Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez, ha reclamado a la Moncloa todos copia de todos los correos electrónicos que la mujer de Pedro Sánchez ha remitido desde una cuenta oficial de Presidencia.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en concreto, requiere a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la «copia de los correos electrónicos recibidos y enviados» desde una cuenta corporativa del Ejecutivo que —según se infiere del escrito del magistrado— la Moncloa habría asignado a Begoña Gómez.
A principios del pasado agosto, el propio Peinado pidió a Presidencia del Gobierno que aclarar si a Begoña Gómez, tras la llegada de su marido a la jefatura del Gobierno, le fue asignado «un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es», el dominio que utiliza el personal y los altos cargos de la Moncloa.
Según las acusaciones populares, la esposa de Sánchez habría usado el correo «[email protected]» para las gestiones de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Ahora el instructor —tras recibir un «oficio» de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno— exige a la Moncloa que le remita a su juzgado «copia de los correos» de Gómez desde el 11 de julio del 2018, solo tres semanas después de la llegada de Sánchez a Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, «hasta el día de la fecha».
En la misma resolución, Peinado ordena que, una vez recibidos la totalidad de mails que la mujer de Sánchez ha enviado y recibido durante estos más de siete años, esto sean «remitidos» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «para su análisis».
Contratación de la asesora
Por otro lado, el juez ha accedido a la petición del abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, de suspender la nueva declaración como imputada de la mujer de Sánchez prevista para el 11 de septiembre, ya que el letrado tenía agendado otro señalamiento en Tenerife para ese día.
Peinado cita ahora a Gómez para el 10 de septiembre para declarar por el nuevo delito del que le acusa, malversación de caudales públicos, por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal enla Moncloa en el verano del 2018.
Ese mismo 10 de septiembre declarará también la propia Álvarez, quien, pese a cobrar un salario público, según los correos que obran en la causa acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense que dirigió la esposa de Pedro Sánchez.
Este miércoles, Peinado, entre los requerimientos a la Moncloa, también pidió a Presidencia del Gobierno que comunique quiénes fueron los jefes de Cristina Álvarez desde que esta entró a formar parte de la plantilla gubernamental el 11 de julio del 2018, el día desde que Peinado quiere conocer el contenido de todos los mails enviados por Gómez.
Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado imputó a Gómez por un delito de malversación y le citó a comparecer de nuevo tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora, aunque descartó que malversación fuese uno de delitos que se le podía imputar.
La esposa de Sánchez hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Todo ello, en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
