Las graves consecuencias de la política de regularización del Gobierno vuelven a encender la alarma en la frontera sur tras el asalto de unos 700 inmigrantes ilegales a las vallas de Ceuta. Un episodio de máxima tensión que reabre el debate sobre el efecto llamada, la seguridad fronteriza y la capacidad del Estado para gestionar una crisis migratoria que preocupa a las fuerzas de seguridad y divide a la opinión pública.