Entre la memoria, el censo y la estrategia política: Risto Mejide rompe con el relato y pone en contexto el cambio de postura de Feijóo sobre la llamada «ley de nietos» con una verdad que le resulta profundamente incómoda.
Entre la memoria, el censo y la estrategia política: Risto Mejide rompe con el relato y pone en contexto el cambio de postura de Feijóo sobre la llamada «ley de nietos» con una verdad que le resulta profundamente incómoda.
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Risto Mejide volvió a hacer lo que mejor funciona en televisión política cuando el ruido amenaza con tragarse los hechos: parar la discusión, abrir la hemeroteca y dejar que el pasado hable. En “Todo es mentira”, el presentador abordó la polémica abierta por el Partido Popular en torno a la llamada “ley de nietos”, una disposición vinculada a la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados o privados de su nacionalidad en circunstancias históricas concretas.
La controversia no es pequeña. En los últimos días, dirigentes del PP han cuestionado el impacto electoral de esta norma y han utilizado expresiones como “ingeniería electoral” o “fabricación de votantes” para referirse al incremento potencial de españoles residentes en el extranjero. El asunto ha escalado porque no se trata solo de discutir una ley. Se está insinuando que una ampliación de nacionalidad podría alterar el censo de forma políticamente interesada.
Y cuando un debate toca la legitimidad del censo electoral, la temperatura democrática sube varios grados.
Risto Mejide no entró por la puerta del tecnicismo jurídico, sino por una vía mucho más televisiva y eficaz: la contradicción. El programa recordó que Alberto Núñez Feijóo defendió en el pasado una propuesta para facilitar la nacionalidad a descendientes de españoles, especialmente en relación con la diáspora latinoamericana. En 2022, durante un acto en Buenos Aires, el líder del PP habló de la recuperación de la nacionalidad como un derecho civil y propuso una ley específica para descendientes de españoles desvinculada de la ideología.
Ese matiz es importante. Feijóo puede sostener hoy que no está contra reconocer derechos a los descendientes de españoles, sino contra el diseño concreto de la Ley de Memoria Democrática. Puede decir que prefiere otra norma, con otros criterios, otro procedimiento o mayor control parlamentario. Ese argumento sería legítimo dentro de una discusión política normal.
Pero lo que Risto puso sobre la mesa fue otra pregunta: si antes la idea era defendible, incluso deseable, ¿por qué ahora se presenta como una posible maniobra electoral?
Ahí está el punto que se atraganta.
No porque un político no pueda cambiar de postura. Puede hacerlo. La política no es una estatua de mármol. Pero cuando se cambia, hace falta explicar el giro con precisión. Si ayer la nacionalidad para nietos de españoles era una cuestión de justicia civil y hoy se transforma en sospecha de manipulación del censo, el ciudadano tiene derecho a preguntar qué ha cambiado exactamente: la ley, el contexto, los datos, el Gobierno que la aplica o el cálculo electoral de quien la critica.
La hemeroteca no condena por sí sola, pero obliga a dar explicaciones.
En el plató, José Manuel García-Margallo trató de defender una posición más matizada. El exministro de Exteriores puso el foco en la falta de confianza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y en las dudas que, a su juicio, genera el uso electoral que podría hacerse de este proceso. Su argumento, resumido, era que el problema no estaría tanto en que los nietos de españoles puedan acceder a la nacionalidad, sino en quién gestiona ahora esa ampliación y con qué garantías.
Esa es una línea política comprensible desde la oposición: pedir controles, transparencia y seguridad jurídica. Pero Risto le replicó con el dato que cambia el encuadre. Feijóo también tiene antecedentes en esta materia. Hace no tanto, defendía una idea similar en términos favorables. Hoy la rodea de sospecha. Entonces, ¿el problema es la medida o es que la medida la impulsa otro?
Margallo respondió apelando al “daltonismo” político nacional: en España no se analiza tanto lo que se dice como quién lo dice. La frase tiene parte de verdad. Nuestra conversación pública está llena de ideas que cambian de valoración según el partido que las pronuncie. Si lo propone “mi lado”, es responsabilidad. Si lo propone “el otro”, es trampa. Si lo hace mi Gobierno, es reforma. Si lo hace el contrario, es maniobra. La ideología, en ocasiones, funciona como esas gafas de sol que deforman el color de todo.
Pero precisamente por eso la hemeroteca es útil.
Porque obliga a retirar las gafas durante unos segundos.
El caso de la “ley de nietos” es especialmente sensible porque combina memoria histórica, ciudadanía, voto exterior y cálculo electoral. Cada uno de esos elementos ya sería suficiente para provocar un debate intenso. Juntos forman una mezcla inflamable. Hablar de descendientes de exiliados no es hablar de una simple gestión burocrática. Hay detrás familias partidas por la guerra, migraciones, pérdida de nacionalidad, vínculos con España transmitidos durante generaciones y una historia de ida y vuelta con América Latina.
Reducir todo eso a una supuesta operación para engordar un censo resulta, como mínimo, una simplificación excesiva.
Eso no significa que no haya preguntas legítimas. Las hay. ¿Cuántas solicitudes se han presentado? ¿Cuántas se han aprobado? ¿Qué medios tienen los consulados? ¿Cómo se verifica la documentación? ¿Dónde se inscriben los nuevos ciudadanos? ¿Qué impacto real puede tener el voto exterior en determinadas provincias? Todas esas preguntas son razonables y deberían contestarse con datos.
El problema aparece cuando la pregunta se formula como sospecha antes de aportar pruebas.
Una cosa es decir: “Conviene revisar los procedimientos y garantizar que todo se tramite con rigor”. Otra muy distinta es sugerir que se está preparando un “pucherazo” o una manipulación electoral. Lo primero es fiscalización democrática. Lo segundo toca la confianza en el sistema. Y esa confianza no debería tratarse como un juguete de campaña.
Risto aportó además otro dato incómodo para el relato del PP: el voto exterior no es automáticamente favorable al PSOE ni al Gobierno. En las elecciones generales de 2023, el voto CERA en Madrid terminó otorgando al PP un escaño que inicialmente aparecía atribuido al PSOE. Ese resultado tuvo consecuencias políticas importantes porque obligó al bloque de investidura de Pedro Sánchez a depender del voto afirmativo de Junts, no solo de su abstención.
Es decir, si el voto exterior fuera una maquinaria diseñada para beneficiar al Gobierno, funcionaría de una manera bastante extraña: en un momento clave benefició al principal partido de la oposición.
Ese dato no demuestra que el voto exterior favorezca siempre al PP. Sería otro error. Lo que demuestra es que no puede tratarse como un bloque cautivo de nadie. Los españoles residentes en el extranjero votan de forma plural. Tienen distintas edades, trayectorias, países de residencia, intereses, identidades políticas y vínculos con España. No son una masa homogénea esperando instrucciones desde Moncloa, Génova o cualquier sede de partido.
El voto exterior tiene lógica propia.
Y esa lógica no cabe en una caricatura.
La reflexión final de Risto abrió otro debate distinto, también interesante: ¿qué sentido tiene que vote alguien que no vive en España ni consume directamente sus servicios públicos? La pregunta puede sonar provocadora, incluso incómoda, pero existe en muchas democracias. El voto de la diáspora siempre plantea tensiones entre nacionalidad, residencia, pertenencia y consecuencias políticas.
Hay quien defiende que todo ciudadano español debe votar viva donde viva, porque la nacionalidad implica derechos políticos plenos. Hay quien considera que debería limitarse el peso electoral de quienes no residen en el país, porque no sufren directamente las consecuencias cotidianas de las decisiones gubernamentales. Y hay posiciones intermedias: circunscripciones exteriores, modelos diferenciados o sistemas de representación específica para la diáspora.
Ese debate es legítimo.
Pero debe separarse de la sospecha de fraude. Discutir si el voto exterior debe reformarse no equivale a decir que los españoles en el extranjero estén adulterando una elección. Del mismo modo, discutir el diseño de la Ley de Memoria Democrática no equivale a negar la condición española de quienes cumplen los requisitos legales para acceder a la nacionalidad.
La política madura distingue planos. La política de trincheras los mezcla todos y luego llama “sentido común” al resultado.
Aquí se cruzan además dos tradiciones del PP que ahora chocan entre sí. Por un lado, el PP gallego ha cultivado históricamente una relación muy fuerte con la emigración española en América Latina. Durante años, la diáspora fue vista como una comunidad a la que cuidar, visitar y reconocer. Por otro lado, el PP nacional compite hoy con Vox en un marco discursivo más duro sobre inmigración, nacionalidad, fronteras y sospecha electoral. Cuando ambos mundos se encuentran, aparece la contradicción.
El nieto de un español en Buenos Aires puede ser visto como memoria familiar cuando conviene reivindicar raíces. Pero puede ser presentado como riesgo electoral cuando la norma que lo reconoce procede de un Gobierno adversario.
Ese es el giro que Risto subrayó.
La ironía del asunto es que Feijóo no necesita negar su pasado para formular una crítica seria. Podría decir: “Sigo defendiendo la nacionalidad para descendientes de españoles, pero rechazo esta norma concreta porque no tiene suficientes garantías”. Esa sería una posición discutible, pero clara. Lo que resulta más problemático es acercarse al lenguaje de la “fabricación de votantes”, porque entonces la discusión deja de ser sobre técnica jurídica y pasa a ser sobre legitimidad electoral.
Y ahí la hemeroteca se vuelve implacable.
También conviene recordar que la Ley de Memoria Democrática no crea españoles por capricho. Establece supuestos concretos. Los expedientes deben tramitarse, documentarse, verificarse y resolverse. Una cita no es una nacionalidad. Una solicitud no es una inscripción. Una inscripción no es un voto emitido. Y un voto emitido no pertenece automáticamente a un partido. En cada paso hay una distancia que el discurso político no debería borrar.
La tentación de inflar cifras es enorme. Se habla de millones de solicitudes como si todas fueran papeletas ya depositadas en una urna futura. Pero una democracia seria no puede funcionar con ese tipo de atajos. Si se quiere criticar el proceso, se deben mirar las cifras reales, las aprobaciones efectivas, las inscripciones consulares y la participación histórica del voto exterior. Lo demás es convertir un expediente administrativo en una novela de conspiración.
Y España ya tiene demasiadas novelas políticas mal escritas.
La intervención de Risto Mejide funciona porque no intenta resolver todo el debate en una frase. Lo que hace es señalar el punto débil del relato actual del PP: su falta de continuidad con lo que el propio Feijóo defendió antes. Y en política, la coherencia no lo es todo, pero sin coherencia cualquier argumento pierde peso.
El PP tiene derecho a pedir rigor, transparencia y control. Vox tiene derecho a oponerse a la ley. El Gobierno tiene la obligación de explicar bien los datos y no esconderse detrás de la palabra “memoria” como si eso cerrara cualquier crítica. Pero nadie debería jugar alegremente con la idea de pucherazo o manipulación del censo sin pruebas sólidas.
Porque la confianza electoral es una de esas cosas que se rompen antes de que nos demos cuenta.
Primero se dice que algo “huele raro”. Luego que “habrá que vigilar”. Después que “el sistema está preparado para favorecer al adversario”. Y cuando llegan las elecciones, media conversación pública ya no discute programas, sino sospechas. Ese camino es peligroso. No porque no puedan existir irregularidades, sino porque si existen deben denunciarse con pruebas, no con insinuaciones.
La hemeroteca, en este caso, no absuelve ni condena. Pero sí ilumina.
Y lo que ilumina es una contradicción difícil: el mismo dirigente que defendió facilitar la nacionalidad a descendientes de españoles hoy critica una norma similar cuando la iniciativa pertenece al Gobierno de Pedro Sánchez y cuando Vox ha convertido el asunto en una bandera de confrontación.
Risto lo vio y lo llevó al plató.
No hizo falta mucho más. Un vídeo antiguo, una pregunta sencilla y un dato sobre el voto exterior bastaron para desmontar la comodidad del relato. Porque a veces, en política, el golpe más fuerte no viene de un insulto ni de una bronca.
Viene de recordar exactamente lo que alguien dijo antes.
