Anchón Alonso, socio del poderoso Santos Cerdán en la constructora Servinaar, se ha convertido en la última pieza detenida dentro de una operación que amenaza con sacudir los cimientos políticos y empresariales del país.

La Guardia Civil lo considera una figura clave dentro de una trama que, según los investigadores, es “mucho más compleja y de mayor peso” que las anteriores surgidas alrededor del mismo círculo de poder.

La Unidad Central Operativa (UCO) sitúa el origen de este entramado en el año 2018, apenas unos meses después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Ese detalle temporal, para los agentes, no es una casualidad sino un punto de inflexión que coincide con una reestructuración profunda dentro de organismos públicos estratégicos.

La pieza que completa el primer eslabón de la trama es Vicente Fernández, nombrado por el Gobierno como presidente de la SEPI, un cargo de enorme influencia en la gestión de participaciones industriales del Estado.

Fernández era considerado una persona muy cercana a María Jesús Montero, entonces ministra y una de las figuras más poderosas dentro del Ejecutivo.

A partir de su llegada a la SEPI, los investigadores detectan los primeros movimientos que hoy aparecen conectados directamente con la detención de Anchón Alonso.

Según las pesquisas, la relación clave se establece con Leire Díez, que por entonces ocupaba un cargo relevante en Enusa, una empresa pública dependiente precisamente de la SEPI y, por tanto, de Fernández.

La UCO rastrea cómo, durante ese periodo, la SEPI adquirió un 25% de una tecnológica vasca en la que Alonso tenía una participación significativa.

La operación no llamó la atención en su momento, pero hoy se considera uno de los pilares de la presunta red criminal investigada.

Tras la compra estatal, la empresa tecnológica nombró a Leire Díez como consejera, un movimiento que ahora se interpreta como una maniobra diseñada para reforzar el control interno del grupo.

Para los investigadores, este nombramiento no fue en absoluto casual, sino una señal de la conexión operativa entre Alonso, Díez y Fernández.

El siguiente paso de la secuencia fue igualmente llamativo: después de abandonar la SEPI, Vicente Fernández pasó a trabajar en la constructora navarra de Alonso, Servinaar.

Este salto directo del sector público a una empresa privada vinculada a adjudicaciones del Estado ha sido considerado por la UCO como un indicio de manual sobre posibles intercambios de favores.

La presencia de Fernández en Servinaar se mantuvo en el tiempo, y su silencio en el Senado cuando se le preguntó por su patrimonio despertó todavía más sospechas.

En aquella comparecencia, Fernández evitó responder a preguntas esenciales sobre bienes inmobiliarios de alto valor a su nombre.

Entre ellos, un piso de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo Puerta de Hierro, en Madrid, valorado por especialistas en varios millones de euros.

A esta propiedad se sumaban dos chalets cuyo valor conjunto podría alcanzar cifras superiores a los diez millones, según cálculos aproximados.

Los investigadores consideran que estas posesiones no se corresponden con la evolución normal del patrimonio que debería justificar un cargo público.

Ese conjunto de conexiones —Alonso, Díez y Fernández— es lo que la UCO denomina “el círculo central” de la trama ahora desmontada.

Pero la operación no se limita únicamente a estas tres detenciones, sino que se amplía a varias personas más dentro y fuera del sector público.

A lo largo del día, los agentes han llevado a cabo casi una veintena de registros en empresas distribuidas por varias provincias españolas.

Bilbao, Madrid y Sevilla han sido los principales escenarios del operativo, con entradas simultáneas para evitar posibles destrucciones de pruebas.

El objetivo de los registros es localizar documentos, correos, contratos y herramientas informáticas relacionadas con supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.

La investigación se centra especialmente en el sector de las energías renovables, un terreno que maneja enormes cantidades de dinero público y privado.

Los investigadores creen que este sector fue utilizado como plataforma ideal para desviar fondos mediante adjudicaciones manipuladas.

El patrón detectado sugiere que determinados proyectos energéticos eran dirigidos hacia empresas vinculadas con Alonso o sus socios.

A cambio, se habrían producido pagos encubiertos, favores profesionales y beneficios cruzados entre los distintos implicados.

Los tres detenidos han pasado su primera noche en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, en dependencias reservadas para casos de alta complejidad.

Según fuentes consultadas, los interrogatorios comenzarán en las próximas horas y se prolongarán durante varios días.

La lista de delitos imputados a los arrestados es tan extensa que los investigadores la describen como “interminable”.

Entre los delitos destacan malversación, prevaricación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Cada una de estas acusaciones implica penas de prisión sustanciales y, de confirmarse, significaría uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración pública reciente.

La UCO considera que la trama no funcionaba como un caso aislado, sino como una estructura organizada que operaba de forma continuada desde 2018.

Los agentes creen que el entramado estaba diseñado para garantizar beneficios permanentes a determinadas empresas privadas a cambio de favorecer a determinados funcionarios y cargos públicos.

La clave del caso, según los investigadores, reside en entender cómo se decidió la compra del 25% de la tecnológica vasca.

Esa operación permitió que los investigados controlaran desde dentro el flujo de contratos y proyectos vinculados a energías renovables.

La llegada de Leire Díez como consejera abrió la puerta a una toma de decisiones interna alineada con los intereses de Alonso.

El hecho de que Vicente Fernández terminara trabajando en la empresa de Alonso después de abandonar la SEPI completa un triángulo que para la UCO es “inexplicable” sin una contraprestación ilícita.

La conexión política también está siendo analizada con lupa por los investigadores.

Aunque de momento no existe ninguna acusación formal contra responsables del Gobierno, las fechas y los cargos han levantado sospechas en el entorno político.

Partidos de la oposición ya han pedido comparecencias urgentes en el Parlamento para esclarecer cómo se permitió que se desarrollara esta trama durante años.

Algunos portavoces consideran imprescindible abrir comisiones de investigación para determinar si existieron responsabilidades políticas directas.

Mientras tanto, el Gobierno pide prudencia y recuerda que las investigaciones están bajo secreto y en manos de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.

Aseguran que no interferirán en la labor judicial y que la presunción de inocencia debe prevalecer.

La magnitud de la operación hace prever que no será un caso rápido ni sencillo.

Los investigadores deben ahora procesar el enorme volumen de documentación incautada durante los registros.

Toda la información será sometida a análisis informático y contable para reconstruir el flujo real de dinero y adjudicaciones.

Una de las prioridades es determinar si existió un desvío sistemático de fondos públicos hacia empresas conectadas con los detenidos.

También buscan pruebas de comunicaciones internas que demuestren coordinación explícita entre los implicados.

Los agentes sospechan que parte de la trama pudo funcionar mediante sociedades pantalla y entramados de subcontratas.

Ese tipo de estructuras permite ocultar el destino final del dinero y encubrir decisiones tomadas desde el poder público.

Otra línea de investigación apunta hacia posibles contrataciones amañadas con empresas energéticas emergentes.

Los investigadores creen que varios proyectos de energía solar y eólica pudieron ser adjudicados de manera irregular.

La dimensión de la trama podría afectar a millones de euros procedentes de fondos estatales y autonómicos.

Algunos informes internos ya hablan de una “red estable y duradera” diseñada para obtener beneficios privados aprovechando recursos públicos.

Anchón Alonso, considerado el centro empresarial de la trama, podría enfrentarse a las penas más altas si se confirman las acusaciones.

Los investigadores consideran probado que mantuvo un papel decisivo en la captación y consolidación de cómplices.

Leire Díez, por su parte, aparece como el enlace entre el sector público y el privado, utilizando su posición en Enusa y su ascenso posterior.

Vicente Fernández es visto como el garante institucional que facilitó la entrada y expansión de la trama dentro de la SEPI.

Los tres juntos representan lo que la UCO denomina un “triángulo de intereses”, con capacidad para intervenir tanto en decisiones internas como en movimientos empresariales estratégicos.

A medida que avanza la investigación, se multiplican las presiones y los interrogantes políticos.

El caso ha generado inquietud entre altos cargos del Gobierno, especialmente por el perfil institucional de Vicente Fernández.

Los partidos de la oposición insisten en que este caso demuestra la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control en organismos públicos.

También señalan que la trama comenzó exactamente en el momento de un cambio político clave, lo que alimenta sospechas sobre el origen del entramado.

La operación de hoy podría ser solo el inicio de una investigación mucho más amplia que todavía no ha mostrado su verdadera dimensión.

Los agentes creen que la red podría extenderse a otros sectores estratégicos donde también se manejan grandes adjudicaciones.

De confirmarse esa hipótesis, el caso se convertiría en uno de los más graves en materia de corrupción institucional en décadas.

Por ahora, todas las miradas están puestas en las declaraciones que los detenidos ofrecerán ante los investigadores en las próximas horas.

La UCO confía en que, con la presión judicial y el riesgo penal elevado, alguno de ellos podría decidir colaborar para reducir su responsabilidad.

Si eso ocurre, la investigación podría avanzar mucho más deprisa y abrir nuevas líneas que hoy aún permanecen ocultas.

Lo que está claro es que la trama no ha hecho más que empezar a desvelarse.

Y que las consecuencias políticas, institucionales y judiciales serán profundas y duraderas.