El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha recibido de Telefónica un pendrive.
En él, aportaba con nuevos correos que podrían implicar a la esposa del presidente del Gobierno en un caso de corrupción.
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Los mensajes contienen detalles sobre reuniones relacionadas con el desarrollo de un software vinculado a la cátedra que dirigía Begoña Gómez.
El juez investiga si Gómez utilizó a una asistente de Moncloa para gestionar intereses privados, incluyendo la creación de esta herramienta informática, que supuestamente habría sido apropiada de forma indebida.
Medida desesperada para salvarla
El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, una iniciativa destinada a reforzar la transparencia dentro de la gestión pública.
Según el Gobierno, la futura norma impondrá la obligación de publicar las agendas oficiales y los desplazamientos de los altos cargos y principales responsables institucionales.
En esa misma reunión, La Moncloa decidió que Begoña Gómez quedara fuera del ámbito de aplicación de dicha ley, según La Razón.
El Ejecutivo ha descartado establecer una normativa que defina el papel de las parejas de los presidentes del Gobierno.
Para justificar que la esposa de Sánchez pueda hacer uso de los recursos vinculados a la Presidencia del Gobierno, el círculo más cercano del Ejecutivo ha optado por una estrategia ofensiva.
Dirigida contra los anteriores jefes del Ejecutivo que precedieron al actual presidente.
Para Moncloa, los expresidentes también pusieron a disposición de sus parejas asesores y personal de apoyo.
No solo la Moncloa, también la Fiscalía se encuentra desesperada para defender a la mujer del presidente del Gobierno.
En un nuevo movimiento, ha pedido archivar la investigación por presunto tráfico de influencias y otros delitos.
Estos relacionados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid.
Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 41, la Fiscalía sostiene que “la mera relación conyugal no puede traducirse en un prevalimiento delictivo”. Es decir, ser esposa del presidente no puede, por sí solo, constituir un delito.
