Recibe miles de ‘me gusta’ al destacar este detalle sobre cómo afrontan las personas de izquierdas la imputación de Zapatero.

“No sabemos si ha sido un montaje judicial”.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra no solo ha sacudido el tablero político y judicial, sino que ha abierto una grieta mucho más profunda y difícil de gestionar: la crisis de confianza en la propia justicia.

En medio de este clima de incertidumbre, la reflexión de la periodista Bake Gómez ha puesto palabras a una sensación que, aunque incómoda, se extiende entre una parte significativa de la sociedad.

Su planteamiento parte de una pregunta directa, casi instintiva, que muchos ciudadanos —especialmente en el ámbito progresista— se han hecho al conocer la noticia: ¿estamos ante un caso real de corrupción o ante una operación judicial con motivaciones políticas? Lo inquietante no es tanto la pregunta en sí, sino el hecho de que surja de manera automática.

Según Gómez, este reflejo no responde a una defensa ciega de figuras políticas afines, sino a una acumulación de experiencias previas que han erosionado la confianza en el sistema.

En su análisis, el problema no es la incapacidad de asumir posibles responsabilidades, sino la dificultad creciente para distinguir entre hechos probados y narrativas interesadas.

La periodista introduce un concepto clave en este contexto: el fenómeno del lawfare, entendido como el uso estratégico de procesos judiciales con fines políticos.

Independientemente de la validez de cada caso concreto, lo cierto es que este término ha ganado presencia en el debate público en los últimos años, contribuyendo a generar un clima de sospecha permanente.

Esa sospecha, explica Gómez, tiene consecuencias profundas. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia puede estar contaminada por intereses externos, se produce una ruptura en la lógica básica del sistema democrático.

La confianza deja de ser automática y pasa a depender de la interpretación individual de cada caso.

Para ilustrar esta situación, la periodista recurre a una metáfora tan popular como reveladora: el cuento de Pedro y el lobo.

En su lectura, la repetición de denuncias, escándalos y acusaciones —algunas confirmadas, otras no— ha generado un efecto de saturación que dificulta distinguir cuándo existe un problema real y cuándo no.

El resultado es una sociedad que, ante cada nuevo caso, responde con escepticismo en lugar de certeza.

Este fenómeno no se limita a un sector ideológico concreto, aunque en este caso Gómez lo sitúa en el ámbito de la izquierda.

Su argumento es que, tras años de confrontación política intensa, se ha instalado una desconfianza estructural hacia determinadas fuentes de información, especialmente aquellas asociadas al adversario político.

La referencia que introduce al programa La isla de las tentaciones no es casual. Al comparar la percepción de los casos judiciales con la dinámica del reality, Gómez subraya la sensación de que la realidad puede estar parcialmente construida o editada.

En ese contexto, el espectador —o el ciudadano— ya no se limita a consumir información, sino que trata de descifrar qué parte es auténtica y cuál puede estar manipulada.

Esta analogía, aunque provocadora, refleja un cambio significativo en la relación entre la ciudadanía y la información. Ya no basta con que los hechos se presenten; es necesario que resulten creíbles en un entorno donde la credibilidad está en constante disputa.

Otro de los puntos centrales de su reflexión es el rechazo a una explicación simplista basada en la lealtad ideológica.

Gómez recuerda que movimientos como el 15-M surgieron precisamente en un contexto de crítica a un gobierno socialista, lo que demuestra que la exigencia de responsabilidades no es exclusiva de un signo político determinado.

Lo que ha cambiado, sostiene, es el contexto. La acumulación de conflictos, filtraciones, investigaciones y discursos enfrentados ha generado un entorno en el que la duda se ha convertido en la reacción por defecto.

Y esa duda, aunque comprensible, plantea un problema de fondo: debilita la capacidad de la sociedad para reaccionar con claridad ante posibles casos de corrupción.

En este sentido, la reflexión final de Gómez introduce un elemento de autocrítica dirigido al conjunto del sistema político y mediático.

Si la ciudadanía no sabe en qué creer, no es necesariamente porque haya perdido el sentido crítico, sino porque ha sido expuesta a un volumen tal de información contradictoria que la certeza se ha vuelto excepcional.

El caso Zapatero se convierte así en un espejo de esta crisis de confianza. Más allá de lo que determinen los tribunales, el verdadero impacto del proceso ya se está produciendo en el terreno de la percepción pública.

Y en ese terreno, la línea entre verdad, interpretación y sospecha es cada vez más difusa.

La pregunta que queda en el aire es inquietante pero inevitable: ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de confiar plenamente en los mecanismos que deberían garantizar la verdad? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí parece claro es que esa pérdida de confianza tiene consecuencias que van mucho más allá de cualquier caso individual.

Porque, al final, no se trata solo de Zapatero, ni de la izquierda o la derecha. Se trata de la capacidad de un sistema democrático para sostenerse sobre un principio básico: que la justicia no solo actúe con independencia, sino que sea percibida como tal por quienes deben confiar en ella.

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