La investigación sobre el servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Cataluña salpica a expresidentes como Carles Puigdemont o Quim Torra
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), organismo encargado de proteger a los menores en riesgo en Cataluña, está bajo una doble lupa: La de la Sindicatura de Comptes, que ha detectado graves irregularidades en su contratación pública, y la de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que investiga posibles responsabilidades contables por pagos indebidos.
El Parlament ha abierto una comisión de investigación y el Govern ha iniciado una reforma estructural del sistema de tutela.
El caso amenaza con convertirse en uno de los mayores reveses políticos para el independentismo en la etapa posterior al procés.
Contratos de emergencia y descontrol administrativo
Un informe de la Sindicatura de Comptes, publicado en marzo de 2025, revisó la contratación de la DGAIA entre 2016 y 2020, años en los que gobernaban Carles Puigdemont y Quim Torra.
El órgano fiscalizador detectó “disfunciones relevantes”: Uso reiterado del procedimiento de emergencia sin la documentación exigida, prórrogas sin formalización y falta de control posterior.
Según el informe, la DGAIA adjudicó por esa vía 114,6 millones de euros en 292 centros de acogida, cifra que los responsables justificaron por la presión del aumento de menores migrantes y la aplicación del artículo 155, pero que los auditores consideran irregular por su carácter sistemático.
Una mujer desenfocada pasa frente a un letrero del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que está en una pared con grafitis.
Sede de la DGAIA en el Departament de Derts Socials
En paralelo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió diligencias en mayo de 2025 tras otro informe de la Sindicatura que detectaba pagos indebidos por 167,5 millones de euros en prestaciones a jóvenes extutelados y subvenciones vinculadas al sistema de protección.
Se trata de una investigación contable, De momento no hay imputaciones penales, pero podría derivar en exigencia de reintegros o sanciones administrativas.
Casos de abusos y una reforma acelerada
La situación se agravó con la denuncia de abusos sexuales a una menor de 12 años tutelada por la DGAIA, revelada en mayo por El País.
El caso puso de manifiesto fallos en los protocolos de supervisión y atención a menores.
La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, afirmó que no era un hecho aislado y pidió revisar a fondo el sistema.
Pocos días después, el Govern anunció la disolución de la DGAIA y la creación de una nueva estructura: la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
l conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, explicó que el objetivo era “refundar” el sistema, concentrando funciones de prevención y fortaleciendo los mecanismos de control.
Un hombre con gafas y traje oscuro habla en un atril durante una conferencia de prensa, acompañado por otras personas al fondo que llevan mascarillas, en un entorno de paredes de piedra
El Parlament ha aprobado una comisión de investigación sobre la gestión de la DGAIA entre 2011 y 2025.
Se prevé que comparezcan exdirectores del organismo, altos cargos de la conselleria y representantes de entidades concertadas que recibieron adjudicaciones.
Las primeras sesiones comenzaron en junio y las conclusiones se esperan a comienzos de 2026.
Impacto político en Junts y ERC
La controversia alcanza a los dos principales partidos del independentismo. Las irregularidades en contratación corresponden al periodo en que Junts per Catalunya controlaba la conselleria, mientras que los casos de abuso y la reforma se producen durante el mandato de Esquerra Republicana (ERC).
Junts defiende que las adjudicaciones de emergencia respondieron a una situación “extraordinaria” y que los contratos fueron auditados internamente; ERC replica que la gestión heredada era “insostenible” y que la reestructuración demuestra voluntad de transparencia.
PSC Comuns, PP y Vox reclaman responsabilidades políticas y algunos cuestionan la capacidad del Govern para fiscalizar su propia administración.
El caso DGAIA ha roto el discurso de “buena gestión” que el independentismo esgrimía como aval de su proyecto.
Por primera vez en años, la polémica no gira en torno a la autodeterminación ni al procés, sino a la eficacia y ética del gobierno catalán en políticas sociales.
Analistas consultados por varios medios coinciden en que el daño reputacional puede ser duradero si la investigación confirma irregularidades y si la nueva DGPPIA no demuestra resultados concretos.
Un caso aún abierto
A día de hoy, no existen condenas ni imputaciones judiciales por corrupción derivadas del caso, pero las investigaciones administrativa y contable siguen en curso.
La Sindicatura mantiene su informe; la Fiscalía del Tribunal de Cuentas revisa los pagos observados; y la comisión parlamentaria continúa las comparecencias.
El futuro de la DGAIA, o de su heredera DGPPIA, y las conclusiones de las auditorías marcarán si este episodio se queda en una crisis de gestión o se convierte en un punto de inflexión para la política catalana.
Por ahora, el “caso DGAIA” resume un dilema mayor: El contraste entre el discurso de ejemplaridad institucional y las grietas que ha revelado la práctica de gobernar durante más de una década ininterrumpida.
