Algo no encaja en el relato judicial que se nos está contando. Mientras un fiscal general ya ha sido juzgado y condenado, el caso de la jueza denunciada Paula Oros permanece en una zona de sombra: meses fuera de su juzgado, sin explicaciones claras y con un silencio institucional que desconcierta. Todo esto ocurre bajo la vigencia de la Ley 2/2023, creada precisamente para proteger a quienes denuncian irregularidades. La pregunta es inevitable: ¿por qué unas responsabilidades avanzan a toda velocidad y otras quedan suspendidas en el aire? Gracias a quienes siguen atentos y no miran hacia otro lado.|TH