Rufián retrata los tiempos de la Justicia con el retraso del juicio al novio de Ayuso: “Rara la dictadura”.

 

 

 

El juicio al empresario Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal se celebrará tras las elecciones de 2027.

 

 

 

Fotomontaje de Gabriel Rufián y Alberto González Amador.

 

 

Hay decisiones judiciales que pasan casi desapercibidas y otras que, en cuanto se conocen, activan todas las alarmas políticas.

 

El aplazamiento del juicio a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pertenece claramente a la segunda categoría.

 

No tanto por lo inesperado del retraso —la justicia española se mueve con tiempos conocidos— sino por cuándo se produce, hasta cuándo se alarga y a quién afecta.

 

Porque no hablamos de un ciudadano anónimo, sino del compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las figuras más poderosas y polarizadoras del país.

 

 

La noticia es clara: pese a una instrucción larga, detallada y con múltiples hitos judiciales, el juicio no se celebrará hasta mediados de 2027, en una fecha aún por concretar.

 

Una fecha que, según los cálculos más realistas, llegará después de dos citas electorales clave: las autonómicas madrileñas de mayo y las generales de julio.

 

Y ahí es donde el caso deja de ser solo judicial para convertirse, inevitablemente, en un asunto político de primer orden.

 

 

El calendario no es un detalle técnico. Es el corazón del problema. Porque cuando la justicia se retrasa justo lo suficiente como para no interferir en dos campañas electorales decisivas, la sensación que se instala en la ciudadanía no es de tranquilidad, sino de sospecha.

 

No hace falta afirmar que exista una conspiración para entender que la percepción importa. Y mucho.

 

 

No tardaron en llegar las reacciones. Una de las más contundentes fue la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que utilizó las redes sociales para lanzar un comentario tan breve como demoledor.

 

Aludiendo al discurso recurrente de Isabel Díaz Ayuso —que insiste en que la causa judicial contra su pareja es una operación del “aparato del Estado” contra ella— Rufián ironizó: “Rara la dictadura en la que vive esta gente”.

 

Y remató con una frase que resume el malestar de muchos: “Mordidas para todos y juicios a la carta”.

 

 

No es solo una provocación política. Es un diagnóstico compartido por una parte creciente de la sociedad: la sensación de que hay dos velocidades en la justicia, dependiendo de quién seas, a quién conozcas y en qué momento se juzgue tu caso.

 

 

Conviene detenerse en los hechos, porque son estos —y no los eslóganes— los que sostienen el debate.

 

El origen del caso se remonta a mayo de 2022, cuando la Agencia Tributaria inició una investigación sobre un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.

 

Tras casi dos años de análisis, en enero de 2024 Hacienda concluyó que existían indicios claros de un doble delito fiscal.

 

 

Ese mismo mes, el 23 de enero de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias contra González Amador.

 

Lo que en un primer momento parecía circunscribirse al fraude fiscal fue ampliándose con el tiempo.

 

A la causa se sumaron presuntos delitos de falsedad documental mercantil y delito continuado contable.

 

Y el golpe más serio llegó el 22 de septiembre de 2025, cuando la jueza instructora añadió un cuarto delito: pertenencia a grupo criminal.

 

 

Ese paso no fue menor. Fue precisamente esa imputación la que permitió abrir juicio oral y consolidar el procesamiento formal del empresario, que se produjo el 7 de noviembre.

 

Sobre la pieza principal, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de tres años y nueve meses de prisión.

 

No estamos hablando, por tanto, de una infracción administrativa ni de una causa menor.

 

Hablamos de un procedimiento penal complejo, grave y con consecuencias potencialmente muy serias.

 

 

Y, sin embargo, el juicio se aplaza. No unas semanas. No unos meses. Años.

 

 

La explicación oficial apunta a la situación actual de los juzgados de lo Penal en Madrid, inmersos en un proceso de transformación derivado de la reforma de la Ley de eficiencia de la Justicia, conocida como Ley Bolaños.

 

Esta reforma prevé la conversión de los juzgados en nuevos tribunales de instancia, lo que, según fuentes judiciales, impide fijar fechas concretas para vistas orales en determinados procedimientos.

 

 

La explicación técnica existe. Pero la pregunta política permanece: ¿por qué este retraso impacta justo en este caso y justo en este momento?

 

Porque mientras el juicio principal se aplaza hasta 2027, hay una segunda causa abierta que sigue su curso en silencio.

 

Se trata de una investigación por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, aún en fase de instrucción.

 

Esta segunda pieza depende, en gran medida, de un informe solicitado a la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil, que lleva más de 200 días pendiente de entrega.

 

 

Más de seis meses de espera. Seis meses en los que el caso no avanza. Seis meses en los que el foco mediático se enfría. Seis meses que alimentan la sensación de parálisis selectiva.

 

 

En este contexto, el discurso de Isabel Díaz Ayuso adquiere una dimensión distinta. Desde que el caso salió a la luz, la presidenta madrileña ha insistido en que todo forma parte de una operación política diseñada para dañarla.

 

Ha hablado de persecución, de cloacas, de un Estado que actúa contra ella por razones ideológicas.

 

Un relato que conecta bien con su electorado más fiel, pero que choca frontalmente con los hechos objetivos del procedimiento judicial.

 

 

Porque aquí no hablamos de una denuncia anónima ni de una filtración interesada. Hablamos de investigaciones de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía y de decisiones judiciales documentadas. Y, aun así, el juicio no llega.

 

El problema de fondo no es solo Ayuso ni su pareja. Es lo que este caso simboliza para miles de ciudadanos que llevan años esperando una resolución judicial sobre asuntos mucho menos complejos.

 

Personas que ven cómo sus causas se resuelven con rapidez cuando se trata de multas, desahucios o deudas, pero se eternizan cuando afectan a personas con poder político, económico o mediático.

 

 

La justicia no solo debe ser independiente. Debe parecerlo. Y cuando los tiempos judiciales coinciden sospechosamente con los tiempos políticos, esa apariencia se resquebraja.

 

 

Por eso el comentario de Rufián no ha resonado solo entre los suyos.

 

Ha circulado, se ha compartido, se ha comentado porque conecta con una intuición colectiva: la de que hay juicios que llegan cuando ya no hacen daño electoral. Y eso, en democracia, es letal para la confianza institucional.

 

 

No se trata de pedir condenas anticipadas ni de negar el derecho a la defensa. Se trata de exigir algo mucho más básico: igualdad ante la ley.

 

Que los procedimientos sigan su curso sin cálculos implícitos, sin beneficios colaterales, sin calendarios que parecen hechos a medida.

 

Mientras tanto, el silencio institucional pesa. El Gobierno central evita entrar en el fondo del asunto. El PP cierra filas en torno a Ayuso.

 

Y el debate público se desplaza, una vez más, hacia la confrontación partidista, dejando en segundo plano la pregunta esencial: ¿por qué la justicia tarda tanto cuando debería ser urgente?

 

 

 

 

Cada día que pasa sin fecha de juicio no es un día neutral. Es un día que erosiona la credibilidad del sistema.

 

Es un día que refuerza la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y es un día que alimenta el cinismo político, ese caldo de cultivo perfecto para la desafección y el auge de discursos extremistas.

 

El caso González Amador no ha terminado. De hecho, está lejos de hacerlo. Pero el aplazamiento hasta 2027 ya ha dejado una huella profunda.

 

Porque, gane quien gane las elecciones, la pregunta seguirá ahí: ¿habría sido el calendario el mismo si el acusado no se apellidara González Amador ni fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso?

 

La respuesta, hoy, no existe. Y precisamente por eso, la duda se extiende.

 

En una democracia madura, la justicia no debería ser noticia por cuándo actúa, sino por cómo lo hace.

 

Cuando el “cuándo” se convierte en el titular principal, algo falla. Y ese algo no se arregla con comunicados técnicos ni con discursos victimistas.

 

Se arregla con transparencia, con celeridad y con la convicción de que la ley no entiende de campañas ni de apellidos.

 

 

Hasta entonces, la frase de Rufián seguirá flotando en el aire como una acusación incómoda: juicios a la carta.

 

Y mientras no se demuestre lo contrario con hechos —no con promesas—, será difícil convencer a la ciudadanía de que no tiene razón en sospechar.