Iñaki López utiliza un eslogan de Ayuso para desmontar su hipocresía con el bulo del cambio de censo: “La autora de…”.
La madrileña, en sintonía con el argumentario del PP, asegura que la regularización de migrantes es una “maniobra electoral”.
Iñaki López e Isabel Díaz Ayuso.
Hay debates que estallan de repente y otros que llevan años fermentando bajo la superficie hasta que una decisión política actúa como detonante.
La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros esta semana pertenece claramente al segundo grupo.
No es una medida aislada, ni improvisada, ni surgida de la nada. Sin embargo, bastaron unas horas desde su aprobación para que la derecha y la extrema derecha españolas activaran un mismo relato, repetido casi como un mantra: que el Gobierno quiere “alterar el censo”, que se trata de una “maniobra electoral” y que detrás de todo hay una estrategia oscura para ganar elecciones futuras.
El ruido fue inmediato. Declaraciones airadas, titulares alarmistas, mensajes virales en redes sociales y una idea central que se repetía sin descanso: el miedo.
Miedo al otro, miedo al cambio, miedo a perder poder. En ese contexto, dos voces desde el ámbito mediático —Iñaki López y Silvia Intxaurrondo— decidieron hacer algo poco habitual en el debate político actual: parar, mirar los datos, tirar de memoria y confrontar el discurso con sus propias contradicciones.
La regularización extraordinaria de migrantes llega tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, y tiene como objetivo sacar de la invisibilidad administrativa a cientos de miles de personas que ya viven, trabajan y contribuyen en España.
Personas que pagan alquileres, que cuidan mayores, que trabajan en el campo, en la hostelería, en la construcción.
Personas que, pese a todo eso, siguen sin papeles y, por tanto, sin derechos plenos. Esa es la base real de la medida. Pero esa realidad ha quedado sepultada bajo un alud de acusaciones interesadas.
Isabel Díaz Ayuso fue una de las dirigentes que más lejos llevó ese discurso. En un tono abiertamente alarmista, aseguró que el Gobierno está “utilizando de manera electoralista a la inmigración”, que pretende “transformar culturalmente a España” y que la regularización busca “manipular los censos” de cara a las próximas elecciones.
Llegó incluso a lanzar cifras al aire, hablando de “uno o tres millones más” de personas, sin respaldo concreto, mezclando deliberadamente conceptos como vivienda, sanidad y colapso de servicios públicos para reforzar una sensación de caos inminente.
El mensaje caló en determinados sectores, pero también provocó una reacción inmediata. Iñaki López, desde sus redes sociales, desmontó la hipocresía del argumento con una sola frase cargada de ironía y memoria política: “La autora de ‘En Madrid caben todos los acentos’ le compra un bulo a la ultraderecha”.
No era una ocurrencia al azar. Era un recordatorio directo de un lema que la propia Comunidad de Madrid lleva años utilizando, especialmente cada 12 de octubre, para proyectar una imagen de región abierta, plural y acogedora.
Ese eslogan no es marginal. “En Madrid caben todos los acentos” ha sido repetido por Ayuso en actos institucionales, en entregas de premios, en discursos cuidadosamente preparados para proyectar cercanía y diversidad.
El contraste con sus palabras actuales no puede ser más evidente. Cuando la inmigración sirve para construir un relato amable y cosmopolita, se celebra.
Cuando se convierte en un arma política útil para atacar al Gobierno, se presenta como una amenaza.
La contradicción es tan evidente que cuesta creer que no sea deliberada. Y ahí es donde entra el segundo golpe al discurso del miedo, esta vez desde la televisión pública.
Silvia Intxaurrondo, en La Hora de La 1, decidió enfrentar a los argumentos del PP con una herramienta tan simple como eficaz: una pregunta. Una pregunta que, lejos de ser retórica, ponía el foco exactamente donde más incomodaba.
En la mesa se recordó algo que suele omitirse de forma interesada: que el Partido Popular ha llevado a cabo regularizaciones extraordinarias cuando ha gobernado.
Que no es una política nueva ni exclusiva de la izquierda. Que José María Aznar impulsó hasta cinco procesos de este tipo. Y que, en ninguno de esos casos, se habló de “alterar el censo” ni de “maniobras electorales”.
La reflexión de Feijóo, señalando que esta regularización podría cambiar el mapa electoral, abría una puerta peligrosa: si ahora es ilegítimo regularizar porque supuestamente influye en el voto, ¿qué pasaba entonces con las regularizaciones del PP? ¿También buscaban manipular elecciones? ¿O es que solo es sospechoso cuando lo hace otro?
Intxaurrondo fue más allá y llevó el debate al terreno concreto de Madrid. Recordó que Ayuso presume a menudo de que la Comunidad de Madrid es la casa de cientos de miles de venezolanos que han llegado a España en los últimos años.
Personas a las que se presenta como exiliados, como ejemplo de integración y como parte del éxito madrileño. Y lanzó la pregunta clave: ¿han cambiado esos venezolanos el censo electoral en Madrid? ¿En qué sentido? ¿Se les acogió para modificar resultados electorales?
El silencio que suele seguir a este tipo de preguntas es muy revelador. Porque el discurso del “cambio de censo” se sostiene solo mientras se mantiene en el terreno abstracto. En cuanto se baja a casos concretos, se desmorona.
La mayoría de las personas regularizadas no obtienen automáticamente la nacionalidad ni el derecho a voto. El proceso es largo, complejo y está lleno de requisitos. Presentar la regularización como un atajo electoral es, sencillamente, falso.
Además, incluso en el terreno puramente electoral, la realidad desmonta el relato. Diversos analistas han señalado que el llamado “voto latino” en España tiende a inclinarse hacia opciones conservadoras.
El propio Feijóo lo sabe. Y, aun así, el argumento se repite porque no busca describir la realidad, sino activar emociones muy concretas: miedo, rechazo, sensación de invasión.
La estrategia no es nueva. Forma parte de un marco discursivo importado de la extrema derecha internacional, donde la inmigración se presenta como una amenaza demográfica, cultural y política.
Lo llamativo es ver cómo ese marco es asumido, sin apenas matices, por dirigentes que al mismo tiempo reivindican una imagen moderada y de gestión responsable.
Lo que está en juego en este debate va mucho más allá de una medida concreta. Tiene que ver con qué tipo de país quiere ser España y, sobre todo, con la honestidad del discurso público.
Porque es legítimo debatir sobre políticas migratorias, sobre recursos, sobre integración. Lo que no es legítimo es construir un relato basado en bulos, medias verdades y contradicciones evidentes.
La regularización extraordinaria no crea migrantes de la nada. Reconoce una realidad que ya existe. Personas que ya están aquí, que ya forman parte del tejido social y económico, pero a las que se ha mantenido en una situación de precariedad legal durante años. Negarles derechos no las hace desaparecer. Solo las hace más vulnerables.
El debate también revela una batalla cultural más profunda. Por un lado, un modelo que entiende la diversidad como una riqueza, aunque luego la utilice de forma selectiva según convenga al relato político.
Por otro, un modelo que instrumentaliza el miedo para movilizar a su electorado, incluso a costa de dinamitar consensos básicos y reescribir su propia historia.
Las intervenciones de Iñaki López y Silvia Intxaurrondo han tenido un impacto precisamente porque rompen con la dinámica habitual del ruido.
No gritan más fuerte. No compiten en titulares incendiarios. Simplemente recuerdan hechos, eslóganes olvidados y decisiones pasadas.
Y eso, en un clima saturado de propaganda, resulta casi subversivo.
La pregunta que queda flotando es incómoda: si la regularización es tan peligrosa ahora, ¿por qué no lo fue antes? Si abrir puertas altera el censo, ¿por qué solo se denuncia cuando gobierna la izquierda? Si “en Madrid caben todos los acentos”, ¿por qué de repente algunos acentos parecen sobrar?
Este debate no se va a cerrar pronto. Seguirá alimentando tertulias, discursos y campañas. Pero cada vez que se repita el bulo del “cambio de censo”, conviene recordar algo esencial: la memoria es el peor enemigo de la hipocresía. Y los datos, cuando se ponen sobre la mesa, suelen hablar más alto que el miedo.
Quizá ha llegado el momento de exigir a quienes gobiernan —y a quienes aspiran a hacerlo— un mínimo de coherencia.
Porque la inmigración no puede ser celebrada en un eslogan y demonizada en un mitin según convenga.
Porque las personas no son cifras ni amenazas electorales. Y porque una democracia sana no se construye sobre bulos, sino sobre debates honestos y decisiones valientes.
La regularización extraordinaria abre un nuevo capítulo en la política española. La pregunta no es solo cómo se gestionará, sino qué tipo de discurso la acompañará. Y ahí, más allá de decretos y acuerdos, se está librando una batalla que definirá el tono del país en los próximos años.
