BOMBAZO “MONTAJE JUDICIAL HAZTE OÍR Y FEIJÓO CONTRA PEDRO SÁNCHEZ Y ZAPATERO DESTAPADO”.

 

 

 

 

 

 

La sacudida política llegó envuelta en un lenguaje incendiario y en una puesta en escena calculada para provocar impacto inmediato.

 

Una querella presentada por una organización ultraconservadora ante la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abrió la puerta a una nueva tormenta mediática que, en cuestión de horas, escaló desde los platós de tertulia hasta el centro del debate político nacional.

 

La noticia, difundida con tono triunfalista por sus promotores, hablaba de la incoación de diligencias y de acusaciones extremadamente graves: blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

 

Palabras mayores que, de inmediato, obligan a separar el ruido de los hechos, la retórica del procedimiento judicial real.

 

Desde el primer minuto, la reacción fue polarizada. Mientras determinados sectores de la derecha política y mediática celebraban la querella como el inicio de un supuesto “ajuste de cuentas” con uno de los expresidentes socialistas más influyentes, desde el entorno progresista se denunciaba una campaña de descrédito sin precedentes.

 

El nombre de Zapatero volvía a colocarse en el centro del tablero, no como exjefe del Ejecutivo, sino como símbolo de una batalla más amplia: la que enfrenta a dos formas radicalmente opuestas de entender la política, la justicia y el papel de los expresidentes en la vida pública.

 

 

La clave está en el punto de partida. Presentar una querella no equivale a una imputación ni a una condena.

 

Es un acto legal que obliga al tribunal a estudiar los hechos denunciados y decidir si existen indicios suficientes para abrir una investigación formal.

 

En este caso, la Audiencia Nacional debe analizar unas acusaciones que, por su gravedad, requieren pruebas sólidas y verificables. Sin embargo, el relato público ha ido mucho más rápido que los tiempos judiciales.

 

Antes incluso de que se conozcan los detalles técnicos del procedimiento, ya se ha construido un marco narrativo que apunta directamente a la culpabilidad del expresidente.

 

En paralelo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado un discurso que muchos interpretan como una obsesión política.

 

En los últimos meses, ha señalado reiteradamente a Zapatero como una figura clave en la política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en lo relativo a Venezuela.

 

Según este relato, el expresidente sería algo así como un “emisario” del Ejecutivo actual en Caracas, un intermediario con intereses ocultos y un actor central en una trama que, de momento, nadie ha probado en sede judicial.

 

 

Las acusaciones giran en torno a sus contactos con dirigentes venezolanos y a su papel como mediador internacional.

 

Zapatero lleva años participando en procesos de diálogo y mediación en América Latina, especialmente en Venezuela, donde ha intervenido en negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

 

Este rol, reconocido por organismos internacionales y defendido por familiares de presos políticos liberados gracias a esas gestiones, es reinterpretado ahora por sus detractores como la prueba de una supuesta connivencia con el régimen de Nicolás Maduro.

 

 

El choque de relatos es frontal. Para unos, Zapatero es un activo incómodo que sigue influyendo en la política española y que ha sido clave para que Pedro Sánchez pueda articular mayorías parlamentarias complejas.

 

Para otros, es un referente de la política exterior humanitaria, alguien que ha trabajado —según defienden— sin cobrar un euro, sin ocupar sillones en consejos de administración y sin beneficiarse económicamente de sus gestiones.

 

Dos visiones irreconciliables que convierten cualquier movimiento judicial en munición política.

 

 

La tensión se agrava cuando entra en escena el debate sobre el llamado “golpe judicial”.

 

Algunos analistas y tertulianos sostienen que existe una estrategia coordinada para desgastar al Gobierno mediante la judicialización de la política, utilizando investigaciones prospectivas, filtraciones interesadas y una presión mediática constante.

 

En ese marco, Zapatero sería una pieza más, un objetivo prioritario por su simbolismo y por su capacidad de movilizar al electorado de izquierdas.

 

 

Estas afirmaciones, formuladas con crudeza en debates televisivos, han generado un choque directo con quienes consideran que hablar de conspiraciones es una forma de deslegitimar cualquier investigación.

 

El cruce de acusaciones ha sido áspero: de un lado, quienes alertan de una deriva peligrosa para la democracia; del otro, quienes exigen que “caiga quien tenga que caer” y acusan al Gobierno de victimismo.

 

 

En medio de este ruido, aparecen nombres propios que alimentan la controversia.

 

La figura de Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano extraditado a Estados Unidos, ha sido utilizada como argumento para sostener acusaciones contra Zapatero.

 

Declaraciones interesadas, realizadas en el contexto de un proceso judicial en Nueva York, son presentadas como verdades reveladas, pese a que su credibilidad está directamente ligada a la estrategia de defensa del propio declarante.

 

Aun así, estas versiones encuentran eco inmediato en determinados medios y redes sociales.

 

 

También se menciona el caso de Plus Ultra y supuestas investigaciones policiales como prueba de una trama más amplia.

 

Sin embargo, expertos en derecho penal recuerdan que las investigaciones prospectivas están prohibidas y que cualquier actuación debe basarse en indicios concretos, no en conjeturas o asociaciones vagas.

 

La confusión entre UDEF, UCO y distintos organismos policiales, lanzada al debate público sin matices, contribuye a una sensación de caos que beneficia a quienes buscan instalar la sospecha permanente.

 

 

La pregunta de fondo es inquietante: ¿qué efecto tiene para una democracia que se normalice la idea de querer ver a un expresidente “entre rejas” sin pruebas concluyentes? Varios periodistas han reconocido en tertulias que se ha cruzado una línea peligrosa, donde el deseo político sustituye al análisis jurídico

 

. La historia reciente de España demuestra que la corrupción debe investigarse y castigarse, pero también que el uso partidista de la justicia deja cicatrices profundas.

 

 

No es casual que se compare la situación actual con etapas pasadas. Los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy acumularon condenas judiciales y casos probados de corrupción que marcaron a toda una generación.

 

Frente a eso, el mandato de Zapatero es recordado por muchos como un periodo sin ministros imputados ni sentencias por corrupción gubernamental.

 

Ese contraste alimenta la indignación de quienes ven en la ofensiva actual un ajuste de cuentas ideológico más que una búsqueda honesta de la verdad.

 

Al mismo tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su propio calvario mediático y judicial, con investigaciones que afectan a su entorno y a antiguos cargos del PSOE.

 

La derecha aprovecha este contexto para construir un relato de “gobierno corrupto”, mientras la izquierda denuncia una acumulación de ataques destinados a forzar una caída por vías indirectas.

 

En ese juego, Zapatero aparece como una sombra alargada, un pasado que sigue pesando en el presente.

 

 

La apelación de Feijóo a los socios parlamentarios del Gobierno, a quienes acusa de complicidad, añade otra capa de tensión.

 

Insultarlos públicamente mientras se les pide implícitamente que retiren su apoyo parece, para algunos analistas, una estrategia contradictoria.

 

La pregunta es si este tono confrontativo busca realmente una moción de censura o si responde más bien a la necesidad de mantener movilizado a un electorado enfadado.

 

Más allá de las trincheras, hay una realidad incontestable: la justicia tendrá que pronunciarse.

 

Si la querella contra Zapatero no aporta pruebas sólidas, será archivada, y quienes la impulsaron deberán asumir el coste político y moral de haber lanzado acusaciones gravísimas sin fundamento.

 

Si, por el contrario, se abriera una investigación con indicios reales, el propio Estado de derecho exige que se actúe con rigor y sin interferencias.

 

 

Mientras tanto, el daño reputacional ya está hecho. En la era de la inmediatez, la sospecha se instala con facilidad y cuesta mucho más desmontarla que construirla.

 

Por eso, numerosos juristas y comunicadores llaman a la prudencia, al respeto por los procedimientos y a no confundir la legítima crítica política con el linchamiento público.

 

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero, con sus luces y sombras, se convierte así en un espejo de la España actual: una sociedad polarizada, cansada de escándalos reales e imaginarios, y atrapada en una dinámica donde cada noticia es utilizada como arma arrojadiza.

 

En ese contexto, contar los hechos con precisión, distinguir entre acusaciones y pruebas, y defender la presunción de inocencia no es un acto de militancia, sino una obligación democrática.

 

 

Lo que está en juego va mucho más allá del nombre de un expresidente. Se trata de decidir si la política española seguirá profundizando en la confrontación total o si será capaz de recuperar un mínimo de cortesía institucional y respeto por las reglas del juego.

 

El desenlace judicial llegará con el tiempo. Hasta entonces, la responsabilidad recae en quienes informan, opinan y comparten: no alimentar el ruido, exigir pruebas y recordar que, sin verdad, no hay justicia posible.