPI), que desconocía incluso su existencia y que no recibió información detallada sobre la toma de decisiones durante las horas más críticas.
El primer mensaje, enviado a las 19:59, llegó cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido.
La distancia entre el relato inicial y lo declarado ante la jueza es evidente. No se trata de una cuestión penal —Feijóo compareció como testigo—, pero sí de credibilidad política.
La hemeroteca es implacable, y la frase “en tiempo real” pesa ahora como una losa sobre su liderazgo.
La jueza fue clara al señalar el motivo de su comparecencia: otros dirigentes también hablaron con Mazón, pero ninguno afirmó haber sido informado de la gestión en tiempo real.
Esa afirmación fue exclusiva de Feijóo, y por eso tuvo que explicarla. El propio líder popular expresó su sorpresa por tener que declarar, pero la respuesta judicial fue contundente: sus palabras lo colocaron en ese lugar.
Este episodio no solo deja en evidencia a Feijóo, sino que también compromete al presidente valenciano.
Queda acreditado que Carlos Mazón no informó con la inmediatez ni la claridad que después defendió públicamente, llegando incluso a afirmar en el Congreso que no tuvieron constancia de las muertes hasta bien entrada la madrugada.
La declaración de Feijóo contradice esa versión y refuerza la percepción de descoordinación y falta de liderazgo durante la tragedia.
Aun así, el Partido Popular intenta cerrar filas y reconducir el relato. Se habla de colaboración con la justicia, de transparencia, de una comparecencia extensa y voluntariosa.
Y es cierto: Feijóo respondió a todas las preguntas. Pero colaborar no borra lo dicho antes, ni neutraliza el impacto político de haber exagerado —o directamente falseado— el nivel de información que tenía en un momento crítico.
En este contexto, la ofensiva del PP contra Sánchez por Venezuela adquiere otra lectura.
Más que una iniciativa sólida, parece una huida hacia adelante. Un intento de desplazar el foco mediático desde una gestión autonómica cuestionada hacia un conflicto internacional que genera menos costes internos inmediatos.
La estrategia es conocida: cuando el terreno propio es incómodo, se busca un escenario externo donde atacar.
Sin embargo, esta táctica entraña riesgos. Comparar a Sánchez con dictadores extranjeros puede movilizar a una parte del electorado, pero también desgasta la credibilidad institucional del propio partido que lo hace.
La política española atraviesa un momento de polarización extrema, y este tipo de discursos contribuyen a erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Mientras tanto, la cuestión de fondo permanece sin resolver. España sigue sin presupuestos generales aprobados y el Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable.
Ese es el verdadero problema estructural del Ejecutivo, y también el motivo por el que cualquier crisis externa se convierte en munición política interna.
La diferencia es que unas veces se denuncia esa instrumentalización y otras se practica sin pudor.
El debate sobre Venezuela, además, se plantea desde una simplificación peligrosa. Reducir la complejidad de un país, de su historia y de su conflicto político a un eslogan sirve poco para entender y nada para ayudar.
España tiene una responsabilidad histórica y diplomática con América Latina que va más allá del uso partidista de sus problemas.
La ciudadanía asiste, una vez más, a un cruce de reproches donde las víctimas reales —ya sea en Valencia o en Caracas— quedan en segundo plano.
La política se convierte en un intercambio de frases efectistas, lapsus reveladores y estrategias de desgaste que poco tienen que ver con mejorar la vida de la gente.
Este inicio de año deja una sensación amarga: la de un sistema político atrapado en su propio ruido.
Un Gobierno debilitado, una oposición que confunde contundencia con exageración y un debate público cada vez más alejado de la realidad cotidiana.
En medio de todo, la memoria de más de 230 personas fallecidas en una riada exige algo más que discursos cruzados: exige responsabilidades claras, respeto y verdad.
El tiempo dirá si la comparecencia que exige el Partido Popular se produce y qué impacto tiene.
Pero hay algo que ya es evidente: las palabras importan. Lo que se dice en un plató, en una rueda de prensa o en un mitin puede terminar, meses después, ante una jueza.
Y la política española empieza 2026 con una lección que debería ser básica, pero que se repite una y otra vez: la verdad no siempre es rentable a corto plazo, pero la mentira casi siempre pasa factura.
