ESCÁNDALO CLAN AYUSO “ACUSADA ROBAR DINERO PÚBLICO” DESVÍO PRESUPUESTO PARA TRAMA QUIRÓN.
La mañana política y social en Madrid dejó una de esas noticias que no solo incomodan, sino que obligan a detenerse y mirar de frente una realidad que muchos prefieren esquivar.
No se trata de un debate ideológico abstracto ni de una polémica menor. Se trata de dinero público, de prioridades políticas y, sobre todo, de personas concretas: los mayores que viven en residencias públicas y los ciudadanos que dependen de un sistema sanitario cada vez más tensionado.
La información adelantada por la Cadena SER, respaldada por un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, pone cifras y documentos oficiales a una sospecha que llevaba años flotando en el ambiente.
Según ese informe, alrededor de 61,5 millones de euros que estaban presupuestados para la Agencia Madrileña de Atención Social —el organismo encargado de gestionar las residencias públicas— acabaron siendo transferidos al Servicio Madrileño de Salud para pagar deuda pendiente con el grupo sanitario privado Quirón, concretamente por la actividad de libre elección sanitaria correspondiente al año 2021.
La operación, según reconoce el propio Gobierno regional, es legal. Está prevista en la Ley de Hacienda y se justifica como una transferencia ordinaria de remanentes no ejecutados.
Pero que algo sea legal no significa necesariamente que sea aceptable desde el punto de vista ético, social o político. Y ahí es donde empieza el verdadero problema.
La Comunidad de Madrid sostiene que ese dinero no se había gastado y que, por tanto, podía destinarse a otras partidas.
Sin embargo, la pregunta que se hacen familiares de residentes, trabajadores del sector y buena parte de la oposición es inevitable: ¿de verdad sobraba ese dinero en las residencias públicas madrileñas? ¿En un sistema que acumula quejas por falta de personal, instalaciones envejecidas y una atención que muchos consideran claramente insuficiente?
Los datos del propio informe resultan difíciles de digerir. En 2024, la Comunidad de Madrid presupuestó cerca de 77 millones de euros en inversiones para residencias, pero no llegó a ejecutar ni la mitad.
Ese dinero no utilizado se convirtió en remanente y, finalmente, fue redirigido para saldar deudas con un gigante de la sanidad privada.
Mientras tanto, las denuncias por la situación en muchas residencias seguían acumulándose y los familiares seguían reclamando mejoras básicas.
La transferencia pasó casi desapercibida en su momento. Fue aprobada como uno de los cientos de acuerdos que cada año tramita el Consejo de Gobierno.
No se explicó en rueda de prensa, no se detalló públicamente el destino final del dinero y apenas quedó reflejada como una línea más en la documentación oficial.
Solo ahora, gracias a la fiscalización posterior de la Cámara de Cuentas, se conoce con precisión a dónde fue ese dinero y para qué se utilizó.
El contexto hace la noticia aún más sensible. El grupo Quirón es el principal actor de la sanidad privada en la Comunidad de Madrid y uno de los grandes beneficiarios del modelo de colaboración público-privada impulsado durante los últimos años.
Además, no es un dato menor que Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, haya tenido vínculos profesionales con este grupo.
Aunque desde el Gobierno madrileño se insiste en que no existe ninguna irregularidad, la coincidencia alimenta una percepción de conflicto de intereses que resulta difícil de ignorar para una parte de la ciudadanía.
El informe revela también otro dato clave: en 2024, los pagos de la Comunidad de Madrid a grandes empresas privadas de sanidad como Quirón y Ribera Salud se dispararon un 221%, pasando de algo más de 280 millones de euros a más de 900 millones.
El Ejecutivo regional ha defendido estos pagos como una forma de evitar litigios judiciales, intereses de demora y procesos largos y costosos.
Sin embargo, la oposición sostiene que esta política de “aligerar” deudas favorece de forma sistemática a los mismos actores privados y consolida un modelo cada vez más dependiente de ellos.
Todo esto ocurre en un momento en el que la percepción social sobre la sanidad pública está cambiando de forma preocupante.
La encuesta de 40dB para la Cadena SER y El País, conocida el mismo día, dibuja un panorama lleno de contradicciones.
Por un lado, casi el 70% de los españoles cree que hay que reforzar la sanidad pública, incluso si eso implica subir impuestos.
Por otro, ese porcentaje ha caído 20 puntos en apenas tres años, mientras que el número de personas que prefieren bajar impuestos aunque empeore la calidad del sistema sanitario se ha más que duplicado, pasando del 15% al 35%.
No es un dato aislado ni casual. Refleja el desgaste acumulado tras la pandemia, las listas de espera, la sensación de colapso y la narrativa constante de que la sanidad pública “no funciona”.
Una narrativa que, según muchos expertos, no es inocente. Cuando un sistema se deteriora de forma sostenida, la confianza se rompe y cada vez más ciudadanos buscan refugio en seguros privados, aunque estos tampoco ofrezcan ya las garantías de antes.
En la Comunidad de Madrid, esta percepción es aún más acusada. La mitad de los madrileños cree que el sistema sanitario está cada vez más privatizado, diez puntos por encima de la media nacional.
Y no solo es una percepción: el uso de seguros privados ha aumentado de forma notable, mientras que la satisfacción con la sanidad pública ha caído.
Solo cuatro de cada diez ciudadanos aprueban su funcionamiento, y las listas de espera siguen siendo la principal queja.
Paradójicamente, incluso quienes optan por la sanidad privada reconocen sus límites.
Más de una cuarta parte admite que, cuando necesita pruebas o tratamientos costosos, acaba siendo derivada a la pública.
Otros relatan dificultades para contratar seguros si padecen enfermedades previas o retrasos similares a los del sistema público.
La idea de que la privada es siempre más rápida y eficiente empieza a resquebrajarse.
Volviendo al origen de la polémica, la pregunta de fondo no es solo presupuestaria.
Es política y moral. ¿Qué modelo de sanidad y de cuidados quiere la Comunidad de Madrid? ¿Uno en el que las residencias públicas acumulen remanentes mientras se destinan millones a pagar deudas con grandes grupos privados? ¿O uno en el que esos recursos se utilicen para reforzar servicios esenciales que afectan a los más vulnerables?
La utilización de remanentes presupuestarios es legal, sí. Pero el volumen y la reiteración de estas operaciones generan dudas razonables sobre la planificación y la gestión. ¿Cómo se genera una deuda de casi mil millones de euros con empresas privadas fuera de los presupuestos iniciales? ¿Por qué esa deuda parece no acabarse nunca? ¿Y por qué siempre se paga recurriendo a fondos que originalmente tenían otros fines?
Especialistas en gestión sanitaria llevan años señalando otro problema estructural: la falta de transparencia.
En la Comunidad de Madrid resulta prácticamente imposible saber cuánto cuesta realmente una cama concertada en un hospital privado, mientras que el coste de una cama pública sí está perfectamente documentado.
Sin datos claros, cualquier debate sobre eficiencia, ahorro o calidad queda viciado desde el inicio.
A todo esto se suma una brecha social cada vez más evidente. Quienes usan la sanidad pública suelen valorarla mejor, porque conocen de primera mano el esfuerzo de los profesionales y la complejidad del sistema.
Quienes no la usan tienden a tener una percepción más negativa, alimentada por titulares y discursos políticos. Esa dualización no solo es sanitaria, también es ideológica y electoral.
La sanidad, junto con la educación y los servicios sociales, ha sido durante décadas uno de los pilares del Estado del bienestar en España.
Cuestionar su financiación o su gestión no es un debate menor: es cuestionar el modelo de sociedad.
Y ahí es donde esta noticia trasciende el ámbito madrileño para convertirse en un espejo incómodo del país.
El caso de los 61 millones desviados de las residencias a Quirón no es solo una cifra. Es un símbolo.
Representa una forma de gobernar, una jerarquía de prioridades y una determinada visión de lo público.
Para algunos, es una decisión técnica, legal y justificada. Para otros, es la prueba de un desmantelamiento progresivo de lo público en beneficio de intereses privados concretos.
Lo que parece claro es que la transparencia no puede ser opcional. Cuando se trata de dinero público y de derechos básicos como la salud y el cuidado de los mayores, la ciudadanía tiene derecho a saber, a debatir y a exigir explicaciones.
No basta con escudarse en la legalidad. Hace falta rendición de cuentas, planificación responsable y una reflexión honesta sobre hacia dónde se está llevando el sistema.
Porque al final, más allá de los informes y las cifras, la pregunta es sencilla y profundamente humana: ¿de verdad queremos vivir en una sociedad donde sobran millones para pagar deudas privadas mientras faltan recursos para cuidar a quienes más lo necesitan? Esa es la pregunta que esta mañana incómoda ha puesto sobre la mesa. Y es una pregunta que ya no se puede seguir evitando.
