La Guardia Civil continúa enfrentándose a la falta de renovación de su flota de vehículos, con muchos coches antiguos en uso, mientras que la Policía Nacional disfruta de la ventaja del renting, que le permite contar con automóviles nuevos o seminuevos durante el periodo contratado.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que esta situación evidencia el “abandono” que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ejerce sobre el cuerpo.
Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, al cierre de 2024 la Benemérita contaba con 1.894 turismos y 1.644 todoterrenos que superaban los 300.000 kilómetros o tenían más de 15 años de antigüedad, lo que representa el 21% y el 26% de su flota, respectivamente.
El Tribunal advierte sobre la necesidad de evaluar la sustitución de estos vehículos atendiendo a su kilometraje, antigüedad y estado de conservación.
Todo esto según Okdiario.
Plus Ultra
En junio de 2007 quedó cerrada una causa por presunta estafa relacionada con Julio Miguel Martínez Sola, fundador de Plus Ultra. Esto, después de que Marlaska, en aquel momento magistrado de la Audiencia Nacional y hoy ministro del Interior, ordenara su archivo.
Así lo confirma Okdiario. Cuando Air Madrid cesó de forma repentina sus operaciones en 2006, Martínez Sola figuraba como una de las personas más cercanas a su presidente, José Luis Carrillo.
El cierre de la aerolínea obligó al Ministerio de Fomento a desembolsar cinco millones de euros para fletar aeronaves. También a facilitar el regreso de cientos de miles de pasajeros que quedaron atrapados.Tras el colapso de la compañía, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), junto con otras entidades, presentó denuncias contra los responsables de la empresa. Los acusó de estafa y fraude a los consumidores por seguir comercializando billetes pese a ser conscientes de que la aerolínea iba a cerrar.
Según esas acusaciones, tanto Carrillo como Martínez Sola habrían actuado de manera intencionada para engañar a los clientes. No obstante, Marlaska, entonces magistrado y hoy ministro del Interior, decretó el sobreseimiento libre del caso al concluir que no había ningún indicio de delito.
