BESTIAL! Se queda EN SILENCIO, mira FIJAMENTE a PSOE ¡y SE VIENEN ABAJO entrando EN PÁNICO!.
La escena no fue una más en el calendario parlamentario ni un simple trámite retórico destinado a llenar titulares durante unas horas.
Lo que se escuchó en el Senado fue un discurso concebido para marcar un antes y un después, para fijar una línea roja y obligar a todos —gobierno, oposición y ciudadanía— a mirar de frente una pregunta incómoda: qué tipo de democracia está siendo hoy España y hasta dónde está dispuesto a llegar el poder político para preservar sus propios intereses.
Desde el primer minuto, el tono fue inequívoco. No se estaba debatiendo una moción más, ni siquiera una iniciativa parlamentaria concreta.
El planteamiento era mucho más profundo y, precisamente por eso, más inquietante.
La intervención situó el debate en un terreno casi existencial: o España sigue siendo un Estado de derecho homologable a las democracias más sólidas del mundo, o el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado un proceso consciente de sustitución de la ley por una voluntad política que muchos ya califican abiertamente de autocrática.
No era un recurso retórico exagerado. El orador insistió en que lo que estaba en juego no era una diferencia ideológica ni una confrontación partidista clásica, sino una auténtica frontera democrática.
Y recordó que el Senado, como cámara de representación territorial y como institución con funciones de control constitucional, no solo tiene el derecho, sino la obligación de trazar esa frontera con claridad, sin ambigüedades ni silencios cómplices.
El núcleo del discurso se articuló alrededor de un hecho que, de ser cierto, resulta demoledor para cualquier sistema democrático: la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su función.
No se presentó como un error administrativo ni como una irregularidad técnica subsanable.
Se describió como lo que sería en términos institucionales: una vulneración gravísima cometida, paradójicamente, por quien tiene la misión constitucional de proteger la legalidad.
La gravedad no residía únicamente en la hipotética condena, sino en la reacción posterior del Gobierno.
Según el relato expuesto en la Cámara Alta, lo esperable en una democracia madura habría sido una respuesta inmediata basada en la asunción de responsabilidades, la dimisión, la explicación pública y el respeto escrupuloso a las instituciones.
Sin embargo, lo que se denunció fue exactamente lo contrario: una reacción partidista, personalista y agresiva.
El Ejecutivo, lejos de acatar la sentencia del Supremo, habría optado por atacarla.
Declaraciones públicas del presidente del Gobierno proclamando la inocencia del condenado, como si se tratara de un tribunal paralelo; una portavoz avalando esa tesis desde la mesa del Consejo de Ministros; y una vicepresidenta llamando a la movilización ciudadana contra los jueces del Tribunal Supremo.
Para quien hablaba, aquello no podía maquillarse como libertad de expresión ni como discrepancia política legítima.
Era, en palabras contundentes, hostigamiento institucional e intimidación directa al poder judicial.
El discurso subrayó un dato que, de ser asumido por la opinión pública, resulta estremecedor: por primera vez desde la Transición, un Gobierno democrático estaría señalando a jueces por cumplir la ley.
No por prevaricar, no por actuar fuera del marco constitucional, sino precisamente por hacer aquello que se espera de ellos.
Y esa conducta, se afirmó sin rodeos, solo es propia de los peores gobiernos, de aquellos que confunden autoridad con impunidad.
Lejos de tratarlo como un episodio aislado o fruto de un calentón coyuntural, la intervención lo encuadró dentro de un patrón político reconocible, al que se aludió como “sanchismo”.
Un patrón en el que cada contrapeso institucional que actúa se convierte automáticamente en enemigo.
Si la justicia investiga al poder, el poder ataca a la justicia. Si un tribunal limita un abuso, se desacredita al tribunal.
Si el Parlamento no obedece, se ignora al Parlamento. Y si la ley estorba, se intenta sustituir por propaganda
.
La acusación fue aún más lejos al recordar declaraciones del propio Gobierno en las que se habría llegado a afirmar que se seguiría adelante “con o sin el Parlamento”.
En cualquier democracia europea consolidada, se insistió, una afirmación así sería considerada una aberración democrática incompatible con la permanencia en el poder.
No es una frase desafortunada: es una declaración de principios que revela una concepción patrimonial del Estado.
Mientras todo esto ocurre dentro de las instituciones, el discurso se preguntó qué está sucediendo fuera, ante las puertas del Senado.
La respuesta fue clara: desprecio institucional, bloqueo sistemático y obstrucción deliberada. Proposiciones aprobadas en la Cámara Alta que se frenan en el Congreso.
Enmiendas aceptadas que se rechazan artificialmente en el trámite posterior. Proyectos sin mayoría parlamentaria que se intentan imponer por la puerta de atrás.
El resultado, según esta visión, es un intento deliberado de vaciar el Parlamento hasta convertirlo en un mero decorado, un trámite ornamental sin capacidad real de control.
Pero el Parlamento, recordó el orador, no existe para servir al Gobierno. Existe para controlarlo, para fiscalizarlo y para defender el Estado de derecho y la Constitución.
Cuando un Ejecutivo insulta al poder judicial, se burla del legislativo y presenta cualquier crítica democrática como una conspiración, no está gobernando: está erosionando los fundamentos mismos de la democracia.
Uno de los pasajes más significativos fue el que alertó sobre el intento de invertir el lenguaje y los valores.
Presentar el respeto a la ley como algo reaccionario. Calificar la exigencia de explicaciones como persecución política.
Convertir la petición de responsabilidades democráticas en un ataque ilegítimo. Para quien habló, esto no es progresismo ni pluralismo, sino populismo autoritario en estado puro.
La advertencia no se dirigió solo a los escaños del Gobierno, sino a la sociedad en su conjunto.
Los españoles, se afirmó, no están dispuestos a aceptar esa deriva. Porque hay principios que no se negocian ni se relativizan: la separación de poderes, la independencia judicial, el respeto a las sentencias y la conciencia de que el inquilino de La Moncloa no es el dueño de las instituciones, sino su servidor temporal.
La parte final del discurso adquirió un tono casi pedagógico, como si se quisiera dejar constancia para la historia.
Un Estado de derecho se sostiene sobre una verdad sencilla pero poderosa: el poder está sometido a la ley.
Esa es la primera línea de defensa de la libertad. Y esa es, según la acusación formulada, la línea que el actual Gobierno habría cruzado.
De ahí que la moción debatida no se presentara como un gesto simbólico ni como un trámite más, sino como una advertencia institucional de enorme calado.
Las instituciones están por encima de cualquier Gobierno, sin excepción. Y cuando ese principio se pone en cuestión, el silencio se convierte en complicidad.
En un segundo bloque del texto, la atención se desplazó hacia una serie de acontecimientos judiciales encadenados que, paradójicamente, refuerzan la confianza en la independencia de la justicia.
Frente a las intromisiones, presiones y ataques de determinados responsables políticos, los tribunales habrían seguido actuando como baluarte esencial del Estado de derecho.
Precisamente por eso, se alertó del peligro de abrir la puerta a una “justicia a la carta”, exigida por quienes no aceptan resoluciones que no les son favorables.
En este contexto se situaron las iniciativas legislativas impulsadas desde el Ministerio de Justicia, señaladas como intentos desesperados de condicionar la independencia judicial mediante reformas ad hoc.
Especialmente grave sería la reforma de la acción popular, que recortaría su ámbito de actuación, limitaría su intervención en la fase de investigación penal y restringiría la admisión de procedimientos cuando estos se apoyan en informaciones publicadas por los medios de comunicación.
Más allá de los tecnicismos jurídicos, el mensaje de fondo era claro: cuando el poder político intenta controlar quién puede investigar, cómo y en qué condiciones, la democracia empieza a vaciarse por dentro.
No hace falta un golpe de Estado clásico para debilitar un sistema democrático. Basta con erosionar poco a poco sus contrapesos, desacreditar a quienes fiscalizan y convertir la ley en un instrumento al servicio del gobernante de turno.
El discurso terminó como empezó: apelando a la responsabilidad histórica. A la obligación de decir basta. Basta de utilizar la Fiscalía como herramienta política.
Basta de señalar a magistrados por ejercer su función. Basta de vaciar al Parlamento cuando no conviene. Basta de gobernar como si las instituciones fueran una propiedad privada.
La justicia, se recordó, ya ha hablado. El Parlamento también. Ahora le corresponde al Gobierno decidir de qué lado está: del lado de la democracia o en contra de ella.
Quienes pronunciaron y respaldaron estas palabras no dejaron lugar a dudas sobre su posición.
Y con ello lanzaron un mensaje que trasciende el hemiciclo: la democracia no se defiende sola, y cada cesión, cada silencio y cada justificación tiene consecuencias.
