La Moncloa valora si una convocatoria electoral anticipada con familiares en las listas podría frenar procesos judiciales contra el presidente.

Pedro Sánchez

Una de las últimas ocurrencias de Pedro Sánchez para intentar bloquear los casos judiciales de su mujer y hermano dan una idea del grado de desesperación al que está llegando el presidente del Gobierno.

Fuentes socialistas han confirmado a Libertad Digital que entre las ideas que se han llegado a plantear en Moncloa está la de proteger al hermano -David Sánchez- y la mujer -Begoña Gómez- del presidente por medio de una convocatoria electoral anticipada y la inclusión de ambos familiares en las listas del PSOE.

El objetivo, provocar un parón en los procesos y, en concreto en el jurado popular.

Literalmente, La Moncloa ha entrado en pánico.

El nivel de la última ocurrencia es delatora y da una idea del panorama tétrico que se observa en el PSOE.

Tras ordenar Pedro Sánchez al Ejecutivo entero que salga a criticar al juez Peinado por reclamar el juicio por jurado para Begoña Gómez, los asesores del presidente han recibido un encargo: el de analizar si una convocatoria de elecciones e inclusión de la mujer del presidente del Gobierno en las listas electorales permitiría un parón de los procesos y, en concreto, del paso de Begoña Gómez por un jurado popular.

La idea, de hecho, se ha hecho extensiva al hermano, ya en fase de procesamiento y no ante jurado, pero por analizar la posibilidad de escapar al juicio determinado y refugiarse en una instancia superior por cuestión de aforamiento.

Y es que, tras los últimos informes aportados por la UCO y la Intervención General del Estado dependiente de Hacienda, los asesores de Sánchez no temen nada bueno en el futuro procesal de la mujer del presidente.
Hay que recordar que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha comunicado ya a Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés que serán juzgados por un jurado popular por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.

En su auto, el juez señala que, “habiéndose practicado numerosas diligencias que obran en las mismas, encontrándose pendiente de practicar todavía, algunas de las acordadas”, “en el presente caso, y a efectos de la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, resulta verosímil la imputación que de los hechos relatados se hace a D. Juan Carlos Barrabés Cónsul, María Begoña Gómez Fernández y Dña.

María Cristina Álvarez Rodríguez”.

“Dichos hechos revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de delito de Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Apropiación indebida e Intrusismo, cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995”, añade.

Y es que, solo por la parte de Begoña Gómez, su asesora autoasignada no realizó gestiones puntuales, como afirmó la defensa de la mujer del presidente en sede judicial.

Tal y como adelantó Libertad Digital, el intercambio de correos entre esa asesora -que realmente era la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Sánchez- y la Complutense se eleva a 235 correos. De ellos, 121 tienen relevancia para el caso.

Y en ellos, para colmo, se pueden ver gestiones múltiples para conseguir apoyos para uno de los negocios privados de Begoña Gómez: la cátedra que le regaló esa universidad sin tener ningún título universitario.

Allí aparecen nombres de empresas con las que se hicieron gestiones como Reale Seguros o Mercadona, fundaciones como la de La Caixa o la ONCE y otras entidades como las Cámaras de Comercio.