El ataque de la derecha contra Sarah Santaolalla y Laura Arroyo ha sacudido a RTVE: una ola de odio que trasciende lo personal, se mezcla con el sexismo y amenaza la libertad de prensa. ¿Se trata de un ataque político disfrazado de debate ideológico?(NQ)

¿Por qué la derecha persigue a Sarah Santaolalla y Laura Arroyo?

 

 

 

 

 

 

 

 

RTVE marca un precedente contra los ataques misóginos y racistas en los medios: un paso histórico hacia la protección y la pluralidad.

 

 

En un contexto mediático cada vez más polarizado y hostil, especialmente para las mujeres y personas racializadas, Radio Televisión Española (RTVE) ha dado un paso valiente y necesario al emitir un comunicado repudiando los ataques misóginos y racistas sufridos por Laura Arroyo, directora de un conocido programa, y por la periodista Sara Pérez Santolaya.

 

 

Este gesto, lejos de ser un simple trámite institucional, marca un precedente que podría transformar la manera en que los medios de comunicación públicos enfrentan la discriminación y el acoso, y cómo protegen a sus trabajadores frente a campañas de odio que, lamentablemente, se han normalizado en el debate público español.

 

 

 

La reacción de RTVE ha sido celebrada tanto por las afectadas como por amplios sectores de la sociedad, que ven en este comunicado una señal de esperanza y un modelo a seguir.

 

 

Sara Pérez Santolaya, en una intervención televisiva, expresó su orgullo y emoción por el respaldo recibido, destacando la importancia de que los jefes no solo apoyen en privado, sino que lo hagan de manera pública y contundente.

 

 

“Es muy importante que tus jefes denuncien lo que está viviendo su trabajador, que te acompañen y te apoyen públicamente, porque eso ayuda a romper el silencio y el aislamiento que muchas mujeres han sufrido durante años”, afirmó la periodista.

 

 

Este respaldo institucional no solo protege a las trabajadoras actuales, sino que también abre camino para futuras generaciones de mujeres y personas racializadas en el periodismo y otros ámbitos públicos.

 

 

El comunicado de RTVE, además, envía un mensaje claro: los espacios públicos deben ser seguros y libres de discriminación, y las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la pluralidad de ideas y la libertad de expresión, sin tolerar el acoso ni la difamación.

 

 

 

La importancia de este comunicado se amplifica en un momento en que la ultraderecha y ciertos sectores políticos han intensificado sus ataques contra periodistas y figuras públicas que defienden valores progresistas o que simplemente representan la diversidad de la sociedad española.

 

 

Laura Arroyo, periodista peruana y directora de programa, ha sido objeto de campañas de odio con un componente racista especialmente virulento.

 

 

En sus propias palabras, “la amenaza es mucho más dura cuando el racismo se suma a la misoginia y al odio ideológico”.

 

 

Arroyo subraya que el feminismo debe ser interseccional, reconociendo que la opresión no solo viene del patriarcado, sino también de la xenofobia y el racismo institucional.

 

 

La situación de Arroyo y Pérez Santolaya no es un caso aislado. En los últimos años, figuras como Irene Montero y otras mujeres de la política y el periodismo han sido blanco de campañas de difamación, amenazas y acoso, muchas veces orquestadas desde redes sociales, medios digitales y, en ocasiones, amplificadas por partidos políticos.

 

 

La normalización de estos ataques ha generado un clima de miedo y autocensura, donde muchas mujeres han sido aisladas incluso de sus propios círculos profesionales y personales por atreverse a denunciar la injusticia.

 

 

 

 

 

El comunicado de RTVE, por tanto, no solo responde a una situación puntual, sino que se inscribe en una lucha más amplia por la igualdad, la justicia y la protección de los derechos humanos en los medios.

 

 

Al declarar que la televisión pública es un espacio seguro para todas las voces, independientemente de su origen, color de piel o ideología, la institución se posiciona como garante de la pluralidad y la inclusión, elementos fundamentales para una democracia sana y robusta.

 

 

En este contexto, resulta especialmente relevante la denuncia de la financiación pública de medios que fomentan el odio y la desinformación.

 

 

Laura Arroyo ha señalado cómo la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha destinado millones de euros a pseudomedios como OK Diario, Periodista Digital y Estado de Alarma TV, que funcionan como plataformas de propaganda política y que contribuyen a la polarización y al ataque sistemático contra periodistas y activistas.

 

 

Esta estrategia, según Arroyo, busca silenciar las voces incómodas y consolidar un discurso único, excluyendo a quienes defienden la verdad y la justicia social.

 

 

La respuesta de RTVE, en contraste, reivindica la pluralidad y la libertad de expresión, posicionándose como un contrapeso necesario frente a la manipulación mediática y el discurso de odio.

 

 

El comunicado, aunque valiente, también ha sido objeto de críticas por no mencionar explícitamente el racismo, una omisión que Arroyo considera importante señalar.

 

 

“Es fundamental nombrar el racismo y reconocer que la amenaza para las mujeres racializadas es mucho más dura”, subraya la periodista, recordando que su caso no solo implicó intentos de despido, sino también amenazas de deportación por parte de agentes de la ley.

 

 

El feminismo interseccional, que reconoce la multiplicidad de opresiones y la necesidad de una lucha conjunta, se convierte así en la clave para entender la importancia de este comunicado.

 

 

Mujeres como Sara Pérez Santolaya y Laura Arroyo, al unir sus voces y denunciar tanto el patriarcado como el racismo y la xenofobia, abren espacios de resistencia y solidaridad, demostrando que la lucha por la igualdad debe ser inclusiva y transversal.

 

 

La reacción social ante el comunicado ha sido mayoritariamente positiva, con muestras de apoyo desde distintos sectores, incluidos otros medios, figuras políticas y la ciudadanía.

 

 

El respaldo de la audiencia, la implicación de programas valientes y la movilización en redes sociales han sido fundamentales para que la denuncia no quede en el olvido y para que se reconozca el trabajo y la valentía de quienes se enfrentan a las campañas de odio.

 

 

En definitiva, el comunicado de RTVE representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y personas racializadas en los medios de comunicación.

 

 

Marca un antes y un después en la manera en que las instituciones públicas deben responder ante el acoso y la discriminación, y sienta las bases para una cultura mediática más justa, plural y respetuosa.

 

 

La lucha continúa, pero con gestos como este, la esperanza de un periodismo libre, seguro e inclusivo está más cerca de ser una realidad.

 

 

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