Una reciente revelación está sacudiendo todo el sistema judicial. Tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el caso de filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el gobierno supuestamente está considerando indultar al fiscal general Álvaro García Ortiz. Esta decisión, de confirmarse, supondría un golpe directo a la credibilidad del Tribunal Supremo y encendería el debate sobre la línea divisoria entre el poder político y el judicial. ¿Quién protege a quién y cuál será el precio de esta decisión?