RUFIÁN y FEIJÓO se enfrentan en el CONGRESO por la GESTIÓN DE LA DANA.

 

 

Hay momentos en el Parlamento que no se olvidan. No porque cambien una ley de inmediato o porque caiga un gobierno esa misma tarde, sino porque dejan al descubierto algo mucho más profundo: la forma en la que el poder se relaciona con la verdad, con las víctimas y con la responsabilidad.

 

La comparecencia que enfrentó a Alberto Núñez Feijóo y a Gabriel Rufián en la comisión sobre la DANA de Valencia es uno de esos momentos que marcan época.

 

Un choque áspero, incómodo, cargado de datos, silencios, gritos y una sensación persistente de que algo no cuadra en el relato oficial que el Partido Popular lleva más de un año defendiendo.

 

Desde el primer minuto, Rufián dejó claro que no estaba allí para dialogar ni para intercambiar cortesías parlamentarias. Lo dijo sin rodeos.

 

Aquello no era una conversación, era una exposición pública de lo que calificó como “mentiras flagrantes”.

 

Y las fue desgranando una a una, con fechas, horas y nombres propios, mientras el ambiente se iba tensando hasta límites difíciles de disimular.

 

La primera grieta apareció muy pronto. Feijóo había insistido en que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del riesgo.

 

Rufián desmontó esa afirmación con precisión quirúrgica: avisos a las 11:45 y a las 12:20 del mismo día en que la DANA arrasó Valencia.

 

Avisos que llegaron cinco horas antes de que se constituyera el CECOPI, un órgano que depende exclusivamente de la comunidad autónoma. La pregunta quedó flotando en el aire, sin necesidad de respuesta: ¿qué habría pasado si se hubiera actuado a tiempo?

 

A partir de ahí, el relato empezó a resquebrajarse. La segunda gran acusación apuntó a uno de los elementos más sensibles del caso: los mensajes.

 

Feijóo había manifestado su deseo de conocer las comunicaciones entre Carlos Mazón y el presidente del Gobierno durante aquellas horas críticas.

 

Según Rufián, eso era materialmente imposible durante buena parte de la tarde, porque Mazón estaba “donde estaba” y quien gestionaba las comunicaciones era su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

 

Un detalle clave lo cambia todo: ese móvil fue formateado. Borrado. Eliminado. Con él, cualquier rastro de lo que realmente ocurrió mientras el agua subía y la gente moría.

 

La tercera contradicción fue casi grotesca por su simpleza. Feijóo afirmó no haber cambiado nunca de teléfono.

 

Sin embargo, días antes había reconocido exactamente lo contrario en una rueda de prensa, apenas cinco minutos después de negarlo.

 

Un cambio de versión exprés, justificado por una supuesta avería. Casualidades que, acumuladas, empiezan a parecer algo más que mala suerte.

 

La cuarta acusación tocó un nervio especialmente sensible: si Feijóo dice querer la verdad, ¿por qué tardó más de un año en entregar sus mensajes? No lo hizo de forma voluntaria, sino tras un requerimiento judicial.

 

Y lo hizo, además, en plena Nochebuena. Un gesto que Rufián calificó de “regalo” para las víctimas, con una ironía tan amarga como difícil de rebatir.

 

Pero quizá el punto más demoledor llegó con la cuestión de las indemnizaciones. Feijóo aseguró que la Generalitat había abonado más del 90% de ellas.

 

 

 

Según Rufián, eso es rotundamente falso. No se ha pagado ni un euro a las víctimas mortales de la DANA.

 

Lo único que se ha cubierto son daños materiales: coches, desperfectos en viviendas. ¿La razón? Las familias no están reconocidas oficialmente como víctimas.

 

No existe un decreto del Consell que las nombre como tal. Sin reconocimiento, no hay derechos. Sin derechos, no hay compensación. Así de crudo. Así de simple.

 

A partir de ese momento, la sesión derivó en un intercambio cada vez más bronco. Feijóo pasó al ataque, acusando a Rufián de ser “colaborador necesario” del Gobierno.

 

El ruido en la sala obligó a la presidencia a intervenir una y otra vez. El debate se desbordaba, pero el fondo seguía ahí: quién asume responsabilidades cuando una tragedia mata a cientos de personas.

 

La comparación con otros accidentes encendió aún más los ánimos. Rufián puso sobre la mesa una cuestión que muchos ciudadanos se hacen desde hace tiempo: ¿por qué Feijóo exigió la dimisión inmediata del ministro Óscar Puente tras el accidente de Adamuz, mientras protegió durante un año a Carlos Mazón? Un ministro que compareció en cuestión de minutos, frente a un presidente autonómico que acumuló hasta quince versiones distintas sobre dónde estaba y qué hizo aquella noche.

 

 

La palabra “miserable” resonó con fuerza cuando Rufián comparó ambas actuaciones. Un ministro dando explicaciones públicas casi de inmediato frente a un dirigente que, según se recordó, estaba en un reservado de un restaurante mientras la tragedia se desarrollaba. No era solo una comparación política; era una comparación moral.

 

 

La tensión alcanzó su punto máximo cuando se habló de las víctimas. De quién se reúne con ellas, de quién las respeta y de quién las utiliza.

 

Rufián recordó cómo desde el entorno del PP se ha llegado a llamar “plataformas de frustrados” a familiares que solo pedían verdad y justicia. La pregunta era directa y dolorosa: ¿eso es respetar a las víctimas?

 

El cruce dejó una sensación incómoda en la sala. No solo por los gritos o las interrupciones, sino porque detrás de cada reproche había nombres, historias y familias que siguen esperando respuestas.

 

Personas que no buscan titulares ni bronca parlamentaria, sino saber por qué nadie actuó cuando había tiempo para hacerlo.

 

La comparecencia terminó como empezó: sin consenso, sin acuerdos, sin respuestas claras. Pero con algo quizá más importante: el relato oficial quedó tocado.

 

Muy tocado. Porque cuando las versiones cambian, cuando los móviles se formatean, cuando los mensajes aparecen un año después y cuando las víctimas ni siquiera son reconocidas como tales, la confianza se rompe.

 

Este episodio no es solo un enfrentamiento entre dos diputados con estilos opuestos. Es un espejo incómodo de cómo se gestionan las responsabilidades en España cuando el poder está en juego.

 

Y también una advertencia. La historia, como dijo Rufián, juzga. Y cuando lo hace, no suele atender a excusas, ni a gritos, ni a mayorías parlamentarias. Atiende a los hechos. A las decisiones. Y a las consecuencias.

 

Lo ocurrido en esa comisión no cerrará heridas. Pero las ha vuelto a abrir ante la opinión pública.

 

Y quizá eso sea el primer paso para que algún día se haga justicia de verdad. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire, tan incómoda como inevitable: ¿quién falló y por qué todavía nadie ha asumido plenamente su responsabilidad?