DESTAPAN AMENAZAS DE AYUSO DENTRO DEL PP “IMPONE LEY DEL SILENCIO PARA NO HABLAR ALBERTO QUIRÓN”.
Hay cifras que no se olvidan aunque pasen los años. Números que no son estadísticas frías, sino nombres, rostros, historias truncadas.
En la Comunidad de Madrid hay uno que sigue pesando como una losa: 7.291 mayores fallecidos en residencias durante la pandemia sin recibir atención hospitalaria.
Un dato que no ha desaparecido de la memoria colectiva y que vuelve a irrumpir con fuerza ahora, al conocerse que más de 61 millones de euros originalmente destinados a residencias públicas acabaron utilizándose para saldar deudas con el grupo sanitario privado Quirón.
La noticia no solo ha provocado indignación política; ha reabierto una herida que nunca terminó de cerrar.
El descubrimiento no llegó por una comparecencia solemne ni por un anuncio del Gobierno regional.
Llegó, como tantas veces, a través de un informe técnico: la fiscalización anual de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid correspondiente a 2024.
En ese documento se detalla un movimiento de capital desde la Agencia Madrileña de Atención Social —el organismo encargado de gestionar las residencias— hacia el Servicio Madrileño de Salud, por un importe de 61,5 millones de euros.
El destino final: compensar deudas pendientes con la Fundación Jiménez Díaz, el principal hospital del grupo Quirón en Madrid, por la actividad de “libre elección” sanitaria de años anteriores.
Legalmente, la operación está contemplada en la normativa presupuestaria. Moralmente, el debate es otro muy distinto. Y es ahí donde estalla la polémica.
Las asociaciones de familiares de víctimas de las residencias no tardaron en reaccionar.
Para ellas, el problema no es solo el dinero, sino lo que simboliza. Durante años han denunciado falta de personal, instalaciones deficientes, escasez de recursos y una atención que consideran indigna para personas mayores que habían cotizado toda su vida.
Saber ahora que existían remanentes millonarios sin ejecutar mientras se acumulaban quejas y carencias ha sido, para muchos, la gota que colma el vaso. “Esto ha sido un fraude a los mayores”, repiten con rabia y cansancio.
La Comunidad de Madrid ha defendido la operación calificándola de “ordinaria y habitual”.
Desde la Consejería de Economía y Hacienda se insiste en que se trata de remanentes no ejecutados en ejercicios anteriores y que la ley permite su reasignación para atender otras obligaciones.
El problema, señalan los críticos, no es solo si es legal, sino por qué ese dinero no se gastó donde hacía falta y por qué el silencio institucional ha sido la norma hasta que el informe lo sacó a la luz.
Porque no se trata de una cifra aislada. Los datos acumulados dibujan un patrón. Según informaciones publicadas por medios como Infolibre o la Cadena SER, la factura de la sanidad privatizada en Madrid no ha dejado de crecer en los últimos años.
Solo en 2024, el grupo Quirón habría recibido alrededor de 1.611 millones de euros de la Comunidad de Madrid, una cifra récord. Desde 2018, el montante total destinado a este grupo supera los 5.600 millones de euros. Ningún otro operador sanitario privado se acerca a esos números.
Al mismo tiempo, las inversiones previstas para residencias públicas no se ejecutan en su totalidad.
En 2024, por ejemplo, se presupuestaron cerca de 77 millones de euros para inversiones en residencias, pero no llegó a gastarse ni la mitad.
Ese desfase es el que acaba generando los remanentes que luego se redirigen a otros fines. La pregunta que se hacen los familiares es sencilla y demoledora: ¿de verdad sobraba ese dinero en residencias?
El contexto hace que la controversia sea aún más incómoda para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
No solo por el recuerdo de la gestión de las residencias durante la pandemia, sino también por la relación personal y política que rodea al grupo Quirón.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha trabajado para este gigante sanitario, según se ha publicado, incluso utilizando un correo corporativo con nombre distinto.
Además, desde que inició su relación con Ayuso, sus ingresos vinculados al grupo se habrían duplicado. Todo ello está siendo objeto de investigación judicial y periodística.
Nadie sostiene, al menos de forma explícita, que exista una ilegalidad probada en estas transferencias.
Pero la acumulación de hechos plantea un conflicto ético evidente. Cuando una empresa privada es, de lejos, la principal adjudicataria de contratos sanitarios de una comunidad y, al mismo tiempo, existe una relación personal tan estrecha con la presidenta, la exigencia de transparencia debería ser máxima.
Y sin embargo, lo que hay es opacidad, explicaciones tardías y una sensación generalizada de que las decisiones se toman lejos del escrutinio público.
El informe de la Cámara de Cuentas añade otro elemento delicado: su presidencia. Desde abril de 2024, el organismo está encabezado por Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid.
Su nombramiento ya generó controversia en su momento, interpretado por algunos como una maniobra política de Ayuso para introducir una cuña en el PSOE.
Ahora, con un informe que destapa movimientos tan sensibles, las miradas se dirigen también a la institución fiscalizadora y a su papel real como garante de la transparencia.
Mientras tanto, la percepción ciudadana sobre la sanidad pública se deteriora. La encuesta de 40dB para la Cadena SER y El País lo refleja con claridad. Aunque cerca del 70% de los españoles sigue creyendo que hay que reforzar la sanidad pública incluso pagando más impuestos, ese apoyo ha caído de forma significativa en apenas tres años.
Al mismo tiempo, crece el número de personas dispuestas a aceptar una rebaja fiscal aunque ello implique un empeoramiento de los servicios públicos.
En Madrid, la sensación de privatización es más intensa que en ninguna otra comunidad: uno de cada dos madrileños cree que la sanidad está cada vez más en manos privadas.
Esta dualización tiene consecuencias profundas. Por un lado, quienes pueden permitírselo contratan seguros privados, aunque cada vez con más quejas por listas de espera, restricciones y derivaciones a la pública cuando los tratamientos son costosos.
Por otro, quienes dependen exclusivamente del sistema público perciben un deterioro constante que mina la confianza. El resultado es una brecha social que no solo es económica, sino también política y cultural.
En ese contexto, el uso de dinero destinado a residencias para pagar deudas sanitarias privadas se convierte en un símbolo poderoso.
No es solo una cuestión contable; es una declaración de prioridades. Residencias de mayores con menos recursos frente a un grupo privado que bate récords de facturación. Ancianos que murieron solos frente a balances que cuadran gracias a remanentes no ejecutados.
La oposición habla de “desmantelamiento consciente” del Estado del bienestar en Madrid. El Gobierno regional responde que el modelo público-privado es legítimo, eficiente y comparable al de otras comunidades o países.
Ambas cosas pueden ser ciertas en abstracto. Pero el problema concreto sigue ahí: ¿por qué una deuda multimillonaria con un grupo privado no estaba correctamente prevista en los presupuestos? ¿Por qué se ha ido pagando a base de transferencias extraordinarias que parecen no tener fin? ¿Cuándo se acaba esa deuda?
Expertos en gestión sanitaria subrayan otro punto inquietante: la dificultad para conocer el coste real de cada cama concertada en Madrid.
Mientras los datos de la sanidad pública son relativamente transparentes, el precio exacto de los servicios privatizados resulta opaco incluso para investigadores especializados.
Esa falta de información impide evaluar si el modelo es realmente más eficiente o simplemente más rentable para las empresas adjudicatarias.
La “libre elección” sanitaria, uno de los pilares del discurso del Gobierno madrileño, tampoco está exenta de crítica.
Muchos pacientes relatan que esa elección es forzada: o aceptan ser derivados a un centro privado o asumen meses de espera en la pública.
La libertad, en esos casos, se parece más a una imposición encubierta que a una opción real.
Todo esto ocurre mientras las residencias públicas siguen acumulando quejas. Falta de personal, ratios insuficientes, atención medicalizada limitada.
Resulta difícil sostener que sobraban más de 60 millones de euros cuando las propias memorias de las residencias reflejan carencias estructurales.
Que ese dinero acabara pagando deudas sanitarias privadas es, para muchos, una humillación añadida.
El debate de fondo va mucho más allá de Ayuso o de Quirón. Habla de qué modelo de sociedad se está construyendo.
De si el cuidado de los mayores es una prioridad real o una partida ajustable. De si la sanidad es un derecho garantizado o un negocio en expansión.
Y de hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a aceptar que lo público se degrade mientras lo privado crece.
Las asociaciones de víctimas de las residencias lo tienen claro. No piden solo explicaciones técnicas.
Piden responsabilidades políticas, investigación independiente y, sobre todo, que no vuelva a ocurrir.
“Ya basta”, dicen. Basta de silencio, basta de remanentes sin gastar, basta de priorizar balances sobre vidas.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en que todo es legal. Pero la legalidad no siempre coincide con la justicia ni con la ética.
Y en política, ignorar esa diferencia suele tener un coste. Porque las cifras, por sí solas, pueden parecer abstractas. Pero cuando se conectan con historias reales —con padres, madres, abuelos— se convierten en algo imposible de ignorar.
Madrid se enfrenta a una pregunta incómoda que no se resolverá con informes ni ruedas de prensa: ¿qué se hace primero con el dinero público, cuidar a quienes ya no pueden defenderse o saldar deudas con quienes siempre encuentran la manera de cobrar? La respuesta no está en los presupuestos, sino en las decisiones. Y esas decisiones, tarde o temprano, pasan factura.
