Libre Mercado ha tenido acceso a la sentencia del caso Cube, que impone a España el pago de 40 millones por el recorte de las renovables.

La jueza Loren L. AliKhan.

Tal y como señaló Libre Mercado el pasado martes, un tribunal federal de Washington D. C. ha asestado un golpe demoledor al Reino de España en la guerra de las renovables, en lo que supone la quinta condena consecutiva por este asunto en poco más de un mes.

La jueza Loren L. AliKhan, del Tribunal de Distrito de Columbia, ha dictado una sentencia que confirma un laudo arbitral internacional y ordena a España abonar 33,7 millones de euros en daños más intereses y costas, una cifra que, con el tiempo transcurrido, se aproxima a los 40 millones de euros.

La decisión favorece a Cube Infrastructure Fund, un fondo de inversores franceses y luxemburgueses que apostaron por las energías limpias en España amparados por un sistema de primas que luego fue recortado de forma retroactiva.

La magistrada norteamericana deja sin margen de maniobra a España.

En su resolución, AliKhan declara que “se niega la moción de desestimación de España y se concede la petición de los demandantes para obtener sentencia sumaria”.

Con esta frase, la jueza adopta “en su totalidad” las conclusiones de la magistrada Moxila A. Upadhyaya, quien había recomendado ejecutar el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que condena a España por los recortes a las renovables.

El fallo, al que ha tenido acceso Libre Mercado, recuerda que el Convenio del CIADI obliga a que los laudos “serán vinculantes para las partes y no estarán sujetos a apelación ni a ningún otro recurso salvo los previstos en la Convención”.

De este modo, el tribunal estadounidense desmonta la estrategia de la Abogacía del Estado, que buscaba frenar la ejecución alegando inmunidad soberana, falta de jurisdicción y conflictos con el derecho de la Unión Europea.

Según la jueza, “un tribunal no está autorizado a examinar los méritos de un laudo del CIADI, su cumplimiento con el derecho internacional ni la jurisdicción del tribunal arbitral.

Todo lo que debe hacer es asegurarse de que tiene jurisdicción, que el laudo es auténtico y que la orden de ejecución refleja el laudo”.

Para esquivar la condena, España intentó escudarse en la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA), pero la sentencia es tajante al afirmar que “la excepción de arbitraje de la FSIA se aplica en este caso” y recuerda que esta cuestión ya fue resuelta en la corte de apelaciones de Washington en el precedente NextEra.

La jueza subraya que la jurisdicción estadounidense está plenamente confirmada, lo que deja a España sin defensa en este punto.

El Gobierno español también invocó la doctrina de la “coacción de Estado extranjero” para intentar evitar el pago.

La respuesta de la jueza es especialmente dura: “España no puede ahora argumentar que se ve injustamente obligada a cumplir los requisitos de un tratado que firmó, el cual establece expresamente que los laudos finales son vinculantes e inapelables”

Con estas palabras, el tribunal recuerda que fue el propio Estado español quien aceptó de manera “voluntaria y expresa” someterse a la jurisdicción del CIADI cuando firmó el Tratado de la Carta de la Energía.

La sentencia desactiva incluso el último recurso de España, que pidió que el caso se desestimara po

r forum non conveniens alegando que debería resolverse en otra jurisdicción. AliKhan cita el precedente vinculante del caso NextEra para concluir que “el forum non conveniens no está disponible en procedimientos para confirmar un laudo extranjero porque solo los tribunales de Estados Unidos pueden embargar activos comerciales extranjeros localizados en su territorio”.

El origen de este pleito se remonta a los años en que España impulsó generosas primas a la producción de energías limpias.

Los fondos demandantes invirtieron en instalaciones de energía verde y en varias centrales hidroeléctricas españolas animados por ese marco regulatorio.

Cuando el Gobierno decidió recortar drásticamente las ayudas, los inversores acudieron al arbitraje internacional y obtuvieron un laudo favorable en 2019. España trató de anularlo sin éxito y, tras varios recursos, el tribunal estadounidense ratifica ahora que la indemnización es firme y ejecutable en territorio norteamericano, abriendo la puerta a posibles embargos.

Con esta resolución, los accionistas de Cube quedan habilitados para perseguir activos comerciales del Reino de España en Estados Unidos hasta cubrir una deuda que ya ronda los 40 millones de euros con intereses.

La jueza AliKhan deja claro que España no puede refugiarse en su legislación nacional, en la normativa europea ni en inmunidades diplomáticas: “Los laudos del CIADI deben ser reconocidos y ejecutados en los tribunales estadounidenses con la misma fuerza que una sentencia firme de un tribunal estatal”.

Una frase que cierra la puerta a cualquier escapatoria y supone un varapalo más en la larga lista de condenas que Madrid acumula por los recortes a las energías renovables.