GOLPE A AYUSO “CONVOCAN PLENO PARA DESTITUIR A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ EN LA ASAMBLEA DE MADRID”.

 

 

 

 

Hay días en los que la política madrileña avanza a trompicones y otros en los que, de pronto, todo estalla.

 

Lo ocurrido en la última Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid pertenece claramente a esta segunda categoría.

 

Nada de gestos rutinarios ni debates previsibles. Lo que se activó allí fue una grieta profunda en el relato de poder que Isabel Díaz Ayuso ha construido durante años, una grieta que llega hasta el corazón mismo de su forma de gobernar: su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y el uso del poder institucional para blindarse, silenciar críticas y controlar el debate público.

 

 

La escena no tiene nada de menor. Por primera vez, y por orden directa del Tribunal Constitucional, la Asamblea de Madrid debatirá la reprobación de Miguel Ángel Rodríguez, el hombre señalado por la oposición como el principal ejecutor de las prácticas más agresivas, opacas y deshumanizadas del ayusismo.

 

Un nombre que no suele aparecer en los carteles electorales, pero que, según denuncian desde hace años distintos grupos parlamentarios y organizaciones civiles, ha sido clave en la estrategia de confrontación permanente, presión mediática y uso partidista del dinero público.

 

 

Durante meses, esta iniciativa estuvo bloqueada. Vetada. Silenciada. No porque careciera de argumentos, sino porque la mayoría absoluta del Partido Popular decidió que de eso no se hablaba.

 

Hasta que el Tribunal Constitucional dijo basta. Hasta que dejó claro algo que debería ser obvio en cualquier democracia: que el partido que gobierna no decide qué se puede debatir en el Parlamento.

 

Y que vetar iniciativas incómodas no es una estrategia política, es una vulneración de derechos.

 

Ese es el contexto en el que la oposición ha elevado el tono. Y no lo ha hecho con eufemismos. Miguel Ángel Rodríguez fue señalado directamente como la persona que llegó a amenazar con cerrar eldiario.es por publicar informaciones contrastadas sobre el novio de la presidenta, informaciones relacionadas con delitos fiscales.

 

Un episodio que, lejos de aclararse, se convirtió en símbolo de una forma de entender el poder: intimidar al mensajero en lugar de responder a los hechos.

 

Pero las acusaciones no se quedan ahí. Se habló de una carrera profesional dedicada a intoxicar el debate público, a insultar sistemáticamente al adversario, a convertir la deshumanización en herramienta política.

 

Y, sobre todo, de un uso continuado del dinero público madrileño desde 2020 para alimentar una red de prensa afín, pagar publirreportajes favorables a Ayuso y difundir bulos destinados a protegerla de cualquier crítica.

 

La reprobación llega, además, en un momento especialmente delicado para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Porque hay heridas que no cierran.

 

 

Y una de ellas sigue supurando dolor e indignación: la muerte de 7.291 personas mayores en las residencias durante la pandemia.

 

Un número que no es una estadística, sino miles de historias truncadas. Padres, madres, abuelos y abuelas que murieron abandonados, sin atención médica adecuada, sin fármacos, sin material, como ya se ha reconocido en sede judicial.

 

La oposición no habla del pasado como algo superado. Insiste en que esto no es historia antigua.

 

A día de hoy, las residencias madrileñas siguen sin estar medicalizadas. Falta personal.

 

Los trabajadores están al límite, con retrasos en el pago de sus nóminas. Y mientras tanto, se denuncia que se detrae dinero del presupuesto destinado al cuidado de los mayores para pagar a empresas privadas, entre ellas Quirón, vinculada laboralmente al entorno personal de la presidenta.

 

 

La pregunta flota en el ambiente con una incomodidad creciente: ¿qué más hace falta para que Isabel Díaz Ayuso dé explicaciones? ¿Cuántas pruebas, cuántos autos judiciales, cuántos testimonios de familias destrozadas? La sensación de impunidad es uno de los elementos que más erosionan la confianza democrática, y eso es precisamente lo que la oposición denuncia que se ha instalado en Madrid.

 

 

El tono del discurso no fue casual. Se habló de “prácticas mafiosas”, de insulto como método político, de una mayoría absoluta utilizada como rodillo para saltarse los controles más básicos.

 

Se señaló directamente la degradación de la convivencia democrática, alimentada por una estrategia de confrontación constante, donde la discrepancia legítima se confunde deliberadamente con el señalamiento personal.

 

 

En ese marco, no pasó desapercibido el llamamiento a que el Partido Popular condene los insultos dirigidos al presidente del Gobierno por parte de cargos de su formación.

 

Un gesto que, más allá de siglas, tendría un valor simbólico enorme. Porque normalizar el insulto desde las instituciones tiene consecuencias. Porque cuando se cruza esa línea, lo que se degrada no es al adversario, sino el sistema entero.

 

La intervención también apuntó a los referentes internacionales que Ayuso ha elogiado o normalizado en distintas ocasiones.

 

Trump, Netanyahu, Milei. Figuras asociadas a políticas de extrema dureza, recortes de derechos, ataques a la prensa y desprecio por los contrapesos democráticos.

 

La advertencia fue clara: España es un país democrático, con una justicia que defiende la pluralidad, y no va a permitir que se importen modelos autoritarios por la puerta de atrás.

 

El control de Telemadrid fue otro de los grandes ejes del discurso. La televisión pública madrileña, denunciaron, ha sido convertida en un altavoz personal de la presidenta, en una especie de TikTok institucional al servicio de su imagen.

 

Mientras Ayuso se queja en medios privados, se recuerda que ha utilizado una ley para controlar el ente público y convertirlo en una herramienta propagandística financiada con dinero de todos.

 

También hubo espacio para hablar de inmigración, uno de los terrenos donde el discurso de Ayuso ha dado un giro inquietante.

 

Frente a la narrativa que vincula inmigración con colapso de servicios públicos, se lanzó un mensaje directo: las personas migrantes no son el problema.

 

Aportan, trabajan, sostienen sectores enteros de la economía. El verdadero peligro para los servicios públicos, se insistió, es una gestión que no invierte en ellos y prefiere derivar recursos a empresas privadas.

 

La crítica se extendió a las universidades públicas, ahogadas financieramente mientras se despliegan alfombras rojas a centros privados; a la formación profesional, con contratos troceados; a la sanidad, con urgencias funcionando a temperaturas bajo cero; y a la educación pública, donde alumnos dan clase con abrigo y guantes porque la calefacción no funciona.

 

 

La imagen es potente y difícil de digerir: la comunidad más rica de España permitiendo que niños y adolescentes estudien a menos de 17 grados, mientras se refuerza un mensaje implícito de desigualdad.

 

Si quieres estudiar calentito, dependerá del dinero de tu familia. Ese es el modelo que se denuncia, y no es una exageración retórica, sino una realidad documentada por sindicatos y profesionales.

 

El problema de la vivienda, el mayor quebradero de cabeza para los madrileños, cerró el círculo. Una competencia directa del Gobierno regional que, según la oposición, Ayuso ha decidido no ejercer.

 

Renuncia a aplicar la ley estatal de vivienda, que permitiría movilizar miles de millones de euros, y en su lugar presenta un anteproyecto que favorece a grandes tenedores, fondos buitre y al mercado especulativo.

 

Todo esto ocurre mientras la presidenta mantiene una agenda difusa, con viajes y encuentros internacionales comunicados desde cuentas oficiales, pero sin resultados claros para la vida cotidiana de los madrileños.

 

La pregunta que se le lanzará en el pleno no es anecdótica: cómo valora su agenda del último mes en relación con los intereses reales de la ciudadanía.

 

La activación de la reprobación de Miguel Ángel Rodríguez no es un gesto aislado. Es el síntoma de algo más profundo: el fin de los vetos, el fin del silencio impuesto, el inicio de una etapa en la que temas incómodos tendrán que debatirse, guste o no al Gobierno regional. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria democrática.

 

 

Lo que está en juego no es solo un nombre propio, ni una reprobación parlamentaria. Es el modelo de poder, la relación con la verdad, el respeto a las instituciones y a las personas más vulnerables.

 

Las familias de las residencias siguen esperando justicia. Los trabajadores públicos siguen sosteniendo servicios al límite.

 

Y una parte creciente de la sociedad madrileña empieza a preguntarse hasta cuándo se puede gobernar a base de propaganda, confrontación y silencio.

 

Este debate no va a desaparecer. Al contrario, acaba de empezar. Y lo que ocurra en los próximos plenos marcará no solo el rumbo político de Madrid, sino el tipo de democracia que se está construyendo.

 

Porque hay momentos en los que mirar hacia otro lado ya no es una opción. Y este parece ser uno de ellos.